‘Injuriar’ a la República

‘Injuriar’ a la República

Las autoridades revolucionarias juzgaron a quienes se expresaron de mala forma hacia el nuevo orden.

03 de diciembre 2019 , 07:00 p.m.

“[Que] Viva España, y que se caga[ba] en la República”, le oyeron decir en Cúcuta, en 1827, al preso José María Jaimes, quien fue nuevamente encausado por estas palabras ofensivas. ¿Por qué todavía en aquella fecha, cuando parecía decidida la contienda independentista, alguien seguía refiriéndose a las disyuntivas monarquía/república y España/Colombia? ¿Por qué lo hacía mediante insultos? ¿Y por qué estos escandalizaban a las autoridades? El cambio de la forma de gobierno no significó automáticamente el de las ideas o los comportamientos políticos. Esta transformación requirió de mucho más tiempo, y tal persistencia podía tornarse amenazante. El episodio relatado (que no es el único) nos hace pensar en el papel y fuerza que cobran las palabras y comportamientos en ciertas coyunturas.

Durante la época colonial, las expresiones injuriosas eran consideradas como afrentas al honor y como delitos. La fama de una persona o autoridad, su prestigio, buen nombre y el tratamiento a que era acreedor eran cuestiones de mucho más cuidado que hoy en día. En la segunda mitad del siglo XVIII se percibe un quiebre, ya que las muestras verbales de inconformismo se volvieron más regulares y vehementes. Así, “pasquines sediciosos”, “palabras de insurrección” o “seductivas” contra el orden político de la monarquía fueron motivos para que se juzgara a diversos individuos. Los expedientes criminales resultantes nos dan a entender que términos y frases ofensivas se castigaban no solo porque agraviaban a la autoridad, sino también porque su publicidad daba lugar a escándalos. Dicho de otra manera, las palabras eran peligrosas porque se consideraba que podían “seducir” los ánimos e incitar a la rebelión.

Este tipo de conductas se volvieron más delicadas a partir de 1808, con la crisis de la monarquía y las contiendas de la independencia. Las autoridades fueron cada vez más quisquillosas y susceptibles con las expresiones de disenso. Esta postura no solo fue propia de los representantes del rey, sino de las autoridades revolucionarias que juzgaron a quienes se expresaron de mala forma hacia el nuevo orden, como vimos al comienzo del texto. Algunos términos tomaron nuevos significados. Mientras que ‘español’ antes de 1808 no era considerado un insulto, en años posteriores fue usado como ofensa. Miguel Rengifo, que era español y se desempeñaba como ministro Tesorero del Socorro en 1822, fue insultado por el teniente asesor de esa provincia, Ignacio Muñoz. Como este había cobrado un sueldo que no le correspondía, fue reconvenido con un “papelito urbano”. Muñoz se irritó tanto que contestó: “Váyase el muy español de mierda a cuatrocientos carajos, para él y toda su nación”. Las palabras, entonces, estaban cargadas de contenido político.

No solo aparecieron nuevos insultos, también se tornaron sospechosos algunos comportamientos. En 1822, un “vago sin oficio” fue encarcelado por un alcalde partidario por haberlo desobedecido e irrespetar “a la Justicia”. El juez intentó agravar la situación del reo al indicar que toda su familia era “muy goda y que por esto mismo le quitaron las guerrillas la cabeza al padre”. Varios testigos confirmaron la mala fama de toda la parentela del acusado, por ser “desafecta al gobierno de la República”. Sin embargo, una instancia superior determinó que tal cosa no estaba probada y que más bien era evidente una rencilla personal de la cual el alcalde se aprovechó. Así, las acusaciones podían resultar estratégicas si se decía lo pertinente para ello.

Sobre lo anterior, resulta muy ilustrativo el juicio abierto a un tal Saturnino Paredes en San Gil, ese mismo año, por “haber vertido palabras en contra de la Libertad y seguridad de la Independencia”. A decir verdad, Paredes no había dicho nada grave, solo que las fuerzas de la República eran pequeñas y otras cosas por el estilo. Sin embargo, fue un incidente digno de tenerse en cuenta por los jueces, pues con lo dicho podían “algunos incautos vacilar en la opinión pública”. Si una simple mención sobre el ejército podía considerarse un ataque al sistema de gobierno, era porque se pensaba que la guerra no había concluido y que la opinión pública era vacilante acerca del prestigio del Gobierno. Al parecer, la independencia todavía no estaba ‘segura’.

Como hoy, a principios del siglo XIX se censuraban opiniones y expresiones incómodas para las autoridades. Tal vez, ‘insultar’ a la República resulta(ba) algo fácil debido a su frágil legitimidad. En tiempos de transformación política, la opinión, los insultos y ciertas conductas se revelan como evidencia de la difícil tarea de construcción de legitimidad de un nuevo orden político, de su reforma, o de lo que ello significa para distintos sectores sociales. Por ello, aquellos comportamientos podían y pueden considerarse afrentas al poder. Si un orden político y de gobierno no puede garantizar la seguridad, la convivencia, el bienestar y la justicia social, solo queda pronunciarnos.

Julián Andrei Velasco Pedraza. Historiador de la Universidad Industrial de Santander (UIS), magíster de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam) y candidato a doctor en Historia por El Colegio de Michoacán.

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