El Fiscal, sobre la ley estatutaria de la JEP

El Fiscal, sobre la ley estatutaria de la JEP

La misiva empieza defendiendo el aparato de la JEP, “columna vertebral de la justicia transicional”.

03 de marzo 2019 , 12:05 a.m.

Los debates sobre la JEP en el Congreso fueron numerosos. Recuerdo el estudio minucioso de sus textos, fuentes, procedimientos, consecuencias. Las bancadas todas expresaron su opinión, y el debate fue tan abierto que aun quienes no votarían ningún texto y se retiraban del recinto, después de usar hasta el último recurso de filibusterismo que hay en los manuales, dieron sus argumentos. Participaron Gobierno y Fiscalía General, conscientes de que la última palabra la tendría la Corte Constitucional en el estudio de los actos legislativos, las leyes estatutarias, ordinarias y los decretos expedidos por el procedimiento de ‘fast track’ aplicado a la tan urgente legislación.

Leí con atención la carta que el Fiscal General ha dirigido al presidente Duque sobre la ley estatutaria de la JEP, ya expedida por el Congreso, avalada por la Corte Constitucional y en manos de aquel para su sanción. La misiva empieza defendiendo el aparato de la JEP, “columna vertebral de la justicia transicional”. ¡Y así lo es! Pero menciona cuatro preocupaciones, sobre las que quisiera ayudar a hacer claridad.

1. La ejecución permanente: el acuerdo sí definió la competencia sobre los delitos de ejecución permanente y el acto legislativo 1 de 2017; también, al establecer que la JEP tiene competencia sobre estos siempre que su “comisión haya comenzado antes del 1.° de diciembre de 2016” (art. 5.°). Por eso, porque estaba claro en el acuerdo, la Corte Constitucional tumbó el artículo 62 del proyecto de ley estatutaria, que complicaba las cosas al condicionar la competencia especial solo si se realizaron actos de ejecución después de la fecha establecida. Y tal inexequibilidad en la práctica lo que genera es el fortalecimiento de la condicionalidad, es decir, será imperativo aportar verdad sobre, por ejemplo, el narcotráfico para acceder al tratamiento especial menos gravoso.

2. La no repetición: dice el Fiscal que “de entrar en vigor la norma, convivirían beneficios de la JEP con la reincidencia en delitos tales como secuestro, extorsión, narcotráfico o el homicidio doloso”. Lo que declara la norma es que la reincidencia en estos delitos representa un incumplimiento del régimen de condiciones y, por lo tanto, se aplicará la pena más estricta del sistema: ¡prisión ordinaria de 15 a 20 años! La justicia ordinaria tendrá competencia, y no la JEP, si los delitos se cometieron después del 1.° de diciembre de 2016.

3. Suspensión de investigaciones sobre delitos del conflicto: la carta hace una no muy feliz transcripción de la norma. Lo que hizo la Corte Constitucional, siguiendo jurisprudencia conocida, fue reiterar que la justicia ordinaria, en las investigaciones de delitos del conflicto, no podrá decidir sobre la libertad de los investigados, pues al estar ellos ya en la JEP, ella es la que decide. Se deja incólume la búsqueda de evidencias, pruebas, etc., por la justicia ordinaria que ya esté investigando esos delitos del conflicto.

4. Renuncia condicionada a la acción penal: la crítica del Fiscal en este punto no es a la ley estatutaria; es a la Constitución, que contiene dicho mecanismo desde 2012, como resultado del marco jurídico para la paz. Critica la posibilidad de seleccionar máximos responsables de delitos del conflicto, camino abierto desde la Constitución, como mecanismo transicional.

La JEP no es perfecta, pero es la médula de la reconciliación: está diseñada para enaltecer las víctimas y descaecer sustancialmente los autores de delitos contra ellas. Dejémosla trabajar en paz, para la paz. No olvidemos que la CPI observa. Y que ya más de 2.000 miembros de las FF. AA. se han beneficiado con la JEP, y no les podemos fallar.

LUIS CARLOS VILLEGAS

Columnistas

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