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Alguien, por fin, nos protege

Alguien, por fin, nos protege

No se debe opacar el desempeño de Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica.

Todas somos Jineth.

Y por eso, ante el proceso por el suplicio sufrido por esta admirable periodista, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno siente que el Estado colombiano debió allanarse enteramente a las pretensiones de la demanda.

Pero ello implicaría que el defensor jurídico del Estado, el doctor Camilo Gómez, no estuviera haciendo su trabajo de confrontar tesis y posturas, ante la evidencia que arrojen las pruebas.

Además, existen diferencias respetables de la defensa del Estado sobre las pretensiones de la demanda; una de ellas, cerrar la cárcel Modelo. Mañana se reanuda la audiencia ante la CIDH. Estoy segura de que el Estado terminará reconociéndole a Jineth que la justicia la obligó a declarar 12 veces (!!!) sobre lo mismo; y que no investigó las amenazas subsiguientes contra su vida. Tampoco dudo de que el Estado terminará apoyándola en que la JEP priorice el capítulo de la violencia sexual contra las mujeres.

Pero así fuera equivocado, como señalan algunos, el retiro temporal del Estado de la audiencia de Jineth ante la CIDH por tener dudas sobre la imparcialidad de sus jueces, no es justo que eso opaque el desempeño de Camilo Gómez como director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Durante muchos años los colombianos no tuvimos doliente en ese frente. Fuimos muy irresponsables en no preocuparnos por capotear los pleitos contra el Estado que, por ello, en algunos casos, se volvieron negocio millonario. Imagínense: el Estado (con cargo a nuestros impuestos) debe, por sentencias en su contra, 10,8 billones de pesos, más sus respectivos intereses, que corren desde el 2014, cuando dejamos de pagar, no sé por qué. Es decir, debemos la mitad de lo que necesita recaudar el Gobierno, 20 billones de pesos, en la reforma tributaria en la que nos va a embarcar. Y en cuanto a los pleitos que todavía nos falta por pelear, las pretensiones de los demandantes suman la pendejadita de 405 billones de pesos.

Acabamos de ganar, gracias al defensor del Estado, el pleito contra la ineficiente Electricaribe, que nos demandó por 5,4 billones de pesos, una cuarta parte de la tributaria.

Pero miremos un par de datos curiosos más, de los que al doctor Gómez le corren pierna arriba.

Hasta un expresidente, Ernesto Samper Pizano, aceptó ser testigo en contra de nuestros intereses en el pleito Telefónica vs. Colombia, que vale 2 billones de pesos. Como Presidente de la República, ejerció por cuatro años la representación del Estado colombiano, y ahora terminará testificando contra sus intereses, lo cual no debería hacer ni siquiera gratis. No sé si a Samper le pagarán honorarios. Presumo, claro, que no. Pero me cuentan que su exministro de Comunicaciones, José Fernando (el Gordo) Bautista, recibió por el orden de 600 dólares la hora por sus testimonios en audiencias de un proceso paralelo, el de Claro vs. Colombia, que vale 4,4 billones de pesos. Lo que se discute es si una ley aprobada en el gobierno Samper, que cambió la naturaleza de los contratos de concesión, protegía a las empresas de comunicaciones de tener que devolverle al Estado sus activos de infraestructura, vencida la concesión. Se supone que los contratos se rigen por la ley vigente, pero aquí se pretende que sea la posterior.

Menciono otras excentricidades. Cursa una demanda de un señor contra los colombianos, por 3,700 billones de pesos, que interpuso en nombre de todos los desplazados de Colombia. Y no piensen que es una locura: ya la admitió el Tribunal de Cundinamarca...

Sigue pendiente el pleito eterno por el galeón San José. Si el tesoro está en unas determinadas coordenadas, lo perderíamos.

Está por definirse la demanda de Neustar por 350 millones de dólares como administradora del .co de Colombia, así hoy lo siga siendo, legítimamente, por licitación.

Los emprendedores hermanos Carrizosa, de Bucaramanga, Colombia, terminaron no sé a qué horas de ‘gringos’: echando mano del TLC con EE. UU. en calidad de inversionistas extranjeros, para que los indemnicemos por la intervención estatal de Granahorrar.

Y ojo a este dato: solo hasta hoy, por los atentados cometidos por las Farc a corte de marzo de 2020, hemos tenido que pagar condenas de 1,7 billones de pesos. Faltan por fallar demandas por valor de 7,8 billones.

Si la platica que se recaudará con el IVA a la canasta familiar se va por los lados de las millonarias demandas al Estado, como dicen, dejemos así.

Entre tanto... No queda buen sabor del amago de reformar los períodos electorales. La papaya quedó servida para que nos recuerden que trataron.

MARÍA ISABEL RUEDA

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