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El país ‘en modo paro’ amenaza la paz social

Debemos reflexionar sobre la mejor manera de encontrar consensos en nuestra sociedad.

Durante la campaña del referendo del acuerdo con las Farc, repetí insistentemente que el punto 2.2 presentaba el riesgo de pasar del país del conflicto al país “en modo protesta y modo paro”, y así está sucediendo.
Está bien tener el espacio abierto a la protesta social, pero un país en paro intermitente no es viable y conduce al empobrecimiento, la inestabilidad y al malestar social. Necesitamos crecer, generar empleos, abastecer las ciudades, seguir construyendo infraestructura y vivienda para que haya desarrollo y lo más importante: para que haya paz social.
Vivimos días muy difíciles para Colombia, y los augurios son inciertos. No obstante los esfuerzos gubernamentales para mitigar el impacto de la pandemia y acelerar la vacunación, muchos colombianos han salido a manifestarse por diferentes problemáticas y frustraciones que comparto, algunas de ellas acentuadas a raíz de la crisis sanitaria.
Evidentemente, la falta de empleos para nuestros jóvenes y mujeres, la pobreza, la corrupción en nuestra sociedad, la inseguridad en las calles, la falta de reconocimiento hacia el valor que tiene cada persona por el solo hecho de existir, el temor a contagiarse, los negocios a los que aún no dejan operar a plena capacidad, las mercancías bloqueadas en puertos y carreteras generan desasosiego, frustración y rabia.
Afortunadamente, el primer trimestre, después de nueve meses de caídas, la economía creció 1,1 por ciento, por encima del pronóstico y, de nuevo, por encima de varios países. El destacado desempeño de la industria y la construcción lo hizo posible. La confianza del consumidor y de las empresas llegó a niveles récord, y casi todos los sectores mejoraron. Recuperamos empleos y bienestar a un ritmo sin precedentes.
Ahora, el vandalismo, toques de queda y bloqueos en el marco de los paros, significarán otra caída. Según el Ministerio de Hacienda, el paro cuesta 480.000 millones de pesos por día, suma suficiente para subsidiar la vivienda a 24.000 familias, o construir 2.500 kilómetros de vías terciarias cada día. Esta situación perjudica injustamente a consumidores, empresas y al pueblo colombiano.
Los derechos individuales a la protesta y a disentir son sagrados, pero también lo es el derecho a trabajar para que las familias progresen y se generen más oportunidades de empleo. ¿Quién ha dicho que tiene derecho a vulnerar la garantía de movilización de alimentos, medicamentos e insumos necesarios para todos? El derecho principal es el bien común, el de todos nuestros conciudadanos, quienes pagan con creces los costos del paro y el vandalismo.
Desde la solidaridad y compasión, debemos entre todos velar por el bienestar de la nación y decir: “El país en modo paro” nos está perjudicando a todos.
Debemos reflexionar sobre la mejor manera de encontrar consensos en nuestra sociedad. Discutir de cara a la ciudadanía cualquier proyecto sin caer en la destrucción que ahonda la grieta social y afecta el patrimonio de todos. Ejercer la protesta es un derecho, pero es obligación hacerlo cuidando el patrimonio público, el empleo y el bienestar de los colombianos. Es un deber del Estado brindarnos garantías en el ejercicio de nuestros derechos a todos y garantizar el orden en nuestra sociedad, pero esto nos convoca a todos, sin excepción, a poner nuestro grano de arena. ¿A quién está beneficiando este caos? ¿Qué sigue en su libreto?
El crecimiento registrado y el mayor empleo nos indican que es hora de levantarnos para trabajar todos otra vez, sin más confinamientos ni bloqueos, e impedir que los promotores del odio nos dividan. Debemos, de nuevo, re-unir a Colombia y lograr la paz social.
Marta Lucía Ramírez
Vicepresidenta y Canciller de la República
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