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Delito de aborto: estigma y discriminación

Delito de aborto: estigma y discriminación 

Se suele perseguir más a las mujeres y niñas que abortan que a quienes las violentan.

27 de agosto 2021 , 08:00 p. m.

Esta semana, la Mesa por la vida y la salud de las mujeres, de la mano de un equipo de investigación liderado por la profesora Isabel Cristina Jaramillo, sacó un informe sobre la criminalización del aborto en Colombia. Entre otros datos muy interesantes, se establece que aproximadamente 400 mujeres son investigadas, al año, por el delito de aborto. Pero, sobre todo, pone en evidencia que se suele perseguir más a las mujeres y niñas que abortan que a quienes las violentan.

Las cifras no mienten, según el informe, “(i) las condenas para el delito de aborto consentido representan un 7,6 % de los casos, mientras que para el total del sistema las condenas corresponden a un 4 %, y para los delitos de violencia intrafamiliar y de acceso carnal violento representan un 1,14 y 3,38 %, respectivamente”.

Ello, como la propia penalización del aborto, responde al hecho de que a la mujer que aborta voluntariamente se le castiga por “no ser la mujer que debería ser”.
Tradicionalmente se ha entendido que las mujeres deben ser cuidadoras por excelencia, lo que implica que la maternidad es un deseo intrínseco de toda mujer. También se ha entendido que la sexualidad debe ser ejercida por las mujeres solo con fines reproductivos. De ahí que la mujer que no quiere tener hijos, pero que ejerza su sexualidad, sea percibida como anormal o desviada. Surge entonces una dicotomía relativa a la “buena mujer” (aquella que es o desea ser madre) y “la mujer desviada” (aquella que no lo desea o no lo es).

La mujer que no desea ser madre, por cualquier razón, que queda embarazada y decide abortar, ya no es percibida solamente como una “mujer desviada”, sino como una “mala mujer”. Y ello es así porque el aborto es una forma clara de transgredir esos “ideales femeninos” relativos al cuidado, a la maternidad y al ejercicio de la sexualidad femenina con fines reproductivos.

En este último caso, porque la práctica del aborto transgrede las reglas relativas a cómo, cuándo y por qué las mujeres pueden o no pueden mantener relaciones sexuales. La práctica del aborto es estigmatizada socialmente y, como es obvio, se estigmatiza también a la mujer que se lo practica

Cuando se penaliza el aborto, el derecho penal está incorporando esta dicotomía entre “mujer buena” y “mujer mala”, la está reproduciendo y la está legitimando. A través de la penalización del aborto, el derecho penal reproduce esos estereotipos discriminatorios basados en el género. Al reproducir estos estereotipos, el estigma social se traslada al plano normativo y se traduce en una sanción penal, convirtiendo al derecho penal en un medio a través del cual el estigma discriminatorio se refuerza.

Y ello es así, porque por medio de la penalización del aborto se les impone a las mujeres un modelo específico social que reproduce estereotipos asociados al rol social clásico, lo que implica que el delito de aborto, y su pena, se convierten en un mecanismo de control y marginación de aquellas que no se ajustan a la idea tradicional de mujer. No solo se criminaliza la libre decisión de no querer ser madres, sino también, de manera indirecta, se está criminalizando el ejercicio de la sexualidad femenina. Esto se evidencia, por ejemplo, en el hecho de que una mujer que ha sido víctima de violación y queda embarazada como consecuencia de esa agresión no es sancionada penalmente, pero aquella mujer que queda embarazada, fruto de una relación consentida y decide abortar, sí lo es.

Una norma que discrimina y estigmatiza a una parte de la población e instrumentaliza el sistema para controlar decisiones vitales debería ser inconstitucional.

El delito de aborto es el reflejo del estigma social causado por los estereotipos que ignora circunstancias y deseos individuales de las mujeres y, por ende, se convierte en una forma clara de discriminación. A través de la penalización del aborto se está imponiendo un modelo de mujer “correcto” (corrección basada en los estereotipos) porque se penaliza a aquella mujer que no se enmarca en ese modelo, lo que contribuye a reforzar la situación de subordinación e inferioridad en la que se han encontrado las mujeres, con respecto a los hombres. En últimas, la penalización del aborto, busca jerarquizar a las mujeres.

Hace algunos meses, en estas mismas páginas, afirmé que el delito de aborto no cumple con los requisitos para ser un delito, hoy, a esa argumentación, le agrego el hecho de que la existencia del delito de aborto discrimina y estigmatiza a las mujeres, convirtiendo a todo el sistema penal en una herramienta de control de nuestros cuerpos y nuestras decisiones. Los esfuerzos del sistema penal deberían estar dirigidos a perseguir a las personas que delinquen, no a las mujeres que deciden.

Esperemos que la Corte Constitucional se pronuncie favorablemente sobre la demanda que busca sacar el aborto del Código Penal presentada por el movimiento Causa Justa. Una norma que discrimina y estigmatiza a una parte de la población e instrumentaliza el sistema para controlar decisiones vitales debería ser inconstitucional.

MARÍA CAMILA CORREA FLÓREZ

(Lea todas las columnas de María Camila Correa Flórez en EL TIEMPO, aquí)

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