El conflicto colombiano tiene causas políticas, económicas y sociales plenamente identificables e identificadas. La solución demanda reconocerlas y resolverlas. En ese sentido, el desarrollo y cumplimiento de los acuerdos logrados entre Gobierno y guerrilla representan un gran desafío.
Es imposible solucionar el conflicto si no se resuelven sus causas. Estas responden fundamentalmente a factores asociados con inequidad socioeconómica, pobreza, miseria, desempleo y subempleo, desplazamiento forzado, segregación social y de género, usurpación y denegación de deberes y derechos, exclusión, criminalidad e impunidad, venalidad y corrupción, descomposición social, irresponsabilidad política, debilidad institucional y del marco legal que la rige, entre otros.
La complejidad de factores que determinan las causas y efectos del conflicto exige cambios institucionales de fondo para resolverlos. Estos deben plantearse, definirse e implementarse, como punto de partida, para hacer viable el proceso de desarrollo del contenido de los acuerdos, en el corto, mediano y largo plazo.
La superación de la inequidad socioeconómica, pobreza, miseria, desempleo y subempleo exige la reestructuración de las políticas de desarrollo económico-industrial, de producción y competitividad nacionales y deben soportarse en ciencia y tecnologías de punta. Es condición imprescindible para poder competir en el mercado globalizado.
Con la apertura económica en los años 90, se afectó gravemente el sector agropecuario, en particular el agrícola. Se redujo el área cultivada en más de 2 millones de hectáreas, que no ha sido posible recuperarla. Desde entonces, la importación de alimentos es creciente; en 2014, superó los US$ 8.000 millones, que correspondieron a más de 10 millones de toneladas. Todos los alimentos importados pueden producirse en Colombia y así se generarían más de tres millones de empleos permanentes. Efectos similares producen acuerdos comerciales y TLC. Estos no son malos per se, sino por negociarse sin análisis específicos de los potenciales efectos sobre las condiciones del desarrollo y producción interna y sin definición e implementación de políticas de adaptación del aparato productivo nacional, para poder competir en el mercado global.
Corregir a fondo las deficiencias, inequidades, vacíos e imprecisiones del marco legal y procedimental actual es fundamental para poder abordar de manera coherente la difícil problemática que afronta el país.
La desbordada inseguridad ciudadana, por ejemplo, requiere medidas concretas inmediatas, pero estas deben garantizar a la vez la seguridad y control de las personas directamente involucradas en el proceso dejación de armas y reinserción. Se debe prohibir el porte de armas blancas y de fuego (la letalidad es similar) en toda la nación, en todo lugar público y a todo ciudadano que no haga parte de los órganos de seguridad del Estado. Deben ser decisiones integrales para la solución del conflicto y para el posconflicto.
El análisis desapasionado de las causas y efectos del conflicto debe invitar a examinar mayores alcances de los objetivos previstos y no previstos en los acuerdos. Entre otros, el sector educativo debe ser parte fundamental de las reformas y reestructuraciones, pues es la piedra angular del desarrollo social, económico, tecnológico y científico de las naciones y la condición necesaria para lograr conciencia social positiva, en términos de distribución del ingreso y de derechos y deberes ciudadanos acordes con una democracia real.
Asimismo, se necesita solucionar la problemática de los sistemas de salud y pensional, y del manejo de los recursos públicos e inversión, que hoy están azotados por la corrupción, la impunidad e inoperancia judicial y de órganos de control.
La superación del conflicto debe facilitar, finalmente, la estructuración de un estado de conciencia colectiva que permita la adaptación al nuevo orden sociocultural, que debe resultar de la aplicación de las decisiones y procesos de desarrollo de los acuerdos, para consolidar una nueva Colombia con paz y armonía social. Solo así será posible instituir políticas de Estado coherentes con el cumplimiento de los términos de los acuerdos. Estos son, entre otros, los desafíos que se deben cumplir a fin de consolidar las acciones desarrolladas para solucionar el conflicto.
Marcos Silva
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