No le metan más curules al Congreso

No le metan más curules al Congreso

Lo peor del proyecto no son los costos sino la desconexión que refleja entre congresistas y el país.

12 de octubre 2020 , 01:06 a. m.

Más que equivocado, el proyecto para seguir agrandando el Congreso es ofensivo y desafiante con una ciudadanía a la que agobian con impuestos y está desesperada con la corrupción, la burocracia y la politiquería. Francamente genera indignación.

Que en medio de semejante crisis económica, de empleo y de institucionalidad, un proyecto de estos saque suficientes votos en comisión para avanzar a la plenaria revela una profunda desconexión entre muchos congresistas y el país nacional que no quiere que de nuestro bolsillo se tengan que seguir pagando sumas multimillonarias para complacer a la clase política.

Los costos son muy elevados. El salario mensual de un congresista es de 32’741.000 pesos, lo que arroja un costo mensual aproximado de 392 millones y 4.714 millones al año, sin contar los otros beneficios y derechos laborales que se desprenden de la modalidad salarial, es decir, el llamado factor prestacional, lo que de entrada desborda los 5.300 millones anuales.

A esto se le deben sumar los costos de sus asesores. Cada uno tiene derecho a una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que vale más de 43 millones mensuales, es decir, 526 millones de pesos al año, para un total superior a los 6.300 millones, más el factor prestacional. Ahí ya vamos alrededor de los 13.000 millones anuales.

Pero esto no es todo. Como se sabe, los congresistas tienen derecho a dos tiquetes aéreos semanales, celulares con plan de datos, dos vehículos blindados y escoltas. Si cada camioneta blindada ronda por los 250 millones de pesos, estamos hablando de otros 6.000 millones de pesos. Y si las blindadas son usadas en modalidades diferentes de la compra, ya hemos visto lo que valen los ‘rentings’ o figuras similares.

Y métanle además el costo de acondicionar nuevas oficinas y comprar computadores, y muebles de cuero, y escritorios, y teléfonos y todo aquello cuya compra es susceptible de ser serruchable, como tantas veces ha ocurrido en el pasado. Resumen: un escándalo en estos momentos.

Sin embargo, a pesar de las cifras astronómicas, lo peor de este proyecto delirante no son sus costos en un país con sus cuentas fiscales en rojo por la pandemia. Lo peor es lo que revela acerca de la comprensión que tienen en el Congreso sobre las urgencias nacionales y las prioridades del país.

Creer que en estas circunstancias los problemas de algunas regiones se resuelven a punta de más burocracia y politiquería demuestra que la reforma que se está tramitando es un nuevo ejemplo de esa maña política con la que nos vienen castigando reiteradamente... que todo cambie para que todo siga igual.

A punta de la aprobación frenética y sucesiva de reformas como esta hemos llegado a un sistema político ultracorrupto que pierde legitimidad a pasos agigantados por causa del desprestigio creciente de la clase política. Y aunque es injusto, porque las generalizaciones no reflejan la realidad de un Congreso donde hay también parlamentarios probos y trabajadores, lo cierto es que hace rato que el país siente que al Congreso son más los que llegan a robar que los que llegan a trabajar por el pueblo colombiano.

La reforma que se tramita retoma las listas cerradas, tapándose los ojos frente al verdadero motor de la corrupción, que es el manejo de dinero en efectivo en las campañas, usualmente derivado de fuentes corruptas, que se aplica en la compra de votos y en la violación de todos los topes legales. Así las cosas, la política colombiana seguirá envileciéndose y corrompiéndose si esta reforma se aprueba y se aplica tal como pasó en la Comisión Primera de Cámara.

Más de lo mismo. Decirnos a los colombianos que más curules y listas cerradas en cremallera entre hombres y mujeres con financiación estatal es la solución, mientras dejan intacto todo lo pestilente y todo lo criminal en medio de una jungla llena de micos, es una verdadera vergüenza.

JUAN LOZANO

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