¡Por la defensa de la educación pública!

¡Por la defensa de la educación pública!

Desde 1808, miembros de la élite criolla empezaron a demandar la gratuidad de la educación.

05 de noviembre 2019 , 07:00 p.m.

El triunfo de las tropas patriotas sobre las españolas en 1819 trajo para el norte de Suramérica importantes transformaciones de diferente índole: políticas, económicas, territoriales y culturales. Entre estas últimas, una de las más significativas fue la emergencia de la educación pública, en el sentido que hoy día le damos.

Bajo el dominio español, por público se entendía la población concreta, los vecinos con nombre y apellido de una parroquia, pueblo, villa, ciudad o reino. Con el advenimiento de la República, esta noción de público se hizo más abstracta, más general. Hacía referencia a la población que compartía ciertos rasgos comunes, en particular el amor que se profesaba por la tierra en la que se había nacido –patriotismo–.

Desde 1808, miembros de la élite criolla, como Francisco José de Caldas, empezaron a demandar la gratuidad e igualdad de la educación y la inspección y vigilancia del Gobierno sobre este campo. Así, poco a poco, la educación fue saliendo del ámbito privado de la familia y comenzó a ser materia de legislación y control por parte de las nuevas autoridades. Este es el origen de la educación como objeto de política pública en Colombia.

Para los constituyentes reunidos en Cúcuta en 1821, la educación pública implicaba que el Gobierno colombiano tuviera un rol protagónico en el proceso de enseñanza de los niños de la República

De hecho, una de nuestras primeras constituciones políticas, la de Cundinamarca de 1812, consolidó la educación como un derecho y un deber que garantizaba la felicidad social, por lo que ordenó la fundación de una escuela de primeras letras –escuela primaria– en todas sus parroquias. Desde entonces, saber leer y escribir, conocer de aritmética y geometría, la doctrina católica y las obligaciones y los derechos del ciudadano se convirtieron en los atributos que caracterizaban a un buen ciudadano republicano, y estos debían ser aprendidos en la escuela.

Posteriormente, para los constituyentes reunidos en Cúcuta en 1821, la educación pública implicaba que el Gobierno colombiano tuviera un rol protagónico en el proceso de enseñanza de los niños de la República, ya no solo sacándola del ámbito doméstico, sino también del religioso. Se está aquí ante un punto de inflexión en la historia de la educación colombiana, ya que emerge un nuevo campo de intervención gubernamental, un nuevo campo de administración: la educación pública. Sin embargo, desde entonces el problema ha sido el mismo: la financiación de la educación, ya que los escasos ingresos que la nueva República recaudaba se gastaban en ejército, burocracia y pago de deuda.

Luego de la Constitución de 1821, el sintagma educación pública se usaba para referirse al proceso mediante el cual el pueblo accedía a los conocimientos mínimos que la República demandaba, más que al tipo de financiación o agente que la proveía o soportaba. Es decir, para nominar el proceso mediante el cual el vasallo monárquico se debía transformar en ciudadano republicano. Pero, entonces, ¿quién financió el establecimiento del primer sistema educativo público de nuestra historia? Pues bien, fueron las comunidades parroquiales: vecinos mestizos y comunidades indígenas, particularmente a través de contribuciones directas y de los sobrantes de los repartimientos de las tierras de los resguardos, quienes pagaron por la primera revolución educativa de nuestro país. Esta afirmación puede ser comprobada por el hecho de que tan solo diez años después de la expedición de la Constitución de Cúcuta, de las 102 parroquias que conformaban la provincia de Bogotá en 1832, 62 poseían una escuela de primeras letras, de las cuales 59 eran financiadas completamente por las comunidades parroquiales.

No obstante, la financiación comunitaria del primer sistema educativo colombiano no es una excepcionalidad, pues algo semejante sucedió también en el establecimiento de sistemas educativos de calidad en Alemania, Suecia o Noruega. Sin embargo, en estos países europeos, luego del primer impulso comunitario para la fundación de escuelas primarias, sus gobiernos relevaron a la población en la financiación de la educación. Por el contrario, en Colombia, 200 años después, aún discutimos si se debe financiar la demanda o la oferta, y por ello no avanzamos en la consolidación de un sistema educativo gratuito e igualitario que garantice el crecimiento económico y la equidad social. Esta situación obliga a cerrar filas en torno a la exigencia de la financiación estatal de la educación, lo que en sí mismo significa cerrar filas en torno a la defensa de la educación pública.

John Jairo Cárdenas Herrera, doctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

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