No confundir precaución y daño

No confundir precaución y daño

No existe evidencia científica irrefutable de que el glifosato sea dañino para la salud.

21 de julio 2019 , 12:06 a.m.

No existe evidencia científica irrefutable de que el glifosato sea dañino para la salud, así como tampoco existe la contraria, de que sea inocuo.

Pero Juan Manuel Santos, luego de haber asperjado un millón de hectáreas, se recostó en la advertencia de la Organización Mundial de la Salud para suspender la fumigación de la coca, basada en el principio de “precaución”, palabra que resume la falta de certeza de que habrá un daño. Y así, Santos ofreció a las Farc, en los amagos de los inicios de las conversaciones, su primer acto de buena voluntad: dejar de fumigar “por precaución”.

En el artículo 4 del acuerdo de La Habana, ahí sí, el Gobierno no dejó que quedara la aspersión estrictamente prohibida. Pero en la redacción de la sentencia T-236 de la Corte, a un magistrado que debió de amanecer alegre ese día le dio por redactar el artículo 6. En todos los artículos anteriores, la Corte hablaba de riesgo, y en el 6 introdujo la palabra ‘daño’ (el primero requiere precaución; el segundo, prevención), imponiéndole al Gobierno, como requisito para poder fumigar, una prueba irrefutable de que el glifosato no es dañino para la salud. No existe en la variada gama de productos de las industrias farmacéuticas y químicas un solo producto que pueda llevar la etiqueta pegada al frasco en la que se dé fe de que carece de efectos secundarios. Hasta la penicilina, milagroso antibiótico que tantas vidas ha salvado desde su descubrimiento en 1928 por el premio nobel Alexander Fleming, cuántas vidas no ha matado también cuando se le aplica a alguien alérgico.

De manera que, sin ‘patrasearse’ de su sentencia anterior, la Corte aclaró que el Gobierno debe meterle toda la buena fe posible a la minimización de los riesgos.

Todo en consonancia con el punto cuarto del acuerdo de La Habana, que tampoco prohíbe la fumigación, pero la condiciona a ser el último recurso luego de intentar erradicar y sustituir. Pues esto ya se está cumpliendo, porque oficialmente se habla de 35.000 hectáreas ya erradicadas voluntariamente en desarrollo del acuerdo de paz, pero faltan 180.000 más, en lugares en que están aglutinadas, sobre las que nada indica que necesariamente pertenezcan a humildes campesinos de pancoger sino a grandes latifundistas de la droga, y que serán los primeros blancos de la fumigación.

Este obstáculo jurídico, que se creía el más difícil para volver a asperjar, resultó el más fácil. La Corte lo aclaró por unanimidad, y, aunque algunos maledicentes sostienen ‘sotto voce’ que de algo debieron servir las visas que se quitaron y se devolvieron, yo prefiero pensar que los magistrados no estaban dispuestos a que recayera en ellos la responsabilidad de la multiplicación de coca por falta de un remedio eficaz.

Pero la erradicación es solo un instrumento. Que debe, necesariamente, venir acompañado de una estrategia que les apunte no solo a los cultivadores, sino, más importante, a toda la cadena. Está de por medio el difícil tema presupuestal. Asperjar es supremamente costoso. Y esta es la hora en que no sabemos si los gringos nos colaborarán con recursos, aviones y pilotos. Y a nivel nacional, deberíamos haber avanzado en este primer año de Duque en el relacionamiento con las comunidades de los lugares donde se asperjaría, porque los cocaleros tienen hoy importantes organizaciones jurídicas y sociales que producen paros al instante.

Tampoco tenemos una política coherente, en materia de restringir la venta de insumos y precursores químicos, que impida convertir coca en cocaína. Y hasta que ello no suceda, seguirán teniendo razón quienes creen que los cultivadores no son la parte más importante del problema.

Se calcula que descontando los lugares de difícil acceso, y aquellos en los que está prohibido fumigar, como los parques naturales, las fuentes de agua y franjas fronterizas, los cultivos de coca en el país son asperjables en una tercera parte. Mientras menos coca haya, más fácil será implementar exitosos programas de sustitución voluntaria y habrá muchos menos jóvenes, humildes soldados y campesinos mutilados con las minas que los acechan desde la mata.

Esto habríamos podido comenzarlo hace un año, pues nunca estuvo prohibido. Pero entiendo que el Presidente se hubiera empeñado en obtener mayor claridad de la Corte Constitucional, cuyos magistrados a veces fallan como arcanos, recónditos, secretos, reservados e inescrutables. Y después vaya uno a entender qué es lo que quisieron decir. Eso fue, precisamente, lo que nos tuvo varados un año.

Entre tanto... Balance de la decisión de la Corte: no cambiamos nada, pero vayan y asperjen.

MARÍA ISABEL RUEDA

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