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Destrucción de la sabana de Bogotá

Desde hace años, diversos expertos han señalado y cuestionado la responsabilidad de la CAR. 

La sabana de Bogotá está siendo destruida sin pausa, afirmé en reciente columna. Pero lo más grave es que, aunque el lector no lo crea, la autoridad ambiental, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, está contribuyendo en materia grave a tan lamentable proceso.
A esta conclusión hemos llegado en la Alianza por la Defensa de la Sabana de Bogotá, una entidad creada recientemente por un conjunto de organizaciones y personas de la región con miras a contribuir a salvar los valores ecológicos, paisajísticos y agrícolas que restan en este singular y único ecosistema. Desde hace años, diversos expertos han señalado la caótica urbanización y daños ambientales detonados en la Sabana a partir de la cuestionable aprobación de los POT de los municipios, o de su reforma, por la CAR.
En adición, en los últimos meses, las adecuaciones hidráulicas de los ríos Teusacá, Chicú, y la quebrada Aguas Claras, han generado graves daños ambientales. Hoy, cientos de ciudadanos están exigiendo a la CAR detener estas obras y proceder a adelantar la restauración de los ríos y las riberas afectadas.
Los antecedentes de estas intervenciones se remontan a las graves inundaciones en la sabana de Bogotá en el año 2011, lo que llevó a la CAR a emprender la adecuación hidráulica del río Bogotá, como medio para mitigar este tipo de fenómenos en el futuro. Optó por las obras de ingeniería dura de canalizar el río y construir jarillones a lado y lado, una obra que ha realizado desde Alicachín hasta Cajicá. Y desde el año pasado ejecuta obras en las tres mencionadas fuentes hídricas para la rectificación del cauce mediante la ampliación del ancho y profundización del fondo del río.
Estos enfoques concentrados en obras de ingeniería para la gestión del riesgo de las inundaciones predominaron en el siglo pasado. Pero hoy, las ciencias ecológicas y de manejo del agua los consideran inapropiados por estimar que mientras no garantizan la mitigación de los eventos extremos, traen como consecuencia la destrucción del ecosistema de los ríos, su geomorfología, las planicies aluviales y los suelos y la vegetación de las rondas.

Sería del caso que el Ministerio del Ambiente creara un panel de expertos que juzgue las intervenciones que en Cundinamarca y otras regiones se están haciendo, o se planea hacer

Como lo afirman Thomas Hartmann, Lenka Slavikova y Simon McCarthy, reconocidas autoridades en la materia, en la actualidad “la gestión del riesgo de inundaciones prioriza las soluciones basadas en la naturaleza (SbN)... La gestión del agua ha cambiado su enfoque: aunque los métodos y las medidas de ingeniería dura todavía se usan en muchos subcampos de la gestión del agua, las SbN son cada vez más utilizadas e imperativas. Las soluciones basadas en la naturaleza son acciones que: 1) están inspiradas en, 2) respaldadas por o 3) copiadas de la naturaleza” (Thomas Hartmann et al., 2019).
Cada vez más se intensifica el uso de la SbN para solo utilizar las obras de ingeniería dura, en casos puntuales y como complemento de aquellas. Así, por ejemplo, en China se concluyó que los graves impactos de las inundaciones extremas presentadas en 1998 se originaron por el hecho de depender de obras de rectificación, dragado, construcción de jarillones, etc. Se adelantó entonces un programa gigante de SbN que incluyó la restauración de llanuras aluviales, la reforestación y el desmonte de miles de kilómetros de jarillones.
Ante la protesta, Fernando Sanabria, el actual director de la CAR, suspendió las obras y el proceso de futuras contrataciones con el fin de escuchar y concertar con la ciudadanía. Sería del caso que el Ministerio de Ambiente creara un panel independiente de expertos que juzgue las intervenciones que en Cundinamarca y otras regiones del país se están haciendo, o se planean hacer, para la gestión del riesgo de inundaciones. Y hay suficientes justificaciones para que el Ministerio de Ambiente intervenga a la CAR, tal como lo prevé la Ley 99/93 para casos como este. La situación es muy grave, señor ministro de Ambiente, Carlos Correa.
MANUEL RODRÍGUEZ BECERRA
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