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¡No se dejen extorsionar, ministros!

¡No se dejen extorsionar, ministros!

Denunciar extorsionistas es un imperativo ético y legal.

19 de septiembre 2021 , 09:38 p. m.

Para que lo tengan claro, estas sesiones parlamentarias, las últimas antes de elecciones de Congreso, suelen ser las más peligrosas en términos de corrupción porque siempre hay uno o varios congresistas que, angustiados por los tarjetones o porque van a terminar sus períodos, deciden emplearse a fondo para extorsionar ministros, trancar proyectos, chantajear al Gobierno y conseguir unos cargos públicos para gente que les sume votos a ellos o les represente plata para sus arcas.

Así es la cosa. Se aprovechan de la angustia del cierre de gobierno, de los tiempos escasos, de las urgencias del Ejecutivo para acorralar a los funcionarios y secuestrar los proyectos de ley que caen en sus garras. Mientras algunos lo hacen sutilmente, otros lo hacen con desvergonzado desenfado, como si les asistiera la certeza de que ningún ministro es capaz de contarle a la opinión pública que está siendo extorsionado por un congresista.

La cosa cambiaría drásticamente si algún ministro o ministra valiente levantara su voz ante el país y mencionara, con nombres y apellidos, aquellos que han condicionado sus votos a dádivas electorales. No solo es una obligación legal y un imperativo ético, sino también una fantástica oportunidad política para demostrarle a la ciudadanía que no todos los funcionarios públicos le juegan a la corrupción y que hay gente buena, honrada y noble desempeñando los más altos cargos del Estado.

Es también un tema de elemental justicia. Por una parte, se lograría que alguien que desempeña un rol muy importante en la vida institucional colombiana encarne la indignación que a todos nos asiste por cuenta de la generalizada corrupción y, por otra parte, se lograría que un corrupto caiga y pague por un delito.

Dicho esto, y para evitar generalizaciones injustas, es necesario advertir que hay muchos funcionarios absolutamente probos y congresistas decentes que no incurren en prácticas indebidas. Sería injusto lanzar una sombra de sospecha sobre todos los ministros y todos los congresistas de Colombia. Razón de más para que estas circunstancias, donde quiera que se estén presentando, sean puestas en conocimiento de las autoridades competentes y del público en general.

¿Qué pierde el Gobierno si nos cuenta a los ciudadanos quién o quiénes lo están extorsionando desde sus curules? Nada. Ganaría mucho. Cumpliría con su deber. Sentaría un precedente. Recuperaría puntos perdidos.

¿Y cómo funcionan estas extorsiones? De diversas maneras. Se dilata una firma. No se rinde una ponencia. No se convoca una sesión. No se designan ponentes. No se hace ‘quorum’. Se engaveta un proyecto. En fin. El efecto práctico que persiguen es poner de rodillas a uno o varios ministros para que tengan que someterse a la voluntad del parlamentario.

Se ha normalizado tanto la corrupción, que en todos los niveles de la administración pública parece normal que esto suceda. Las prácticas criminales para apoyar proyectos del Ejecutivo se han venido replicando en asambleas departamentales y concejos municipales. Hacen parte, en muchos casos, del pacto de corrupción de coaliciones que garantizan las mayorías en una determinada corporación. Es el Estado botín. Es la instrumentalización de una curul, no para servir al pueblo, sino para extorsionar o robar. Y no puede ser aceptado. No es admisible. No es tolerable. No es legal.

Todavía espero que una mañana, uno, dos o tres ministros citen una rueda de prensa para contarle a Colombia que hay un proyecto que no avanza porque está secuestrado, porque los están extorsionando y porque no van a ceder ante la extorsión. Y sueño con que, en una pantalla gigante, en el momento mismo de su denuncia, proyecten las fotos y nombres de los extorsionistas en mayúsculas sostenidas… eso marcaría un verdadero hito en la lucha anticorrupción en Colombia… ¿será mucho pedir?

JUAN LOZANO

(Lea todas las columnas de Juan Lozano en EL TIEMPO aquí).

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