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Los 1.200 del 24

Los 1.200 del 24

Esta decisión de enganchar en la Procuraduría 1.200 nuevos funcionarios es impresentable.

09 de enero 2022 , 12:00 a. m.

Martillé puertas y ventanas con gruesos clavos para pasar unas vacaciones herméticamente aislada de las noticias. Pero no pude impedir que se me filtrara una: la de que con un decreto del 24 de diciembre (con la del 31, fechas favoritas para que el Estado haga de las suyas) se crearon, bajo la procuraduría de Margarita Cabello, 1.200 nuevos cargos en la entidad.

Su explicación merece ser escuchada. Fue la manera como ella consideró que cumplía con la sentencia del 8 de julio de 2020 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohibió a la Procuraduría ejercer jurisdicción para suspender o destituir a funcionarios de elección popular. Según la CIDH, esta función solo puede ser ejercida por los jueces mediante procesos penales, con el otorgamiento de las respectivas garantías procesales, porque se está irrumpiendo en el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos.

Margarita Cabello no es una recién aparecida. Sigo su carrera jurídica con interés, desde la primera vez que intentó ser magistrada de la Corte Suprema, cuando sus colegas la vetaron por ser mujer y de la Costa. (¿Ajá?) Luego sobrevino aquel período de una Corte repugnantemente politizada durante los gobiernos de Uribe, cuando la doctora Cabello, incluso, formó parte de una de las ternas para elegir fiscal, que fueron rechazadas por la Corte por inviables. La “inviable” Margarita fue más tarde elegida magistrada y presidenta de la misma Corte. Con ello quiero resaltar que la doctora Cabello Blanco ha sido mujer persistente, profesional de quilates, y la creación de estos 1.200 nuevos cargos opaca el desempeño que esperamos de ella.

Y es que, básicamente, no tiene razón. A alguien se le ocurrió una fórmula para burlar el fallo de la CIDH, interpretando que lo que buscaba era que los funcionarios de elección popular tuvieran garantías de imparcialidad y que para ello solo bastaba crear una doble instancia, separando juzgamiento y fallo.

Pero eso no fue lo que ordenó la CIDH. Sino que sean los jueces, únicamente, los que dicten sentencias contra funcionarios de elección popular. Por su origen eminentemente político, la Procuraduría no garantiza su ecuanimidad para tratar casos de funcionarios elegidos bajo otras tendencias.

Por eso, la decisión de enganchar en la Procuraduría 1.200 nuevos funcionarios un 24 de diciembre es impresentable. Ni la doctora Cabello ni el Congreso, cuyos presidentes enviaron “culiprontas” cartas de protesta ante la CIDH, quisieron entender lo que dijo la Comisión. Que debe ser un juez penal el que prive o suspenda de su oficio a un funcionario de elección popular. Asumir que esto se remedia con una doble instancia disciplinaria dista mucho de ser lo que ordenó la CIDH.

Todo juez ejerce una función jurisdiccional, pero no todo el que ejerce función jurisdiccional es juez, como sucede con los funcionarios disciplinarios de la Procuraduría. La segunda instancia creada en este organismo, el 24 de diciembre, con 1.200 nombramientos, es un remedo de jurisdiccionalidad, una trampa al concepto de la Corte y la Convención Interamericana, parte del bloque de constitucionalidad protegido por la Corte Constitucional.

La Procuraduría nació a mediados del siglo XIX y se fue perfilando como Ministerio Público. A lo largo del siglo XX se le fueron colgando funciones disciplinarias y de protección de derechos humanos. Mientras que la disciplinaria ha resultado fuertemente debilitada por la decisión de la CIDH, la de protección de los DD. HH. es absolutamente redundante con la creación de la Defensoría del Pueblo, novelería mundial que adoptó la Constituyente. De ahí que muchos anden preguntándose si, a estas alturas, se justifica la existencia de los dos entes.

En concepto de muchos, y me incluyo, en lugar de disfrazar a estos 1.200 nuevos funcionarios de jueces, la doctora Margarita debió resignarse a aceptar que la Procuraduría, a la luz de la CIDH, no puede castigar a funcionarios de elección popular con suspensión o destitución.

Lamento que para muchos la conclusión de la movida de este 24 de diciembre, noticia que cerró el año, termine siendo la de que trataron de aprovechar la oportunidad para ampliar la planta de personal de la Procuraduría, atribuyéndole funciones jurisdiccionales, que aunque la Constitución plantea como excepción, ejercidas contra los funcionarios de elección, resultan un desconocimiento de los fueros y competencias del Poder Judicial.

Y, de paso, hicimos el oso. Petro se pavonea con ínfulas de triunfo, y los 1.200 nuevos funcionarios muy pronto van a terminar abanicándose, mientras encuentran qué hacer.

Entre tanto… Puede ser que no tengamos que bautizar el 2022 como el año ómicron. Devuélvase a su gueto de no vacunados, señor Djokovic.

MARÍA ISABEL RUEDA

(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO aquí).

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