La ‘ley zombi’

La ‘ley zombi’

Aunque ya haya sido declarada muerta, la ley de financiamiento seguirá caminando hasta diciembre.

20 de octubre 2019 , 12:02 a.m.

Registraré como una coincidencia, porque guardo esperanza de que así sea, el hecho de que los seis magistrados de la Corte Constitucional que actuaron a favor de tumbar toda la ley de financiamiento del gobierno Duque llegaran a ser sus miembros bajo el período del presidente Juan Manuel Santos. Unos, en calidad de sus funcionarios directos; otros, empujados por el Gobierno, especialmente cuando se descubrió que uno de los nuevos magistrados, reputado inicialmente como de estirpe santista, el doctor Bernal, había salido en sus primeros fallos más independiente de lo que se calculaba. De manera que el santismo actuó rápido y consiguió otro nombre, el del magistrado Reyes, para neutralizar esta pérdida. Y la alineación quedó mayoritariamente santista.

Solo tres magistrados, Guerrero, Ortiz y Bernal, consideraron que el principio de publicidad había quedado cumplido en el debate en el Congreso, no solo a través de información verbal del representante Barguil, sino que además, según el secretario del Senado, se había publicado el proyecto en su página web.

La pregunta es si a un tema tan importante, tan trascendental, como es la ley que financia a un país, se justifique aplicarle un rigorismo tan exacerbado, con unas reglas a rajatabla. Sobre el objeto de la publicidad de la Gaceta, analizado con la amplitud que no quiso utilizar la mayoría de los magistrados, puede admitirse que fue reemplazado con creces por otros métodos, como internet y televisión.

Pero anular la ley por un defecto que efectivamente existe, pero que es una exageración, a la vista de las circunstancias contemporáneas, enreda unos propósitos que, repito, reputo sanos, como es hacer respetar las formalidades legislativas. La Gaceta Oficial sigue teniendo un valor jurídico, pero está lejos de tener la eficacia legal que le adjudicó originalmente el Constituyente, dado un contexto nuevo y sociológico totalmente distinto. Es decir: la formalidad de la Gaceta subsiste, es cierto, pero no es más que un formalismo que se cumple ampliamente con otras expresiones de nuestro tiempo.

La sentencia que tumbó la ley tiene una base objetiva válida. Pero la insistencia en hacer de un formalismo una formalidad no deja de permitir la sospecha de que existía un interés político de magistrados que actuaron vinculados con ese propósito, en alineación con los intereses opositores del Gobierno, como el santismo, el gavirismo y el varguismo.

Además, vamos a la historia de la práctica parlamentaria y no nos ruboricemos en aceptar que está llena de ferrocarrileadas; que, aunque no corresponden al deber ser, muchísimos gobiernos han promovido y dejado pasar, bajo la teoría del mayor interés que se protege con la aprobación oportuna de una ley. Normalmente, un funcionario de la gaceta judicial está presente en todos los debates, presto para salir a transcribir lo acordado; y anecdóticamente se cuenta que, aunque sean las dos o las tres de la mañana, para este personaje siempre serán las doce, hora límite para ordenar la publicación. Parece que en esta oportunidad se fue a dormir temprano. Pero, así la Gaceta hubiera estado publicada, es muy improbable que la mayoría de los que estaban presentes en esa sesión de la Cámara se la hubieran leído.

Pero algo les debía correr a los magistrados por la conciencia. Porque acudieron a la polémica fórmula de modular el fallo, de manera que se le concedieran al Gobierno tres meses para volver a presentar la ley con el cumplimiento de sus respectivas formalidades. La convirtieron en una ‘ley zombi’ que, aunque ya ha sido declarada muerta, seguirá caminando hasta el 31 de diciembre, como en las películas.

El ministro Carrasquilla ha resuelto moverse pronto y presentar una segunda exactamente con el mismo texto de la primera ley, confiando en que un Congreso coherente, que ya había votado hace menos de un año esa misma ley por mayoría, repita su conducta. Eso muy difícilmente sucederá. Se reabrió el juego del chantaje.
Si por casualidad lo que querían era ayudar al Gobierno, existían maneras de no tumbarla.

Tres de sus compañeros encontraron la fórmula. Pero no lograron convencer a los demás. Y con la modulación, la Corte demostró una vez más su peligrosa tendencia a suplantar los órganos políticos, porque, quiéralo o no, asumió el papel de legislador al decir de qué manera y con qué alcance debe hacerse una tarea que ordinariamente corresponde a los fueros del Congreso y no a los de la Corte.

Y un último elemento. ¿Por qué todo el país sabía, desde hace más de tres semanas, que la votación iba a ser seis a tres, inclusive con nombres propios?

Entre tanto. Esta Corte no solo nos salió ‘tumbadorcita’, sino bastante extrovertida.

MARÍA ISABEL RUEDA

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