Cada vez que se avecina una campaña electoral comienzan a llover propuestas para luchar contra la corrupción. Surgen ‘líderes’ de la moral pública que, con la intención de ganar votos, construyen agresivos discursos populistas, más centrados en ofensas personales que en propuestas concretas. Muchos de estos ‘líderes de la moral’ son congresistas, y entonces uno se pregunta: ¿por qué más bien no presentan hoy mismo un proyecto de ley con todas sus propuestas, cuando todavía les queda más de un año de trabajo legislativo? La respuesta es sencilla: porque es la oportunidad de impulsar sus próximas campañas como abanderados y promotores de la lucha contra la corrupción, sin haber adoptado nunca una sola medida contra ella.
Obviamente, si se hace una consulta popular, los colombianos votaríamos que sí queremos acabar con este flagelo. Pero ¿será necesario gastar 50.000 millones de pesos para preguntarnos si el agua moja? ¿O para preguntar por propuestas que ya están en nuestras leyes? Hoy, la legislación contempla casi todas las ‘novedosas’ propuestas de quienes buscan titulares de prensa: 1) La exigencia de que para posesionarse o ejercer un cargo deban publicarse anualmente las declaraciones de renta está en el artículo 13 de la Ley 190 de 1994; 2) En la actualidad es posible no solo terminar, sino declarar nulo un contrato por corrupción; 3) El artículo 13 de la Ley 1474 del 2011 eliminó los beneficios para casos de corrupción, salvo que exista colaboración efectiva comprobada con la justicia; y 4) La inhabilidad de por vida a los condenados por corrupción ya existe desde el acto legislativo 01 de 2009. Etcétera.
La aplicación del Estatuto Anticorrupción del 2011, con medidas serias y no histéricas, ya está dando resultados: 1) Penalizó a los lobistas tipificando el tráfico de influencias de particular, con lo que se podría sancionar a todas las personas que hicieron lobby para favorecer a Odebrecht; 2) Tipificó la administración desleal y la corrupción privada, delitos que se han investigado en el caso Interbolsa; 3) Contempló sanciones contra la corrupción en la salud que hoy sirven para investigar a decenas de EPS; 4) Prohibió la ‘puerta giratoria’; y 5) Creó el proceso verbal de responsabilidad fiscal, con el que se ha podido sancionar a decenas de funcionarios por el ‘carrusel’ de la contratación. Medidas concretas, con resultados visibles, que han facilitado la investigación de los casos más sonados de corrupción.
El problema es que la corrupción evoluciona. Cada vez que se crea una nueva ley, los corruptos también generan nuevos métodos. Por eso no se puede luchar contra este flagelo con propuestas refritas por personas que ni siquiera leyeron la regulación existente.
Es necesario diseñar medidas técnicas y estructurales, construidas por expertos. Por ejemplo, la Unión Europea, en su directiva 024-14, adoptó medidas en dos frentes: la primera, revisar al detalle la financiación de las campañas políticas para no mezclar política y contratación; y la segunda, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, mecanismo a través del cual se han logrado destapar grandes escándalos de corrupción en todo el mundo como Enron, Parmalat y Siemens.
Hace 12 años, la campaña de la izquierda en Bogotá también se construyó casi exclusivamente, como lo hacen hoy los ‘verdes’, sobre la idea de que todos los políticos tradicionales eran corruptos y de que era necesaria una renovación. Sin embargo, ya todos sabemos lo que pasó unos años más tarde con el ‘carrusel’ de la contratación.
La lucha contra la corrupción es compleja y debe ser construida a través del análisis profundo de sus causas, y no con simples globos publicitarios o rabiosas arengas políticas sin profundidad.
Luis Felipe Henao
