JEP, pausada y leeeeeenta

JEP, pausada y leeeeeenta

Todavía anda en etapa de indagaciones, pero nada de decisiones de fondo o sentencias.

08 de noviembre 2020 , 12:46 a. m.

Para ‘Semana’, la hasta ahora presidenta de la JEP, Patricia Linares, “por su tono discreto y responsable, no logra transmitir con eficacia los logros y avances de la JEP”. Pero sostiene que bajo su dirección, la JEP ha logrado avances mucho más rápidos que los de la justicia ordinaria. Y citan datos: 12.600 sometidos, siete macrocasos abiertos, más de 380.000 víctimas acreditadas, más de 100 audiencias y más de 430 versiones recibidas.

Pero el problema no es de tono. En la práctica, los logros de la JEP vienen a ser casi inexistentes. En tres años no ha expedido una sola resolución de conclusiones, sin lo cual no puede asumir competencia penal en ningún caso. La JEP todavía anda en etapa de indagaciones, escogiendo los procesos con los que se quedará, de acuerdo con su política de priorización. Pero lo que se llama una decisión de fondo o una sentencia, nada. Distinto de haber ordenado la libertad de ‘Santrich’ “por falta de pruebas”, aunque había videos, horas de grabaciones, autógrafos al jefe del cartel de Sinaloa, billetes partidos por mitad a manera de santo y seña, etc. Pruebas sí suficientes para que la Corte Suprema lo citara a indagatoria por narcotráfico, alegando que, por ser aforado, la competencia era de ella. Luego de que fue recapturado por la Fiscalía, la Corte ordenó su segunda salida, pero la primera vino de la JEP, así la doctora Linares ande por ahí negándolo, eso sí... pausadamente.

Por eso la labor de su sucesor, el exmagistrado Eduardo Cifuentes, será clave no digamos en recuperar, porque poco la ha tenido, sino en construirle a la JEP algo de credibilidad nacional.

En la justicia transicional hay tres categorías de investigados, como lo explicó en foro de la Sergio Arboleda el exfiscal N. H. Martínez.

1.ª categoría: los aforados constitucionales, como el confeso senador Lozada por el asesinato de Álvaro Gómez, que deberá concurrir ante su juez natural, que es la Corte, a no ser que renuncie a su curul.

2.ª categoría: la de los ex-Farc que se acogieron al sistema de justicia transicional, pero que no son congresistas, como Timochenko, Pastor Alape, que por ahí han salido a contar detalles del crimen. Con relación a ellos la JEP no ha dictado, como decía atrás, una sola resolución de conclusiones. Hasta que no lo haga, la Fiscalía mantiene su competencia y su deber constitucional de investigarlos. Pero eso tampoco es claro, porque en un momento dado metió la cucharada la Corte Constitucional. Dijo, en dos sentencias, que la Fiscalía no podía practicar diligencias en casos que fueran de competencia de la JEP. Estos casos lo son. Pero si la JEP no hace nada, no hay nadie, y subrayo, nadie, que en Colombia se puede ocupar de esa investigación.

3.ª categoría: los de las Farc que regresaron a la guerra, como ‘Márquez’, ‘Santrich’, el ‘Paisa’, ‘Romaña’, etc. La competencia es de la Fiscalía, porque ya no están bajo el sistema transicional. Cuando era evidente que se iban a perder y a romper los acuerdos, el Gobierno le suplicó a la JEP que les dictara un incidente de incumplimiento para impedir que se fueran a fundar la segunda Marquetalia. La JEP se dignó a hacerlo solo cuando aparecieron retratados de camuflado y armados en Venezuela. Más aún: el Tribunal de paz de la JEP jamás le respondió al Procurador su apelación contra la decisión de dejar en libertad a ‘Santrich’. Porque, dizque como ya se había volado, no podían decidir, por sustracción de materia.

Lo que sí ha hecho la JEP es conceder amnistías. Pregunto: ¿lo han hecho en el caso de reclutamiento de menores, delito de lesa humanidad inamnistiable? Mi respuesta es sí.

Por lo pronto, Timochenko y Lozada no quisieron acudir al llamado de la Fiscalía, aduciendo que lo de ellos es solo ante la JEP. En carta de ‘Romaña’, que debería denunciarlo ante la Fiscalía, estos dos y otros no han confesado adquisición de tierras, apartamentos, balnearios, muchos siguen delinquiendo, asesinan a sus propios compañeros, y no han entregado bienes, oro ni tierras para la reparación de las víctimas. Se trataría de reinsertados que siguen vinculados al narcotráfico. ¿Y será que como congresistas siguen delinquiendo? Al ser Lozada aforado, la Corte debería mantener la competencia para preguntárselo, como en el caso ‘Santrich’. O que renuncie a su curul. Pero ante la Fiscalía sí están todos obligados a acudir en calidad de testigos, pues deben declarar lo que saben acerca de la responsabilidad de la cúpula de las Farc en el asesinato de Álvaro Gómez y su escolta, pues no todos sus miembros están protegidos por la jurisdicción de la JEP.

Entre tanto... Doctor Cifuentes: concéntrese usted en actuar rápido y no en hablar despacio. El proceso de paz se lo agradecerá y el país también.

MARÍA ISABEL RUEDA

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