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Una ley que era necesaria

Una ley que era necesaria

Colombia estaba en mora de fijar penas frente al reclutamiento forzado.

02 de agosto 2021 , 09:03 p. m.

El final de las sesiones ordinarias del Congreso coincidió con la aprobación de un proyecto de ley que presenté en el año 2015.

Se trata de una norma que tiene un importante trasfondo: el aumento de penas de cárcel contra los culpables por el reclutamiento de menores de edad, delito que tenía unas sanciones irrisorias que no se compadecían con la gravedad del mismo.
En el hemisferio occidental, nosotros registramos el mayor número de casos de niños que son esclavizados por grupos ilegales.

La impunidad, a lo largo de las décadas, ha sido la principal aliada de los perpetradores de ese delito. Más del 90 por ciento de los casos no son escarmentados penalmente, a pesar de que estamos hablando de un crimen catalogado, a la luz del Estatuto de Roma, como de lesa humanidad.

Hay un dato que no es muy conocido y que es importante traer a colación. Dos criminales de guerra, Thomas Lubanga y Charles Taylor, fueron rigurosamente condenados por la Corte Penal Internacional, luego de que ese tribunal los hallara responsables por la esclavización de miles de niños en Liberia y el Congo, respectivamente. Taylor fue sentenciado a 50 años de prisión, y Lubanga, a 14.

Colombia estaba en mora de fijar penas frente al reclutamiento forzado que se compadecieran con los estándares internacionales. Gracias a la ley que fue aprobada en el Congreso, quien sea condenado recibirá un castigo de entre 13 y 23 años de prisión, con una multa que puede llegar a los mil quinientos salarios mínimos.

Las leyes, por sí mismas, no solucionan los problemas de la sociedad. Pero ellas proveen al Estado de instrumentos para combatir a los criminales. Hoy, quien planifique y ejecute el reclutamiento de un niño debe saber que la justicia tiene a su mano una herramienta con la que podrá ponerlo tras las rejas durante más de dos décadas.

Ahora bien: creo firmemente en que esta ley se constituye en uno de los muchos pasos que debemos dar en el combate contra el reclutamiento de niños. He propuesto que se fortalezcan distintos mecanismos existentes para prevenir esa atrocidad. Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo han sido muy exitosas, pero se requiere de acciones adicionales, como un presupuesto más grande para que el ICBF –entidad encargada de llevar a cabo los procesos de reincorporación– tenga una mayor presencia en las zonas del país con el nivel más alto de riesgo.

La eficiencia de la justicia es fundamental. La Fiscalía General de la Nación, entidad que cuenta con una unidad dedicada exclusivamente a la investigación y acusación de responsables de delitos contra la niñez, tiene que hacer un mayor esfuerzo para lograr la reducción de los índices de impunidad.

Lo he dicho una y otra vez. El compromiso con los niños de Colombia no puede ser de palabra. Necesitamos acciones concretas para que en un futuro no muy lejano logremos erradicar ese monstruoso delito que hiere al alma de la nación. La ley que fue aprobada, y de la que me siento muy orgullosa, es un paso en el sentido correcto. Entre todos podremos cumplir la añorada meta de que en Colombia no vuelva a haber casos de menores reclutados forzosamente.

MARGARITA RESTREPO

*Representante a la Cámara

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