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Prioridad ambiental

Ojalá la política contra la salvaje deforestación no quede en letra muerta.

Juan Lozano
Durante la Cumbre de Cambio Climático de París, en 2015, con bombos y platillos el gobierno de entonces se comprometió a reducir a cero la tasa neta de deforestación en el Amazonas para el año 2020, según lo recordó la directora de la Fundación Natura, Elsa M. Escobar. Y ya se fueron el 2020 y con este, las promesas incumplidas.
En términos de la protección de nuestros bosques, y más allá de cualquier debate político, las negociaciones del proceso de paz con las Farc produjeron dos efectos nocivos. Por una parte, como se ha demostrado con datos irrefutables, se generaron incentivos perversos para que se incrementaran las áreas cubiertas con cultivos ilícitos por causa de quemas y talas criminales y, por otra parte, en otros territorios se produjeron invasiones de colonos y especuladores de tierras para potrerizarlas.
Tristemente, estos fenómenos golpearon tanto nuestra selva amazónica como los importantes bosques húmedos del Pacífico, donde, además, interactuaban mafias madereras y mineras, y los bosques secos del Caribe, hoy reducidos a menos del 2 % de su cobertura original.
Muchos creen que este es un problema de unos ambientalistas fanáticos preocupados por unos árboles, unos pájaros y algunos micos. Lejos de eso, la deforestación es un problema que induce de manera severa el cambio climático causante de tantos desastres, que ya nos están golpeando. Y más de 2.000 plantas y 500 especies de animales están amenazadas por estos fenómenos en el país más biodiverso del mundo por kilómetro cuadrado. Por lo demás, los servicios ecosistémicos que prestan los bosques son fuente de bienestar humano y de subsistencia para muchas comunidades.
A pesar de una pérdida de 2,8 millones de hectáreas de bosques en las últimas dos décadas, Colombia todavía tiene algo más de la mitad de su territorio (52 %) cubierto de bosques, es decir, todavía tenemos mucho por cuidar y proteger, además del reto de la recuperación y la restauración de las áreas afectadas.
Por todo lo anterior, celebro la reciente expedición del Conpes 4021, que contiene la política integral para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques. Es un logro importante, producto de un trabajo serio de investigación y articulación institucional. Felicitaciones. Y que conste que ya sé que hay documentos Conpes para todo, como quien receta acetaminofén para cada dolor de cabeza nacional (¡ya vamos en 4.021!), y que hay miles de páginas de documentos Conpes convertidos en letra muerta. Confío, sin embargo, en que este 4.021 haga parte del selecto club de los que sí se cumplen.
Varias cosas por destacar. La identificación y priorización de 11 núcleos de alta deforestación, ubicados en 150 municipios, y la articulación de intervenciones ambientales, de política social y de fuerza pública a través de la Operación Artemisa, que permitió quebrar la tendencia ascendente de la deforestación.
El reconocimiento a la necesidad de trabajar en llave con autoridades regionales para ejercer el control territorial y reducir dinámicas ilegales que estimulan la deforestación, como ha sucedido en el Meta gracias al compromiso del gobernador Zuluaga para enfrentar estas mafias.
Hay más. La consolidación de alternativas productivas sostenibles. El fortalecimiento de los sistemas de monitoreo para una gestión eficiente del recurso forestal. El cumplimiento de la sentencia de la Corte STC-4360 de 2018, que declara a la región amazónica como sujeto de derechos. La ampliación del número de familias guardabosques y familias indígenas remuneradas por cuidar bosques. El reconocimiento explícito del pago por servicios ambientales, en fin.
Ahora que se ha dado este importante paso, se debe pasar de las palabras a la acción y, ahora sí, cumplir con todos los compromisos para proteger la inmensa riqueza forestal colombiana con todo lo que ella implica.
JUAN LOZANO
Juan Lozano
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