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¿Se les fue la mano?

¿Se les fue la mano?

Gravar pensiones de 5 millones es inconstitucional.

18 de abril 2021 , 11:09 p. m.

Ni en el Centro Democrático cayó muy bien la reforma tributaria.

El partido del Presidente expidió un comunicado cuidadoso y constructivo en el que apoya la política social propuesta, el ingreso solidario y la gratuidad en la educación superior para estratos 1, 2 y 3, al propio tiempo que valora el esfuerzo para la generación de empleo, pero claramente plantea observaciones y reformas de los impuestos propuestos.

Y ojo, que la voz del Centro Democrático, en términos generales, es la voz de amigos del Gobierno y más que eso, el mensaje de aquellos que quieren que le vaya bien. ¿Qué le piden al Presidente? Entre otras cosas, veamos:

Eliminar el IVA a los servicios públicos. Que no paguen renta quienes ganen menos de 50 millones al año. Que no se graven pensiones de 7 millones de pesos. Que solo se cobre a pensiones subsidiadas de más de 14 millones de pesos. Que no se golpee a los productores nacionales de alimentos favoreciendo a sus competidores internacionales y afectando a los consumidores con precios más altos. Que se evite el daño a los transportadores por encarecer con IVA los combustibles. Que no se encarezca con impuestos el acceso a internet.

Termina el comunicado con esta nota: “Advertimos sobre la necesidad de no exagerar en impuestos para evitar que Colombia pierda la confianza en la inversión”. La palabra fuerza de esa nota es “exagerar”.

Esa exageración en unos casos puede generar un innecesario malestar y agitación social; en otros, una incertidumbre entre inversionistas; en otros, una nueva fuga de capitales; en la clase media y en los asalariados que no reciben ningún subsidio, un empobrecimiento; y en los pensionados, una explicable sensación de despojo por culpa de una propuesta tributaria violatoria del artículo 48 de la Constitución, del acto legislativo 1 de 2005 y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, empezando por la vulneración de la confianza legítima protegida mediante sentencia C-304 de 2019.

“En materia tributaria, el referido principio se expresa en la formación de razones objetivas para confiar o creer en la durabilidad o permanencia en el tiempo de la regulación contributiva en vigencia de la cual los sujetos pasivos de un tributo tomaron decisiones o ajustaron su conducta…”, dijo la Corte. Violar esa confianza legítima, además de pisotear derechos adquiridos, coloca al Estado en la circunstancia que ya he referido acuñada por Carlos Lemos… El Estado ladrón.

A estas alturas, es evidente la necesidad de una reforma, y muchos, como yo, aplaudimos tanto el sentido de responsabilidad frente al futuro como el enfoque asociado con la transformación social sostenible. Sin dogmatismos, se debe abrir el debate y procurar, con precisión, responder preguntas que están a flor de piel.

¿Han calculado el impacto sobre la reactivación económica? ¿Verdaderamente necesitan todos esos recursos?

¿Han estudiado en detalle la propuesta alternativa de la Andi? ¿Habrá algo de esa propuesta que se pueda rescatar para contener en parte la avalancha tributaria? ¿Han calibrado el entorno político y social en el que se tramita esta reforma?

Aunque representa un avance frente a la senda de crecimiento delirante del costo burocrático del Estado, ¿por qué conformarse con una propuesta tímida de austeridad y recorte de gasto? Y ya que decidieron convertir este proyecto en una miscelánea normativa, ¿por qué no jugarse a fondo con unas normas anticorrupción pendientes?

No necesitamos voces estridentes para la galería ni terquedades de los funcionarios. No necesitamos técnicos indolentes ni politiquería electoral. No necesitamos ni voracidad fiscalista ni pasividad fiscal. No necesitamos ni alharacas preelectorales ni ‘mermelada’ parlamentaria. Necesitamos un debate sereno, patriótico, ilustrado, profundo.

Paciencia, creatividad, humildad y pulso firme que esto apenas comienza.

JUAN LOZANO

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