Una solicitud pública de perdón elaborada durante años como producto de una reflexión interna vale más que decenas de ceremonias de perdón dictadas por orden judicial.
“En nombre de las Farc, ofrezco perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido ocasionar en esta guerra”, dijo Rodrigo Londoño, hasta ayer alias Timochenko.
Mientras el exguerrillero hablaba, Yolanda Pinto de Gaviria esperaba con angustia la disculpa de las Farc. Respiró con alivio, como lo hicieron las decenas de víctimas presentes, cuando la escuchó.
Este discurso no se convierte por sí solo en instrumento de justicia, ni pone fin a la rendición de cuentas. No borra de un tajo los crímenes de lesa humanidad. A las Farc les queda mucha deuda con la sociedad.
Las palabras de Londoño fueron necesarias, mas no suficientes y, aun así, marcaron un hito en la construcción de la paz. No existe reparación que no comience por el reconocimiento de responsabilidad.
Atrás parece haber quedado la soberbia de aquellas Farc que, en boca de ‘Iván Márquez’, se identificaban como las víctimas de un conflicto en el cual toda la responsabilidad recaía en el Estado. La persistencia de las verdaderas víctimas del conflicto fue sacando a la guerrilla de una negación insostenible para el proceso. La estrategia de llevar delegaciones a La Habana funcionó, y la dinámica de la mesa de negociación moldeó voluntades.
Las Farc fueron, poco a poco, aceptando el dolor que causaron. Compromisos de verdad, justicia y reparación quedaron plasmados en el capítulo de víctimas del acuerdo de paz suscrito en diciembre del 2015. Por esa misma fecha, alias Pastor Alape y otros reconocieron la responsabilidad del grupo insurgente en una reunión privada sostenida con las víctimas de la masacre de Bojayá, que había dejado más de 70 muertos.
Las Farc todavía no estaban listas para actos de contrición en público. A dos semanas de la firma, los familiares de los diputados del Valle viajaron a La Habana y allí las Farc pidieron perdón y se prometieron a volver a hacerlo en público en Cali, luego del plebiscito.
La solicitud de perdón de Londoño, en nombre de la insurgencia, representa, por un lado, la respuesta a una exigencia ciudadana y, por el otro, la decisión de mostrar algo de humildad ante la nación entera.
A punta de exigir actos públicos de perdón, los tribunales nacionales e internacionales los han devaluado. Estos gestos adquieren valor cuando se dan como producto de un proceso político en entidades y grupos, que entienden la necesidad del reconocimiento de responsabilidad como una demanda de reconciliación y no solo para satisfacer un requerimiento judicial.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido en sus fallos que el Estado asuma responsabilidades en actos de perdón. Así lo ha hecho en sonados casos como Palacio de Justicia y otros menos conocidos. Las sentencias exigen que las características de las ceremonias sean acordadas entre Estado y familiares. Los familiares, con frecuencia, no obtienen la representación estatal del nivel al que aspiran, y a veces ni siquiera está presente la agencia responsable del hecho victimizante. Son perdones obtenidos al estilo sacacorchos.
Las Farc sí necesitaban pedir perdón; nosotros podemos no otorgarlo. Aun así, debemos reconocerles algo: no pidieron perdón porque los obligó una corte, lo hicieron porque así lo exigieron los colombianos.
Laura Gil
