Fiestas bicentenarias, clases medias y conflicto armado

Fiestas bicentenarias, clases medias y conflicto armado

Las clases medias de Colombia aparecen como en una burbuja histórica.

17 de septiembre 2019 , 07:00 p.m.

¿Por qué celebramos el bicentenario de la independencia? ¿Qué nos dice del momento histórico desde el cual se festeja? En tanto, la transición de finales del siglo XVIII a principios del XIX ha sido narrada, desde 1810, como una serie de relatos fundacionales sobre la libertad, la independencia, la modernidad; las celebraciones del bicentenario han saturado el discurso público de lo que podría significar la materialización de una sociedad democrática. Y las diferentes narrativas sobre el pasado se han convertido en una inspiración para afrontar lo que se percibe como el debilitamiento de la democracia representativa: una crisis financiera global, la desintegración de la Unión Europea, la consolidación de gobiernos conservadores a nivel transnacional, la legitimación social de movimientos homófobos y racistas a ambos lados del Atlántico, el desmantelamiento de políticas distributivas e incluyentes de gobiernos de izquierda en varios países de América Latina y, en el caso colombiano, las dificultades para pacificar la sociedad.

Proteger, expandir y consolidar las clases medias suele considerarse como ineludible para superar estas crisis. Colombia no es la excepción. En efecto, tanto en los relatos críticos como en los apologéticos del bicentenario, la democracia se evalúa por la inexistencia, debilidad o fortaleza de sectores medios. Se juzga que la influencia de estos en la consolidación de la república fue efímera, o porque era débil su presencia o porque se limitaron a unir fuerzas con las oligarquías en la creación de lo que Antonio García denominó una república señorial. De ahí la idea de una nueva república que después de doscientos años transite de una democracia a medias a una que se considera verdadera y en paz; en este proceso, la clase media debe ser protagonista y funcionar como muro de contención contra el populismo, considerado, hoy por hoy, como la principal amenaza contra el orden democrático.

Estas interpretaciones se inspiran, en primer lugar, en la teoría de la modernización de mediados del siglo XX; se afianzan en los años setenta por medio del proyecto neoliberal, y, recientemente, son santificadas por instituciones internacionales de desarrollo, cuyos discursos académicos promueven, precisamente, políticas estatales legitimadoras del orden neoliberal. En el proceso de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc, un tema de discusión fue justamente la vinculación del posconflicto con el fortalecimiento de una ‘sociedad de clase media’. Tal sociedad lograría un desarrollo económico sostenido, un país de consumidores, emprendedores urbanos y pequeños empresarios rurales. Sería el punto final de la violencia, así como el de un pasado de lucha de clases entre grupos populares y oligarquías que impedían el normal desarrollo de la economía de mercado. El mensaje era claro: la clase media sería garantía de una paz duradera, sostenible y estable. Según Álvaro Uribe Vélez, los acuerdos de La Habana destruyen la clase media que sus ocho años de mandato habían consolidado. Ya en su Manifiesto democrático de 2002, él soñaba con una Colombia en paz “con predominio de una clase media tolerante, solidaria y respetuosa de la propiedad privada” que, por lo demás, protegería la democracia. Como en otras cosas, Iván Duque ha reiterado ese propósito, aun cuando simplemente signifique ajustar las estadísticas del Dane, de suerte que aparezcan más personas como pertenecientes a la clase media.

Estos discursos podrían considerarse como meros sofismas de distracción, pues no dan cuenta de las razones del conflicto armado. Pero son algo más: un producto histórico que ha construido una noción de democracia considerada como legítima, única, universal, verdadera y propia de la clase media. Una democracia que se basa en visiones jerárquicas de la sociedad. En el modelo neoliberal actual, tales perspectivas se traducen en la exclusión de aquellas personas a quienes se califica como económicamente improductivas, socialmente desechables y políticamente peligrosas: sindicalistas “ineficientes”, excombatientes de la guerrilla, campesinos “perezosos” que pretenden “robar tierras” de terratenientes “de buena fe”, pensadores críticos del orden social, migrantes venezolanos y líderes sociales. Es un modelo a través del cual la inversión extranjera tiende a operar sin restricciones, la explotación laboral se afianza, las exclusiones de género se veneran, la protesta social y la confrontación política son meros resultados ideológicos que amenazan el funcionamiento armónico de la sociedad. En pocas palabras: menos política y más administración, menos conflictos y más cohesión social para garantizar una vida que sea a la vez pacífica y jerárquica. En una democracia así concebida, las múltiples identidades de género no son construidas, son naturales, pues creer lo contrario es ideología y podría conllevar a la destrucción de la familia colombiana heteropatriarcal, base de cualquier democracia de clase media. De ahí que se considere imperante la tarea de desideologizar las relaciones entre los sexos.

Para muchos científicos sociales, este proyecto ha sido simplemente una imposición de las oligarquías. De acuerdo con tal argumentación, las clases medias de Colombia aparecen como en una burbuja histórica, tocadas solo esporádica o recientemente por la violencia y en su mayoría indiferentes a lo que ha sucedido en lugares rurales; un grupo urbano sin ideología, actores históricos siempre deferentes con los intereses de la élite y, por lo tanto, con un orden político que no es particularmente suyo. Así, aunque ha habido una amplia discusión sobre cómo los diferentes actores de la sociedad colombiana han contribuido y participado en la perpetuación del conflicto (élites, países imperialistas, corporaciones multinacionales, grupos armados, militares, medios de comunicación y el Estado), las clases medias parecen estar protegidas por la suposición de que carecen de intereses políticos propios y, por lo tanto, han estado al margen de las historias de Colombia.

Dichas explicaciones otorgan a las clases medias una superioridad moral, una distinción ética y un papel político que les permite evadir la responsabilidad colectiva en una definición jerárquica de democracia que creó parcialmente las condiciones materiales para la perpetuación de un conflicto armado en Colombia. Ciertamente, esto no debería diluir responsabilidades legales concretas, pero deberíamos reflexionar sobre cómo las personas de clase media, lejos de ser actores pasivos o aislados en la historia de las relaciones de poder, han desempeñado un papel fundamental en la producción de las mismas jerarquías que legitiman múltiples formas de violencia infligidas a quienes estos hombres y mujeres de clase media han considerado como lo opuesto a una verdadera democracia y, por lo tanto, excluibles de ella: los grupos subalternos del campo y la ciudad. De esta manera, reconoceríamos que la formación de las clases medias ha sido una historia de explotación económica, exclusión política y distinción cultural. Y, siguiendo a Michael Rothberg, podríamos concluir que las clases medias han sido, históricamente, sujetos políticos involucrados en el conflicto, ya que su existencia como clase ha sido posible gracias a la consolidación de un orden jerárquico de dominación que ellos mismos han creado y al cual han definido—y defendido—como democracia. Y si este es el caso, preguntémonos entonces: ¿por qué seguimos canonizando a una clase media como prerrequisito celestial-trascendental de una ‘verdadera’ democracia?

A. Ricardo López Pedreros. Profesor de historia en la Western Washington University, EE. UU.

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