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¡No más congresistas, por favor!

Es un despropósito pretender que lleguemos a tener 300 congresistas.

Juan Lozano
Lo que faltaba. Ahora la misión electoral propone aumentar el número de congresistas hasta 300. Y proponen, además, como si no fuera ya suficiente la carga burocrática que debemos asumir con los impuestos de los colombianos, crear una nueva supercorte. La supercorte electoral, como si ya no tuviéramos suficientes cortes, altas cortes, consejos superiores, cortes especiales, consejos nacionales y tribunales. Propusieron, además, crear seis tribunales regionales. Y se sabe que al Gobierno le gusta. Es lo suyo: más burocracia y más congresistas.
A lo venezolano, además, proponen que los integrantes del supremo órgano electoral tengan permanencia de 8 años seleccionados a partir de ternas, definidas en la Casa de Nariño principalmente, mientras proponen adelgazar peligrosamente la Registraduría Nacional en un extraño híbrido con el maltrecho Consejo Nacional Electoral.
Voces críticas surgieron pronto. “Increíble. La Registraduría logra jornadas electorales eficientes, entrega rápida de datos, pero al amparo del acuerdo Farc-Gobierno hay que acabarla”, dice Claudia Gurisatti. “Timochenko impondrá el nuevo sistema electoral a Santos”, trina Juan Carlos Pastrana. “El mensaje es claro: una Registraduría que permitió que ganara el No en el plebiscito no les sirve para elegir Presidente”, agrega en Twitter Antonio @JournalistDC (a quien no conozco) y quien anexa una publicación del 26 de mayo del 2016 en la que recuerda que las Farc piden crear una nueva rama del poder público: el poder electoral. Estarán contentos con la propuesta.
El debate se puso álgido al final de la semana, cuando, en un acto por demás excluyente y antidemocrático celebrado a espaldas de la academia en un elegante hotel de Cartagena, fueron presentadas las recomendaciones preliminares de la misión electoral. El presidente del Consejo de Estado, corporación lesionada con la propuesta, advirtió acerca de la utilización indebida del ‘fast track’. El Registrador Nacional señaló sus peligros. El presidente del Senado expresó sus inconformidades. El Ministerio del Interior y voceros del Partido Liberal y otras colectividades, en términos generales, respaldaron la iniciativa.
Aunque es absolutamente precaria, tímida e imprecisa para enfrentar la gran corrupción tipo Odebrecht y la corrupción electoral generalizada derivada de la epidemia de ‘mermelada’ que se tomó a la Nación, a los departamentos y a los municipios, la propuesta tiene sin duda elementos importantes y aspectos rescatables. Van dos ejemplos. Diferenciar claramente los roles y el origen de Cámara y Senado es correcto, aunque borren con el codo del incremento de curules las bondades de la iniciativa.
En materia de seguimiento de recursos criminales en la política, es buena idea crear una policía judicial especializada. Concuerdo plenamente con Claudia López en que es imperativo que cuente con sólido músculo presupuestal y autonomía para que no se repitan las frustraciones que se han originado en el Consejo Electoral.
No todo está perdido. Primero: los miembros de la Misión Electoral son personas serias, reputadas, pensantes y equilibradas. Seguramente sabrán escuchar las voces críticas e introducir correctivos a sus ideas preliminares. Segundo: la Misión solo tiene poder consultivo. Sus atribuciones iniciales fueron negadas y recortadas en el acuerdo del Teatro Colón. Tercero: habrá espacio para que dialoguen con sectores excluidos de su agenda inicial.
Sería muy triste que una oportunidad de oro para introducir modificaciones necesarias a un envenenado sistema electoral se dilapidara dañando lo poco que funciona, creando más burocracia, aumentando el tamaño del Congreso y dejando intacta la corrupción electoral. Lo que presentaron no evitará ninguno de los Odebrechts del futuro.
JUAN LOZANO
Juan Lozano
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