Muerte en el Verbenal

Muerte en el Verbenal

El retrato de Jáider, uno de los siete muertos de la trágica noche del 9 de septiembre.

18 de octubre 2020 , 01:58 a. m.

Jáider Fonseca tenía 17 años cuando lo mataron en una calle del Verbenal, un barrio levantado a pulso por familias modestas en la parte baja de los cerros nororientales de Bogotá, al borde de la autopista que al norte de la calle 100 pierde su nombre para convertirse en el Paseo de los Libertadores.

En la noche del 9 de septiembre pasado, Jáider caminaba cerca del CAI de la calle 186, cargando una puerta metálica con la que intentó cubrirse cuando recibió cuatro impactos de bala. Dos años y medio antes de aquella noche había unido su vida a la de Maira Páez, una mujer humilde como él, y de esta relación había nacido un bebé siete meses atrás. Con trabajos ocasionales, como el de domiciliario, ganaba apenas lo necesario para que la familia sobreviviera en el Verbenal.

Su vida había sido muy dura. Su mujer relató que sus padres lo echaron de la casa cuando tenía 16 años, junto con su hermana de 13. Después de vivir 15 días en la calle, los dos fueron acogidos por la mamá de Maira en el vecindario del norte de Bogotá donde Jáider encontró la muerte. Por ser menor de edad no conseguía trabajo fácilmente, y la pareja pasaba dificultades como la de no poder comprar los pañales para el bebé. Pero, según contó Maira, Jáider era feliz.

Jáider era uno de los casi dos millones de habitantes bogotanos que viven del rebusque o la informalidad, el término políticamente correcto que emplea el lenguaje oficial para calificar a los pobres.


Su alegría desapareció para siempre hacia las 8 de la noche del 9 de septiembre, cuando la Policía disparó contra los manifestantes que protestaban frente al CAI del Verbenal por la muerte de Javier Ordóñez en el CAI de Villa Luz. Una hora después, la Fundación Cardioinfantil certificaba su muerte. Allí había sido llevado en un taxi, junto con su amigo Ferney Peralta, también menor de edad, quien buscó resguardo junto a él tras la misma puerta metálica y recibió un disparo en un brazo.

Otros dos habitantes del Verbenal, Robert Valencia, de 35 años, y Farley Garzón, de 24 años, también fueron impactados esa noche por disparos de la Policía. El primero recibió un tiro en el pecho cuando estaba en el interior de su vivienda y se salvó de milagro, según los médicos que le extrajeron un proyectil del esternón en el hospital Simón Bolívar. El segundo estaba en una esquina cerca del mismo CAI cuando una bala lo hirió en la pierna derecha. También fue llevado a la Cardioinfantil, donde le dijeron que sacar el proyectil era más peligroso que dejarlo. Él dice: “Ahí se ve el bultico”.

Jáider fue uno de los siete muertos del 9 de septiembre, el día en que el suplicio de Javier Ordóñez a manos de dos policías, transmitido por la televisión y las redes sociales en vivo y en directo, y la posterior noticia de su muerte movieron a muchos a salir rabiosamente a protestar en las calles, como las muchedumbres que invadieron e incendiaron el centro de Bogotá el 9 de abril de 1948 al enterarse del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán.

Jáider también era uno de los casi dos millones de habitantes bogotanos que viven del rebusque o la informalidad, el término políticamente correcto que emplea el lenguaje oficial para calificar a los pobres. Según el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá (Odeb), el número exacto de ellos en febrero de 2020, o sea, antes de la llegada del covid-19, era de 1’720.282 personas. Es de suponer que la pandemia acrecentó el número de esas personas, la mayoría de ellas jóvenes, que luchan por salir adelante en un país anestesiado contra la violencia de todos los días y condenado a más de cien años de soledad.

En medio de tragedias como esta, que nos enfrentan brutalmente con la realidad del subdesarrollo que acentuó la economía clandestina, a su vez alimentada por el narcotráfico, los dirigentes colombianos deberían dejar de hablar de la resiliencia y el heroísmo de los millones de víctimas que ha acumulado la desigualdad en este país descuadernado, como lo llamó Carlos Lleras Restrepo, y aplicar con seriedad los mandatos de la Constitución de 1991 para que Colombia sea en verdad un Estado social de derecho.

LEOPOLDO VILLAR BORDA

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