Sistema acusatorio al expresidente Uribe

Sistema acusatorio al expresidente Uribe

Nadie está por encima de la ley, tampoco Uribe; pero él merece las mismas garantías que los demás.

15 de septiembre 2020 , 09:25 p. m.

¡Qué descansada vida la que huye del mundanal ruido, y sigue la escondida senda por donde han ido…. los pocos sabios que en el mundo han sido! (Fray Luis de León)

Haberme retirado oportunamente a los cuarteles de invierno en el occidente de la Sabana no impide contribuir al buen entendimiento de la situación generada por el traslado de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez de la competencia foral de congresista bajo instrucción de la sala correspondiente, Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General, y con ello la aplicación del acto legislativo 3 de 2002 y las leyes que articulan el sistema penal acusatorio.

El sistema acusatorio que tuve el honor de liderar con la academia, los juristas más connotados, la Universidad y, desde luego, la Judicatura –y que tuvo a bien acoger el Congreso de la Republica por las bondades que ofrece a la justicia– dio respuesta al clamor por verdaderas garantías al ciudadano para someterse a investigación y juicio, donde el aspecto fundamental son los derechos al debido proceso para quien se somete a la ley y muy principalmente, la libertad, en protección del derecho a la presunción de inocencia.

Esta es materia, en primer término, del orden constitucional, y la Ley 906 de 2004 se ocupó de precisar los alcances del juicio oral, de partes, partes iguales Fiscalía y defensa, en audiencia pública, para hacer efectivas las garantías de los investigados, en particular la presunción de inocencia, el derecho a permanecer en libertad mientras tiene lugar la indagación e investigación correspondientes con acopio de los materiales probatorios y las evidencias necesarias para formular imputación que dé lugar a posterior acusación ante los jueces de conocimiento.

Lo anterior –o sea, las garantías y la transparencia del procedimiento– constituye parte fundamental de la política criminal que, con base en los principios de la norma superior y la ley, enaltecen la nueva justicia en materia penal, a la que se someten propios y extraños en Colombia.

El Fiscal, en el caso del traslado del expediente desde la Corte, tiene la responsabilidad de valorarlo, acopiar los demás elementos probatorios y evidencia que a bien tenga necesarios, y previo a ello determinar si hay o no lugar a dictar medidas previas, la más destacada, la aplicación de medida de aseguramiento, como la detención preventiva (art. 250.1 superior). La garantía de que a criterio del Fiscal, que asume la investigación, previamente según su ponderado criterio, considere necesario ordenar medida de aseguramiento, tiene obligación de acudir ante el juez de garantías, procedimiento judicial, como tal, que aún no se ha producido, en su caso.

Quien tiene la competencia en el sistema acusatorio para recabar la medida es el Fiscal, y este ritual es inexistente en el proceso ante la Corte porque la ley (y la misma Corte, al momento de expedirla) se reservaron la aplicación del procedimiento de la ley 600; en el caso presente, la Sala de Instrucción (como el Fiscal en los demás casos de Ley 600), la medida de aseguramiento la toma por sí y ante sí y en tal sentido, la decisión sobre la pérdida de libertad fue materia en este caso únicamente de los instructores; en rigor, no se cumple propiamente el procedimiento judicial vigente del sistema acusatorio (la ley más favorable es aplicable en este caso con mayores garantías).

En el caso del expresidente Uribe que nos ocupa, se trata de iniciado, no ha tenido lugar imputación, mecanismo previo garantista de nuestro sistema acusatorio o Ley 906; la necesidad de medidas como la detención preventiva de acuerdo con el criterio independiente y objetivo de Fiscal probo, si la encuentra necesaria, al momento de formular imputación, debe proponerla ante el juez de garantías.

Es lo que corresponde, en aplicación del procedimiento acusatorio a continuación por parte de la Fiscalía.

Nadie está por encima de la ley, tampoco el presidente Uribe; pero el presidente Uribe merece las mismas garantías del resto de los compatriotas a los que bien ha servido, con honestidad, honor y gloria.

Luis Camilo Osorio

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