La ciudadanía no se otorga

La ciudadanía no se otorga

No es un derecho que se amplía naturalmente a medida que va pasando el tiempo.

09 de abril 2019 , 07:00 p.m.

¿Quiénes serían los ciudadanos de las nuevas repúblicas? Esta fue una de las preguntas más interesantes y difíciles que enfrentaron los habitantes de la Nueva Granada desde 1810. Los neogranadinos sabían que, una vez implantada la revolución, era el ‘pueblo’ el que remplazaría al rey como fundamento de la asociación política. ¿Pero quiénes deberían conformarlo?, ¿todos los hombres libres sin importar su raza o condición?, ¿solo los que supieran leer y escribir?, ¿merecían todos los habitantes, de lo que hasta hacía poco se conocía con el nombre del Virreinato del Nuevo Reino de Granada, formar parte de esta nueva empresa?

Las conmemoraciones, como lo es hoy, del bicentenario de 1819, nos invitan a regresar al pasado para pensar el presente. Pensar sobre los alcances de la ciudadanía y la definición misma de ciudadano en el siglo XIX puede lanzarnos algunas preguntas interesantes para reflexionar sobre la función de los ciudadanos en la coyuntura actual. La manera más natural de explorar el alcance de la ciudadanía en el siglo XIX es volcarnos a los primeros textos constitucionales. Colombia, como muchas otras naciones de América Latina y de otras regiones, tuvo varias constituciones a lo largo del siglo. La ciudadanía se pensó y repensó permanentemente. Algunos historiadores han visto esta proliferación de textos constitucionales como un síntoma de la debilidad de la república; y a los textos mismos como “campos de batalla”. Otros, bajo una luz más positiva, han visto estos mismos cambios constitucionales como experimentos republicanos, resultado de procesos de negociación entre diversos sectores de la sociedad. Me inclinaré, acá, por esta última interpretación.

Para ello trasladémonos a 1848. Este fue un año en que el mundo convulsionó. Revoluciones liberales estallaron en ambos lados del Atlántico. Fue también el año en el que en la Nueva Granada se comenzó a consolidar una alianza entre jóvenes abogados liberales y los sectores populares en varias regiones del país. En el suroccidente colombiano, esta alianza se concretó en el apoyo político y militar brindado por algunos sectores afrocolombianos a los sectores liberales, quienes, al igual que ellos, buscaban la abolición de la esclavitud. El principal vehículo de esta asociación fueron las Sociedades Democráticas –clubes políticos liberales– en donde se discutieron los beneficios del republicanismo y la necesidad de otorgar a los sectores populares la plena ciudadanía. Asociaciones similares surgieron en Bogotá y en casi todas las regiones del país, con el ánimo de que los artesanos se adhirieran a la causa liberal.

En el Cauca, la alianza entre negros y mulatos y las élites liberales dio evidentes resultados. El apoyo de los afrocolombianos resultó fundamental para derrotar a la rebelión conservadora de 1851 en la región. Por su parte, los liberales respondieron a las demandas de negros y mulatos para concretar, de una vez por todas, la abolición de la esclavitud; y, a su vez, esperando sellar su alianza con las clases populares, suprimieron por medio de la Constitución de 1853 las restricciones del analfabetismo y la ausencia de propiedad sobre el voto masculino –estableciendo así el sufragio universal. Esta apertura del derecho de ciudadanía no fue entonces una copia de un texto constitucional importado ni una decisión apartada de un sector letrado, fue el resultado de un esfuerzo conjunto y de negociación entre ciudadanos.

Aunque estas discusiones sobre la ciudadanía tuvieron lugar muchos años atrás, no dejan de ser pertinentes hoy en día. Nos recuerdan, primero, que la ciudadanía no es un derecho que se amplía naturalmente a medida que va pasando el tiempo. Apoyándonos en una versión lineal y progresiva de la historia, muchos de nosotros tendemos a creer que los espacios y los derechos políticos se van ampliando y fortaleciendo con el pasar de los años. Pero si hay algo que nos ha enseñado el siglo XIX, es que ello no es así. El sufragio universal que se estableció en 1853 no sobreviviría al nuevo siglo. La constitución de 1886 restringió el derecho al voto. Solo hombres con ciertos ingresos y con la capacidad de leer y escribir podrían ejercerlo. Un rápido paso por el siglo XIX nos recuerda, por lo tanto, que los espacios políticos se contraen y expanden permanentemente y que depende de los ciudadanos y ciudadanas mantenerlos, fortalecerlos y ampliarlos.

La segunda reflexión que nos deja el estudio de la ciudadanía del siglo XIX es que ser ciudadano no es solo ejercer el derecho al voto. Fue en ese entonces mucho más que eso. Para muchos no fue ni siquiera lo principal. Los sectores populares, ya fueran liberales o conservadores, encontraron en la segunda mitad del siglo XIX una amplia variedad de mecanismos para participar en la vida política y, así, lograron no solo pensarse como ciudadanos, sino también ejercer sus derechos como tales. La prensa, la plaza pública, las sociedades democráticas, las tertulias literarias, las tribunas del Congreso, las plazas de mercado, todos estos espacios se convirtieron en medios de discusión política y de ejercicio ciudadano. La ciudadanía se daba allí en la práctica, no solo en el voto. Una lección que nunca es tarde recordar y repetir.

Ana María Otero-Cleves. Profesora asociada del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes y profesora visitante del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge.

* La columna bicentenaria es un proyecto colectivo coordinado por los profesores Daniel Gutiérrez (Universidad Externado) y Franz Hensel (Universidad del Rosario), en el que científicos sociales buscan dar perspectiva al bicentenario que se celebrará con motivo de la batalla de Boyacá y la creación de la República de Colombia.

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