Obras inaplazables

Obras inaplazables

El país afronta dificultades fiscales que ponen en riesgo la financiación de proyectos estratégicos.

11 de mayo 2019 , 11:31 p.m.

La eventual venta de activos de la nación, para financiar obras de infraestructura, es una posibilidad que se baraja desde comienzos de este año. Se ha hablado de enajenar, por ejemplo, cerca del 10 por ciento de Ecopetrol para tal fin. Otros, por su lado, proponen hacer lo mismo con la participación del Estado en la generadora eléctrica ISA, e incluso hay quienes dicen que los recursos para financiar nuevas obras deben provenir de la venta de Cenit, la transportadora de hidrocarburos perteneciente a la propia Ecopetrol.

Independientemente de la decisión que tome la autoridad económica, lo cierto es que el país afronta dificultades fiscales que ponen en riesgo la financiación de proyectos de infraestructura estratégicos para la productividad y la conectividad nacional. De cara a esta realidad, justamente surge la necesidad de cambiar los activos antes mencionados por otros mucho más rentables, como sin duda lo son la competitividad y el crecimiento resultantes de contar con una buena infraestructura.

¿Cuáles serían, entonces, aquellas obras que deberían ser financiadas con la venta de activos de la Nación? La respuesta apunta, principalmente, hacia la finalización de los corredores de comercio exterior, tanto de la costa Pacífica como Atlántica, así como hacia las vías de conectividad regional. Carreteras, todas ellas, que, de entrar en operación, garantizarían mejores niveles de servicio, optimizarían los tiempos de desplazamiento e impactarían positivamente en el costo y en la eficiencia de los viajes.

El listado puntual de proyectos que bien podría financiarse con la venta de activos no es menor. Aparecen, por ejemplo, las vías Ye de Ciénaga-Barranquilla y Villeta-Guaduas; también la doble calzada Buga-Buenaventura, así como una porción del corredor Medellín-Turbo. De vital trascendencia para la conectividad con el oriente, de otro lado, está la segunda calzada del primer tramo Bogotá-Villavicencio.

Y, por último, se hace necesaria la terminación de 26 interconectores viales ya identificados por el Gobierno que, ubicados a lo largo de toda la geografía nacional, suman 300 kilómetros de extensión.

A lo anterior habría que sumar la Troncal de Occidente, una iniciativa perteneciente al programa 4G que busca comunicar a Pasto con Popayán. En el más simple ejercicio aritmético, la sumatoria del valor de todos los proyectos en mención arroja un monto aproximado a los 15 billones de pesos. Se trata de un número que, de cara a los aprietos fiscales, requiere del oxígeno que solo podría dar la enajenación de activos.

El país ya ha puesto a prueba, de manera exitosa, experiencias similares. Los recursos derivados de la venta de Isagén, que, valga decirlo, no fueron utilizados para financiar gasto corriente de la nación, viabilizaron activos estratégicos para acometer obras de infraestructura de transporte. Los recursos de su venta se destinaron a fortalecer el patrimonio técnico de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), con el propósito de que esa entidad pudiera ampliar el portafolio de productos que ha diseñado para acompañar el apalancamiento de grandes proyectos, muchos de ellos del programa 4G.

Es evidente, entonces, que el modelo de enajenación de activos funcionó. Ahora, con miras al futuro, vale la pena señalar que las obras financiadas con este mecanismo podrían aportar alrededor de 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

Colombia necesita seguir apostándole al mejoramiento de su infraestructura, a todas luces, el gran motor del crecimiento económico y, quizás, el activo más preciado que pueda tener un país. Al fin y al cabo, una buena infraestructura se traduce en competitividad, productividad y desarrollo.

JUAN MARTÍN CAICEDO FERRER
Presidente Ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

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