Niños y ancianos aguantando hambre

Niños y ancianos aguantando hambre

Llegó la hora de meter en cintura a los infames deudores de alimentos.

30 de junio 2019 , 11:35 p.m.

Pocas conductas más despreciables que la de tener dinero y no pagar las cuotas alimentarias de los hijos menores de edad. Que un menor de edad aguante hambre y pase dificultades teniendo su padre (o su madre) recursos suficientes para evitarlo es, simplemente, una infamia.

Hasta este momento, buena parte de la impunidad de los deudores morosos de alimentos se generaba por la condición de anonimato de la que disfrutaban estos canallas. Podían burlar la obligación de pagar las cuotas alimentarias y, orondos, contratar con el Estado, representar empresas que remuneraban con gruesas sumas sus servicios u ocupar pomposos y bien pagados cargos públicos mientras sus pequeños hijos se quedaban viendo un chispero.

También podían estos desalmados enajenar sus bienes en operaciones reales o simuladas, declararse ilíquidos mediante maniobras fraudulentas, encontrar testaferros para traspasar sus bienes o, simplemente, en algunos casos de adicciones a drogas, licores, juegos, apuestas, ruletas y dados, dilapidar su patrimonio y dejar a sus menores completamente desprotegidos y sin las cuotas alimentarias.

Como estaban las cosas hasta ahora, estaban por delante la rumba y los vicios que la protección de las cuotas alimentarias, y la maraña normativa protegía más al canalla denegador de sus obligaciones con los hijos menores que a los propios menores. Era otro ejemplo más del incumplimiento del principio constitucional de prevalencia del interés superior de los niños y las niñas.

En buena hora, el Congreso de la República por fin aprobó el proyecto de la senadora llanera Maritza Martínez para crear el Registro de Deudores Morosos de Alimentos y concederle efectos suficientes como para evitar todas las conductas antes descritas. Aplausos. Veníamos apoyando este proyecto hace varias legislaturas, en un tránsito difícil y cargado de incomprensiones y sospechas.

Afortunadamente, el ponente y conciliador en Senado fue un juicioso constitucionalista, el senador vallecaucano Roosevelt Rodríguez, miembro del influyente equipo de la gobernadora Dilian Francisco Toro, con capacidad de garantizar la fuerza política para obtener los votos aprobatorios y el blindaje constitucional para que apruebe sin tropiezos el escrutinio severo de la Corte Constitucional, obligatorio dada la naturaleza de la ley.

Después de las voces críticas, justificadas algunas e injustificadas otras, que se han levantado contra la Corte tras algunos fallos recientes que afectaban los derechos prevalentes de los niños en materia de justicia transicional, abusos sexuales contra menores de edad, reclutamiento forzado de las Farc y otros grupos, consumo de sustancias alucinógenas y licor en lugares abiertos al público, entre otros, se le abre a la Corte una oportunidad formidable para recoger y fortalecer toda la jurisprudencia en esta materia.

También tendrá el Gobierno Nacional una responsabilidad grande a la hora de definir cuál entidad será la encargada de llevar el registro, expedir los decretos reglamentarios, garantizar la operatividad del sistema y asegurar los recursos necesarios para su funcionamiento pleno, transparente y eficaz. El sistema ha de ser sencillo, fácil, con buena conectividad, sin que deba implicar fronda burocrática ni marrulla contractual.

La verdadera justificación de las obligaciones alimentarias es humanitaria y toca la entraña de las relaciones familiares, la columna vertebral de los afectos y las responsabilidades, razón por la cual se ha ido extendiendo desde los hijos hasta los padres. Es infame también permitir que el padre anciano o la madre anciana aguanten hambre, pudiendo sus hijos evitarlo. En el caso de los niños en particular, hay una protección constitucional reforzada.

Ojalá que sea este bien llegado registro el que permita que, de una vez y para siempre, se cierren todas las rendijas que han permitido el abandono alimentario de los ancianos por sus hijos y la burla de los derechos tutelares de los niños colombianos.

JUAN LOZANO

Sal de la rutina

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