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La vacuna para la pandemia de los siniestros viales

Buena parte de las estrategias exitosas en el mundo reposan sobre la gestión de la velocidad.

Hace 10 años, con el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas se inició una cruzada global contra una amenaza de salud pública que cada año se cobra la vida de más de 1,3 millones de personas, con la meta de reducir a la mitad estas fatalidades en una década. La humanidad fracasó en su empeño; y en muchos países, entre ellos Colombia, no se lograron cambios importantes en vidas salvadas en las calles.
El año pasado murieron en Colombia 3 veces más jóvenes (menores de 30 años) en siniestros viales que por covid. Sin embargo, esta pandemia que destroza tanto la vida y la familia de las víctimas como las de los responsables de los siniestros pasa desapercibida.
Tragedias como la de Gaira, con un saldo de 6 víctimas fatales y un herido grave, logran sacudir esporádicamente a los colombianos. Aunque se conocen bien las ‘vacunas’ para esta pandemia, nuestra sociedad no ha estado dispuesta a asumirlas. El exceso de velocidad es el principal factor de riesgo de siniestro grave, y buena parte de las estrategias que han sido exitosas en el mundo reposan sobre la gestión de la velocidad. Para que límites de velocidad más seguros funcionen es indispensable construir una cultura de prevención y cuidado de la vida, así como un sistema de autoridad sólido que no solamente detecte a los infractores, sino que al final del proceso permita sancionarlos.

La imagen de la 4 × 4 todopoderosa con vidrios polarizados a 100 km/h debe desaparecer. Así mismo, se debe construir un sistema de autoridad que haga que el infractor sienta que no saldrá impune.

Por eso resulta aberrante la cantidad de argucias jurídicas que han venido construyéndose en torno a la impunidad de la violencia vial. Así por ejemplo, mientras que a nivel mundial la detección electrónica de infractores ha sido un elemento efectivo para reducir la siniestralidad vial, en Colombia fallos de la Corte Constitucional hacen prácticamente imposible sancionar a un motociclista que exceda los límites de velocidad. El comparendo al propietario del vehículo que después tiene la posibilidad de trasladarlo al conductor, si es del caso, es la práctica más común de aplicación de fotomultas a nivel mundial. En este momento, la sociedad colombiana siente que no hay ningún mecanismo para sancionar este crítico comportamiento. Las autoridades de tránsito que buscan generar algún control son amenazadas por los entes de control que consideran que los fallos de la Corte Constitucional simplemente prohíben la sanción a los infractores a través de la detección electrónica de infracciones.
La transformación de la cultura en torno a la seguridad vial implica que los colombianos entiendan que no es aceptable que por ahorrar unos pocos minutos en el viaje se ponga en peligro la vida de los actores viales más vulnerables. La imagen de la 4 × 4 todopoderosa con vidrios polarizados a 100 km por hora debe desaparecer. Así mismo, se debe construir un sistema de autoridad que haga que el infractor sienta que no saldrá impune de este comportamiento riesgoso. La mayoría de los colombianos no creen que haya una probabilidad alta de ser sancionados por infringir las normas de tránsito, y muchos creen que aun siendo detectados cometiendo la infracción no deben pagar una sanción.
La disminución de las fatalidades en siniestros viales implica un cambio radical en la manera como nos movemos en el espacio público. Debemos movernos a una velocidad que garantice que en caso de que se genere un imprevisto, las consecuencias no sean catastróficas. Un atropello a un peatón a 60 km/h es equivalente a una caída de un edificio de 6 pisos. La tragedia de Gaira evidencia la absurda cultura que seguimos teniendo en torno a la velocidad, el alcohol y la tiranía del automotor frente a los actores más vulnerables.
JUAN PABLO BOCAREJO
* Profesor Asociado de la Universidad de los Andes
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