No entiendo este ‘indictment’

¿Por qué ahora, cuando las urgencias se han trasteado al combate de una pandemia mundial?

María Isabel Ruedamarzo 29 de 2020, 03:15 A.M.

Por lo menos con diez años de tardanza se produjo el esperado ‘indictment’ de EE. UU., que les abre un proceso al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a su cúpula y a dos integrantes y negociadores del proceso de paz con las Farc, ‘Márquez’ y ‘Santrich’.

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Si algo les faltaba a los militares venezolanos para consolidar su poder sobre el Estado venezolano era el control de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y, la tarde de este domingo, Nicolás Maduro se lo ha dado con el nombramiento del mayor general Manuel Quevedo como el nuevo presidente de la empresa estatal –y ministro de Petróleo– y la almiranta Maribel Parra como vicepresidenta. De este modo, el mandatario optó por la receta militar que aplica la ‘revolución bolivariana’ ante cada ámbito de su administración que entra en crisis, y vaya que la industria petrolera atraviesa la más profunda de su historia reciente. También estiman algunos que es una extravagante concesión del oficialismo a los militares para apuntalar su alianza y blindar su permanencia en el poder.

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Los motivos, todos ciertos. Que existe un ‘cartel de los Soles’ en el ejército venezolano tolerado y hasta auspiciado por el régimen para mantener su lealtad, dedicado a narcotraficar y surtir de armas con las Farc, a cambio de coca. Que desde que regía Chávez, el país –tanto las autoridades como el establecimiento judicial, hoy totalmente cooptado por el Ejecutivo– tenía la orden de no “tocar” a las Farc, so pena de ser despedidos. Que Chávez, en su momento, y a partir de su muerte, Maduro, controlaron y controlan las rutas del narcotráfico. Que Venezuela alberga en su territorio a las Farc, dedicadas a la coca y al terrorismo, que incluso ha derivado en sobornos directos al Presidente venezolano y a su entorno. Y que hasta las Farc recibieron el encargo de ayudarle a Maduro a organizar milicias armadas y paramilitares entre la población. Repito, todo cierto. Por lo menos desde el 2003, para no echar más para atrás, Venezuela no ha cesado de narcotraficar con las Farc.

La pregunta es: ¿por qué el ‘indictment’ ahora, cuando las urgencias se han trasteado de la ideología política al combate de una pandemia mundial?

Una de las respuestas más obvias es que Trump está en campaña y necesita banderas, en vista de que las cifras económicas, comenzando por el desempleo, se le han distorsionado gravemente. Se calcula que 3 millones de norteamericanos han solicitado ayuda como desempleados, y los economistas temen una recesión.

No sé que opinen los internacionalistas estrategas, pero descarto que este sea el primer timbre para una invasión de EE. UU. a Venezuela, como la que sacó a Noriega de Panamá en 1989. No tiene parámetros de comparación la situación de Noriega con la de Maduro. Detrás de este último hoy están apoyándolo Rusia, China, Irán y Cuba.

Pero no sobran quienes creen que es una medida de Trump contra el proceso de paz, lo cual es bastante contradictorio, si se tiene en cuenta que EE. UU. tuvo todo el tiempo de esa negociación un enviado especial, el señor Aronson, que necesariamente lo sabía todo, y lo apoyó todo. No es que los gringos hoy se estén desayunando con los vínculos del narcotráfico de las Farc con Maduro y con el apoyo de este a la rebelión del grupo guerrillero. Bobitos, tampoco.

Ahora: que esta fue una decisión del poder judicial de EE. UU. contra Maduro, y no del Departamento de Estado, es una verdad a medias. En EE. UU. la Fiscalía está adscrita al Poder Ejecutivo, por lo que es bastante obvio que la decisión del fiscal general, William Barr, tuvo que contar con el visto bueno de Trump. Las preguntas que deja abiertas este ‘indictment’ son la de la oportunidad, la de los efectos y la de su posible efectividad.

La oportunidad no puede ser más inoportuna. En este momento deberíamos tener un puente con Venezuela para coordinar labores fronterizas que controlen el paso del coronavirus por la frontera. Con la crisis política en este país, los venezolanos han desarrollado una actitud compulsiva de desplazarse a Colombia a buscar comida, salud y oportunidades. Que Maduro endurezca sus políticas represivas internas ante esta nueva amenaza del ‘indictment’ y del ofrecimiento de rescate por su cabeza puede alebrestar la compulsión. (A propósito, un chiste que circula. Por el Chapo Guzmán los gringos ofrecieron una recompensa de US$ 5 millones. ¿Cómo estará la especulación que un maduro ya está a 15 millones de dólares?) El paso por las trochas fronterizas está convertido en un lucrativo negocio que continuará floreciendo por la necesidad y por el miedo.

¿Efectos del ‘indictment’? Pues Colombia será el primer paganini colateral por la agresividad de Maduro. No veo a corto plazo que la decisión judicial nos esté haciendo ningún favor.

Y en cuanto a la efectividad, ¿sí será que a algún militar venezolano se le abren las agallas para capturarlo y cobrar la recompensa? Dudo mucho que este ‘indictment’ le abra las puertas a una caída de Maduro a corto plazo. De manera que sin ‘indictment’ o con ‘indictment’, seguimos teniendo Maduro, así esté carísimo en el mercado, para rato.

Entre tanto… Más bien que nos expliquen qué hace el general retirado Clíver Alcalá residenciado en Barranquilla, contra quien también está dirigida la decisión judicial, y qué fue lo que lo llevó a confesar que el cargamento de armas destinado a la oposición venezolana estaba a cargo de él, mediante un contrato con una misteriosa agencia de EE. UU. ¿Protección de Colombia o de EE. UU?

MARÍA ISABEL RUEDA