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6.000 no es 2.000

Lo grave es que personal con uniforme, bajo órdenes de nuestros elegidos, haya matado a inocentes.

Juan Pablo Calvás
Equivocarse es de lo más humano que puede pasar en el planeta. Y reconocer cuando uno se ha equivocado es un gesto de grandeza y gallardía.
Hace unos días le preguntamos en La W al expresidente Álvaro Uribe si se arrepentía de haber afirmado sobre los casos de ‘falsos positivos’ que “los jóvenes desaparecidos en Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, fueron con propósitos delincuenciales”. En su respuesta volvió a repetir sus argumentos contra la Jurisdicción de Paz. No hubo retractación. No hubo disculpas. No hubo grandeza.
Si Uribe es el gran colombiano, como lo afirman muchos de sus seguidores, debería comenzar por expiar ese error y reconocer que hubo una falla. Y hay errores que se cometen de buena fe. Uribe bien puede decir que dijo lo que dijo porque le mintieron desde el Ministerio de Defensa o desde la Fiscalía General o sencillamente porque eso creía él de los muchachos de Soacha en aquel lejano 2008.

Es claro que 6.000 no es lo mismo que 2.000. Pero eso NO ES lo importante. Lo grave es que hayan sido 100, 1.000, 2.000 o 6.000 ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por agentes
del Estado.

Equivocarse es humano. Del 2008 al presente han corrido ríos de tinta y de verdad. Ya sabemos que los jóvenes de Soacha fueron asesinados y no hubo combate alguno. Está comprobado. Está demostrado. Seguir insistiendo en ello es tan obtuso como pensar que el problema de los ‘falsos positivos’ (que a partir de aquí llamaré ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por agentes del Estado) no es que hayan existido, sino que la Jurisdicción Especial para la Paz ahora diga que no fueron los más de 2.000 que se tenían registrados oficialmente, sino una cifra escalofriantemente superior: 6.402.
Es claro que 6.000 no es lo mismo que 2.000. Pero eso NO ES lo importante. Lo grave que es hayan sido 100, 1.000, 2.000 o 6.000 ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por agentes del Estado. Lo grave es que personal con uniforme, pagado por nuestros impuestos y bajo las órdenes de nuestros elegidos, haya matado a civiles inocentes. Punto.
Aceptar que esta es una discusión que debe reducirse a las cifras es indolente e indignante. Un país normal con unos habitantes normales no aceptaría semejante embeleco. ¿Que no fueron 6.000, sino 2.000 los asesinatos? ¡Es igual de grave! Uno no vota por un gobernante para que sus subalternos maten impunemente ciudadanos porque sí. Si usted aplaude eso, créame que debería ir a un siquiatra con urgencia. Ninguna muerte se justifica. NINGUNA.
¿Que no fueron 6.000, sino 2.000?
¿Dónde está el entonces ministro de Defensa, Camilo Ospina, respondiendo por este horror que comenzó cuando estaba al frente de la seguridad de todos los colombianos? ¿Dónde están sus sucesores, incluido Juan Manuel Santos (aunque este ya dijo que iría ante la JEP)? ¿No será que es hora de repartir bien la carga de responsabilidad sobre esa mancha negra en nuestra historia y exigir que no solo Uribe sino TODOS respondan por las ejecuciones extrajudiciales, así hayan sido 2.000 o 3.000 o las que sean? Confieso que el silencio de muchos es desconcertante, por no decir que cómplice.
¿O acaso negarse a reconocer un error es insistir en que las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por agentes del Estado eran delincuentes, así no fueran guerrilleros? ¿Al negarse a reconocer el error se justifica una limpieza social que se dio escudándose en la lucha contra la guerrilla?
Por lo pronto, no juzgo a quienes no aceptan que más de 6.000 personas murieron víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales. Yo también preferiría que me cobren un ChocoRamo a 2.000 pesos y no a 6.000. Es apenas lógico: nadie quiere pagar más por lo mismo. Aunque lo grave es que aquí no estamos hablando de un ChocoRamo, sino de vidas. Y esas no tienen precio.
Juan Pablo Calvás
Juan Pablo Calvás
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