El fiscal

El fiscal

La consecuencia ineludible está en el desplome de credibilidad.

Por: Laura Gil
20 de noviembre 2018 , 07:30 p.m.

No existe estrategia de comunicaciones que pueda hacer superar a Néstor Humberto Martínez las dificultades en las que está inmerso. No se trata de un caso de relaciones públicas que pueda ser arreglado con entrevistas y comunicados. El dosier Odebrecht expone un escenario generalizado de crisis ética en los asuntos públicos.

Un abogado avaló un pacto de silencio para callar delitos a cambio de una compensación para su cliente. Ese letrado se convirtió en Fiscal, la máxima autoridad acusatoria. Ese Fiscal después alegó una conspiración en su contra.

A continuación enumero algunas de mis conclusiones sobre los hechos que, con desconcierto, hemos venido conociendo.

Quedó establecido que Néstor Humberto Martínez es un excelente abogado. Su representado, un contratista de la nación, estuvo expuesto al pago de facturas falsas, y Martínez logró la devolución de los dineros para él. No importó que muchos de ellos pudiesen haber provenido del desfalco de las arcas públicas. Al parecer, no existe hecho ilícito porque ni cliente ni apoderado tenían una obligación de denuncia.

Quedó establecido que Néstor Humberto Martínez pecó por mentir o, al menos, por omitir. Afirmó no tener conocimiento de los posibles delitos involucrados. En audios del 2015 se lo escucha listándolos: “Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado, peculado por apropiación”.

La pérdida de confianza en Martínez se extendió más allá de Odebrecht. El nombramiento de un fiscal ad hoc, insuficiente y tardío, solo aborda una parte del problema.


Quedó establecido que Néstor Humberto Martínez mantiene una línea directa con Ernesto Yamhure, quien permanece investigado por el ente que Martínez dirige. Se trataba de una llamada periodística, dijo el Fiscal. No deja de llamar la atención que Yamhure sea uno de los pocos privilegiados en tener acceso a su teléfono personal. La comunicación del Fiscal con un excolumnista con proceso pendiente y que, además, lo defiende en su portal aumenta las suspicacias.

Quedó establecido que, una vez en el campo de lo público, los protagonistas de la noticia no quedan dueños de su interpretación. La familia Pizano pidió la publicación de las grabaciones enteras. Jorge Enrique Pizano, un investigado de esta misma Fiscalía, entregó la información y habló en contra de Martínez. De ahí en adelante, las apreciaciones que saquemos son nuestras.

Quedó establecido que la Fiscalía no está en condiciones de asumir la investigación de Odebrecht. La vicefiscal, María Paulina Riveros, una mujer de integridad, no deja de ser subordinada del Fiscal y una de las personas de su mayor confianza.

Quedó establecido que los negocios y el servicio público constituyen una combinación tóxica, y mucho más cuando involucran la contratación con el Estado. De todas las ‘puertas giratorias’, esta es una de las más perversas.

La Físcalía sí condujo pesquisas para el sumario Odebrecht, y hallazgos sí los hubo. Pero queda la sombra del sesgo. Al fin y al cabo, la conducta de los antiguos clientes del Fiscal y hasta la de él mismo están siendo cuestionadas.

La consecuencia ineludible está en el desplome de credibilidad. El poder de conducir a un ciudadano a la cárcel, así como el de no hacerlo, debe reposar en personas que la tengan. Necesitamos tener la convicción de que, cuando un fiscal acusa, existen razones para hacerlo, así como requerimos creer que, cuando decide no hacerlo, no está encubriendo a nadie.

La situación no tiene remedio porque la pérdida de confianza en Martínez se extendió más allá de Odebrecht. El nombramiento de un fiscal ad hoc, insuficiente y tardío, solo aborda una parte del problema.

Es verdad que las renuncias no arreglan los problemas de fondo. Pero son necesarias en coyunturas críticas que ponen en riesgo las instituciones. Estamos ante una. Fiscal, ¡por favor, renuncie!

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