Cero basura

Cero basura

Hay que abordar causas estructurales que llevan a familias al rebusque en estos fétidos escenarios.

12 de octubre 2019 , 10:47 p.m.

Indignación, impotencia, dolor, rechazo y todos los sentimientos asociados nos causaron las imágenes de niños y familias en los rellenos sanitarios de Puerto Carreño, Maicao y Riohacha.

Son imágenes que duelen pero que, tristemente, no son nuevas. Cada una de estas ciudades es una manifestación de problemáticas sociales muy complejas en las que confluyen temas migratorios, étnicos, territoriales y, por supuesto, de pobreza.

En cada basurero detonan círculos viciosos. Su fétido olor habla por sí solo. Los entes de control y los medios venían advirtiendo sobre la situación de los amorúas, en Vichada. En La Guajira, las historias del centro de acopio del mercado nuevo demuestran que estamos lejos de dimensionar lo que significa que el departamento más pobre sea receptor de 166.000 migrantes, 44.000 menores de edad, muchas en embarazo, sin controles prenatales.

Cada situación requiere su propio abordaje, y en algunos casos incluirá medidas asistencialistas que no siempre gustan, mientras entran en efecto otras más sostenibles. Hay retos de interculturalidad.

Vale la pena resaltar que el pueblo amorúa es seminómada y binacional, lo que dificulta el arraigo a sus tierras y la sostenibilidad de proyectos productivos. Los cabildos manejan con autonomía sus territorios. Las familias que encontramos en el relleno estaban inscritas en programas del ICBF y habían recibido indemnización de la Unidad de Víctimas. Los flujos migratorios dificultan el aprovechamiento de estas ayudas.

Es imperativo prohibir el acceso a los rellenos. Estos NO son lugar para niños. Se reforzarán los Equipos Móviles de Protección Integral para sensibilizar en trabajo infantil y, de ser necesario, abrir procesos de restablecimiento de derechos.

Pero lo más importante es hacer del reciclaje una labor digna y abordar las causas estructurales que llevan a familias al desesperado rebusque en estos fétidos escenarios.

En Puerto Carreño, el ICBF tomará medidas excepcionales en 5 asentamientos temporales. Se crearán Espacios Étnicos de Atención, especialmente diseñados para estos territorios, que tendrán pedagogos y sicólogos, y operarán alrededor de ollas comunitarias con ingredientes autóctonos.

Para los jóvenes, el foco será en prevención de consumo de sustancias psicoactivas y embarazo adolescente, con enfoque diferencial. Se trabajará con cooperantes para dignificar estos espacios, sobre todo en materia de agua y saneamiento, sin promover incentivos perversos.

En los resguardos se deben concentrar los esfuerzos para promover el arraigo de las comunidades a sus tierras.

En La Guajira, los números son desgarradores. El Centro de Atención Integral, que maneja Acnur, y el Centro de Atención al Refugiado, de Pastoral Social, atienden a 1.500 personas, frente a más de 56.000 migrantes que han llegado.

Esta semana llegaremos desde el ICBF a Villa del Sur, donde viven 1.000 familias en pobreza. Llegarán 4 unidades de búsqueda activa (UBA) del Plan Ni1+, que ya ha logrado una disminución del 60 por ciento en la mortalidad infantil en este departamento. Las UBA harán tamizaje nutricional e identificarán déficits en cobertura de primera infancia y niños desescolarizados, y se hará plan de choque.

En Maicao se intervendrán asentamientos informales como Nueva Esperanza, para prevenir desnutrición y promover la reconversión laboral alrededor del relleno regional del norte.

No son pocos los retos que implica la diversidad étnica en Colombia, ni menos los de ser el segundo país receptor de migrantes del mundo. Pero es el momento de poner nuestra institucionalidad a prueba y, sobre todo, de demostrar que la prevalencia de los derechos de los niños no es un relleno.

JULIANA PUNGILUPPI
Directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

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