Secciones
Síguenos en:
Error y horror

Error y horror

Las ternas para elegir magistrados solo se deben guiar por la escogencia de individuos competentes.

06 de noviembre 2021 , 09:39 p. m.

El Consejo de Estado acaba de presentar la esperada terna para que el Senado le elija reemplazo al magistrado saliente, Alberto Rojas, en la Corte Constitucional. Pero encumbrados intelectuales de las ciencias jurídicas llevaban dedicados varios días a presionar para que no saliera una terna diversa, sino una homogénea, dizque porque solo así se garantizaba una Corte Constitucional independiente y pluralista. Eso hay que asegurarlo, claro, pero por el camino contrario. Porque si cada terna termina integrada bajo el concepto de homogeneidad ideológica con aquel a quien se reemplaza, vamos es a terminar con una Corte compartimentada en fortines de parcialidad.

No, señores. En nuestro sistema democrático, las ternas para elegir magistrados de las altas cortes, y menos aún de la Constitucional, no deben influir ni las ideologías ni los partidos políticos; solo se deben guiar por la escogencia de individuos competentes que tengan alcance moral y ético, para que no se desvíen por caminos distintos a los constitucionales de las altas cortes, y menos aún de la Constitucional, no deben influir ni las ideologías ni los partidos políticos; solo se deben guiar por la escogencia de individuos competentes que tengan alcance moral y ético, para que no se desvíen por caminos distintos a los constitucionales; por eso no pueden pertenecer a “banderías”. Segundo, deben tener un perfil académico y científico que les permita escarbar el sentido real de la Constitución. Y, tercero, carácter para defender su independencia, al punto de volverse ingratos con quienes los eligieron.

A la terna del Consejo de Estado le alcanzaron a hacer esa arremetida sectaria y cavernaria, para imponer que la integraran como una terna homogénea, en términos de filosofía política y jurídica. Error y horror.

Por fortuna, los elegidos no quedaron encasillados en estos planes. Natalia Ángel tiene una hoja de vida muy valiosa, con méritos distintos al de simplemente haber sido ayudante del magistrado Carlos Gaviria. Luis Miguel Lasso tiene buena trayectoria en la docencia. Estamos seguros de que sus suplencias en la JEP no minarán un ápice la independencia de sus decisiones. El tercero, de quien confieso conocimiento y simpatía como colega, es el que más aristas políticas tiene en su cercanía con Humberto de la Calle, pero de quien no me cabría la menor duda de que con su vistosa beligerancia jamás pondrá, como juez, esa simpatía por delante de las importantes decisiones que tendrá que tomar. Por su personalidad contestataria, Héctor Riveros garantiza que los debates serán a fondo, bien espesos y durarán hasta tarde.

La obligación de esta terna era garantizar la pluralidad de la Corte. De no haber sido así, solo les voy a hablar de un ejemplo. Si, en cambio, todos los magistrados de la Corte hubieran pasado por el filtro obligatorio de odiar a Álvaro Uribe, este ya estaría condenado, en uno de los casos jurídicos más interesantes y trascendentales de las últimas épocas.

Para explicarlo en lenguaje de ‘dummies’: la Corte está decidiendo si en el proceso penal que se adelanta contra el expresidente este puede considerarse hoy como imputado, de aceptarse la equivalencia entre su indagatoria, realizada bajo la Ley 600, y la imputación de cargos, figura consagrada en la Ley 906.

La primera corresponde al régimen inquisitivo; la segunda, al acusatorio. ¿Por qué hizo Colombia este tránsito? Por la tesis de que no le resultaba garantista al ciudadano investigado que quien recopilaba las pruebas, fuera el mismo que las evaluara. La nueva ley separó ambas etapas en diferentes instancias. Ahora un fiscal investiga, y un juez juzga. Es decir, el titular de la investigación es fiscal, pero el que puede decidir sobre la libertad de las personas es juez.

Y resulta que la mitad del proceso Uribe se hizo bajo la vieja ley, y la otra mitad, bajo la nueva. La discusión es si ambos pedazos de procesos, por provenir de planetas bien distintos, son susceptibles de juntarse ahora y de seguir el juicio su curso normal, como si ya estuviera imputado. Es como si lo hecho en Júpiter pudiera conectarse con lo hecho en la Tierra.

Pero si, no obstante, juntan las etapas, el proceso seguirá su curso como va, en manos de la juez que lo lleva hace semanas, y se entendería que Uribe está imputado. Si, por el contrario, la tutela dice que no son lo mismo indagatoria e imputación, el fiscal, como cabeza de la función de acusar, puede hacer una de dos: o formular imputación ante un juez, u ordenar la preclusión del caso Uribe.

Conclusión: de la decisión sobre esta tutela depende que a Uribe la Fiscalía le cierre el proceso, o que quede en espera de que sea el juez quien decida su suerte. ¿Pero por qué aplicarle al expresidente el menos garantista de los dos sistemas?

Como hoy en la Corte Constitucional, por fortuna, no existe un monopolio de odios antiuribistas, ni de ninguna otra especie (esperamos), debemos confiar en que cada magistrado hará su parte con independencia, ética y sin cadenas a fortines de parcialidad política. Pero debemos estar alertas. Porque para construirlos, abundan los buldóceres.

MARÍA ISABEL RUEDA

(Lea todas las columnas de María Isabel Rueda en EL TIEMPO, aquí).

Llegaste al límite de contenidos del mes

Disfruta al máximo el contenido de EL TIEMPO DIGITAL de forma ilimitada. ¡Suscríbete ya!

Si ya eres suscriptor del impreso

actívate

* COP $900 / mes durante los dos primeros meses

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.