Las encuestas no favorecen a Enrique Peñalosa, pero Bogotá se trasforma y avanzan los trabajos en todas las secretarías. No ha sido una tarea fácil, después de 12 años de malas administraciones, en particular la de Samuel Moreno y su ‘carrusel’ de la contratación, que dejó a la ciudad en los rines.
Tapando huecos, aseando plazas, arreglando parques, la Alcaldía está organizando la ciudad. Aunque algunos trabajos se repitieron, pues los vándalos se dedicaron a dañarlos, las tareas avanzan en todos los frentes. Y creo que es digno de destacar el trabajo de Daniel Mejía, secretario de Seguridad, y el de María Consuelo Araújo, secretaria de Integración Social, ambos relacionados con la destrucción del ‘Bronx’ y con la suerte de los desalojados, temas hoy en el ojo del huracán.
Lo cierto es que acabar con el ‘Bronx’ fue golpe maestro. Era un antro de degradación humana, en pleno centro de la ciudad. En medio de drogas, prostitución y crimen, más de 2.000 personas se hacinaban en penoso estado físico y mental.
Había también 149 menores: niñas prostituidas y niños drogados, todos explotados por criminales llamados ‘sayayines’, quienes lograron huir y siguen manejando a unos 250 drogados que ruedan por las calles haciendo estragos, pues, por sentencia T-043 del 2015, de la Corte Constitucional, no los pueden obligar a recibir atención humanitaria, como la que les ofrece la Secretaría de Integración Social, si ellos no la solicitan.
Destruir el ‘Bronx’, una odisea que estuvo a cargo del Secretario de Seguridad, en coordinación con el Comandante de la Policía, fuerzas del Ejército y la Fiscalía, fue tema que ocupó grandes espacios en los medios de comunicación. Los noticieros de TV, los programas de radio, los periódicos, las revistas le dedicaron tiempo y espacio al tenebroso pero doloroso espectáculo. En las 8 páginas que publicó Semana sobre lo que llamó ‘Viaje al infierno’, quedó retratada la espantosa realidad, oculta por años entre las paredes del ‘Bronx’.
Muchos exhabitantes del antro se rehabilitan. Los niños volvieron a sus hogares, o los cuida el ICBF. Pero andan por la ciudad unos 250 drogadictos, legalmente intocables pero manejados por los ‘sayayines’, como lo dice la Secretaria de Integración Social: “Al día siguiente de la intervención del ‘Bronx’, en la plaza de España les dieron lechona y dosis de droga”.
Estas personas les están amargando la vida a los habitantes de Puente Aranda, Los Mártires, La Estanzuela y otras zonas, situación aprovechada por enemigos de Peñalosa para criticar la demolición del ‘Bronx’. “Es un total exabrupto. El problema no es urbanístico, sino social”, dijo un experto (?). Y periodistas reviven el caso ‘Bronx’ no para apoyar su destrucción, sino para reclamar que el Alcalde no resuelva la situación de los habitantes de la calle.
Mientras hubo degradación social y miseria tras las paredes del ‘Bronx’, nadie dijo nada. No hubo autoridad que atacara el problema. Petro fue al ‘Bronx’ con el Presidente, ordenó publicitado desalojo, pero no pasó nada. El problema creció y se internacionalizo: extranjeros iban al ‘Bronx’ a drogarse. Antes del desalojo se vio a un asustado europeo que, montado en un muro, trataba de escapar.
Si tantos drogados atentan contra los derechos de los demás, la Corte debería autorizar que los atiendan en los lugares adecuados que ofrece la Alcaldía. Tan difícil situación social no debe seguir al garete. Pero si la Alcaldía no puede actuar sin autorización de la Corte, ¿quién responde si el problema se agrava?
Lucy Nieto de Samper
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