Por la dignidad

Por la dignidad

Como sociedad debemos acompañar y proteger a todas las víctimas de violencia sexual.

24 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Mañana, 25 de mayo, es un día de reconocimiento a la valentía, el trabajo y la resistencia de miles de mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Muchas de estas mujeres nos están dando una gran lección de dignidad y solidaridad, porque no solo han tenido la capacidad de superar tan atroz afectación a su vida, cuerpo, familia, autonomía y libertad, sino que, con gran fortaleza, han puesto sus rostros para hacer público su vulneración y dolor, para que las otras víctimas sientan que no están solas, para decirle a todo un país que esto nunca debió pasar y no debe volver a suceder.

Por esta razón es tan importante la conmemoración del ‘Día nacional por la dignidad de las mujeres víctimas de violencia sexual’, porque necesitamos reconocer que este atropello sí ocurrió y en unas proporciones muy graves; porque como sociedad debemos acompañar y proteger a las víctimas, además de entender que cualquier agresión que hayan vivido nunca fue su culpa y que para construir una mejor sociedad debemos comprometernos para que la violencia sexual no se repita jamás.

En esta importante tarea, sobre todo ahora que queremos reconstruir nuestras comunidades y tener un país en paz, necesitamos no solo el compromiso de la ciudadanía en general, sino el de los servidores y las servidoras públicas para que devuelvan a las mujeres víctimas de violencia sexual la confianza en las instituciones y les garanticen el pleno acceso a la justicia y la reparación integral.

Desde la Unidad para las Víctimas se trabaja con la estrategia de reparación integral, en la que han participado de manera voluntaria 2.132 mujeres de todo el país.

La Unidad para las Victimas informa que hasta el año pasado se tenían registradas más de 20.000 mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, con los picos de ocurrencia más altos entre los años 2000 a 2005, con un promedio de 1.400 a 1.700 casos por año.

Frente a estas dolorosas cifras, se están realizando esfuerzos importantes para avanzar en la garantía de los derechos de estas víctimas. Entidades como el Ministerio de Salud o la Fiscalía han impulsado protocolos y resoluciones para asegurar que ellas sean atendidas integralmente.

Contamos con un mecanismo Intersectorial de Atención Integral a las Violencias, donde las entidades del nivel nacional coordinan su accionar para atender las violencias contra las mujeres.

Desde el 2014, gracias al impulso de las organizaciones de mujeres víctimas, contamos con la Ley 1719, que garantiza el acceso a la justicia de las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, principalmente para los hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado. Esta ley nos permitió reconocer que la violencia sexual no solo se refiere al acceso carnal violento, sino que también se incluyen hechos como la desnudez forzada, la prostitución forzada, la esterilización forzada, el aborto forzado o el embarazo forzado, que antes del 2014 no estaban reconocidas en nuestro código penal.

Desde la Unidad para las Víctimas se trabaja con la estrategia de reparación integral a mujeres víctimas de violencia sexual, en la que han participado de manera voluntaria 2.132 mujeres de todo el país. Así mismo, estamos haciendo un esfuerzo importante de memoria histórica para que todo el país conozca la verdad sobre la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Estamos frente a retos importantes, se deben seguir construyendo procesos de dignificación y reconocimiento para todas estas mujeres víctimas y sobrevivientes. Hay que avanzar con la implementación de la Ley 1719, el fortalecimiento también de rutas de denuncia y atención, los procesos de reparación tanto administrativos como simbólicos. Así mismo, es necesario que se siga dando continuidad a los ejercicios de construcción de la verdad y de acceso a la justicia, al tiempo que se fortalecen las capacidades técnicas de servidoras y servidores públicos en materia de derechos humanos de las mujeres.

MARTHA ORDÓÑEZ
* Consejera presidencial para la Equidad de la Mujer

Columnistas

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