Ventanilla sellada

Ventanilla sellada

Un fallo que busca ordenar la minería.

28 de diciembre 2018 , 07:54 p.m.

La palabra ‘ventanilla’ tiene connotaciones que van más allá de su definición en los diccionarios. Hubo un tiempo en el que adquirió un significado perverso en Colombia. Por decisión del entonces presidente Alfonso López Michelsen, en 1975, el Banco de la República empezó a cambiar dólares por pesos sin preguntar por el origen de la moneda extranjera, lo cual legalizó el lavado de dólares provenientes de las exportaciones de droga. Aquel mecanismo fue bautizado por el ingenio popular como ‘la ventanilla siniestra’.

Ahora está en el primer plano otra ventanilla que no ha sido tan perversa como aquella, pero sí perjudicial para nuestro medioambiente y nuestras riquezas naturales. Es la ventanilla minera, por la cual se tramitan las concesiones para la explotación de los yacimientos minerales del país. Tras cuatro años de funcionamiento, deberá ser cerrada en virtud de un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que atendió una demanda del senador Iván Cepeda y un grupo de defensores del medioambiente, el equilibrio ecológico y el correcto manejo de los recursos naturales de la nación.

Los demandantes sostuvieron que en Colombia se desarrolla la actividad minera a gran escala sin un ordenamiento adecuado y en áreas que requieren medidas especiales de preservación, como los ecosistemas del Chocó y la Amazonia, lo cual amenaza la biodiversidad del país. En respuesta al fallo que les dio la razón, el Ministerio de Minas anunció la presentación de un recurso de apelación ante el Consejo de Estado, algo apenas natural en un litigio que ya lleva varios años. Esto significa que la suerte de la ventanilla quedará en suspenso otros años más, mientras se produce una decisión de fondo.

El fallo del Tribunal ofrece una oportunidad a las autoridades del ramo, comenzando por el Ministerio de Minas, para que revisen la situación del sector y pongan orden en una actividad en la que reina la confusión. Por lo pronto, deberán abstenerse de radicar solicitudes para otorgar nuevas concesiones. También tendrán que delimitar las áreas donde se pueden realizar explotaciones mineras, para lo cual necesitarán buscar formas de concertación con las comunidades involucradas.

Son bien conocidos los conflictos causados por la ausencia de esa concertación, como el que provocó la delimitación del páramo de Santurbán, una región que posee la mina subterránea de oro más grande de Colombia y al mismo tiempo vive una compleja problemática ambiental, social y económica. No fue extraño que la proyectada explotación de esa riqueza por la empresa árabe Minesa enfrentara al Gobierno con los ambientalistas y las comunidades afectadas y condujera a la intervención de la Corte Constitucional.

Mientras los mineros artesanales se quejan de ser injustamente tratados como ilegales, se acumulan los reclamos contra las grandes multinacionales, con el resultado de sanciones tan cuantiosas como la que la Corte Constitucional impuso a la compañía que explota la mina de ferroníquel de Cerro Matoso, en el departamento de Córdoba.

Temas como la preservación del medioambiente y la consulta previa a las comunidades donde se van a realizar las explotaciones siguen estando a la orden del día. También continúa vigente la advertencia de la Defensoría del Pueblo en un informe publicado en 2016 según el cual la actividad minera sin control, tanto legal como ilegal, además de afectar el medioambiente vulnera los derechos a la vida, la salud, la prevención de desastres, la seguridad alimentaria y el agua. Todo esto sin olvidar que la pobreza sigue imperando en las regiones donde se explotan los principales yacimientos minerales del país. Mientras esta compleja situación no sea enfrentada con una política integral y efectiva, lo mejor es que la ventanilla minera esté sellada.

Sal de la rutina

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