¿Migajas de verdad?

¿Migajas de verdad?

Quien peca y reza ante la JEP no debe empatar. Ha incumplido.

04 de octubre 2020 , 11:53 p. m.

Para empezar, que quede claro, ninguna confesión de crímenes borra el incumplimiento de los acuerdos de paz en lo relativo a la verdad sobre el reclutamiento y el abuso sexual de menores. No puede la JEP tolerar la versión transicional del socorrido “quien peca y reza empata”. Quien miente en un caso, así confiese otro crimen, sigue incumpliendo los acuerdos de paz y por ende debe perder todos sus beneficios.

Y la JEP, que ha sido tan complaciente con ciertos comandantes de las Farc de estruendosa reaparición en una foto estridente con fusiles relucientes que estremece de dolor y de indignación a millones de colombianos, debería ser la primera en no bajar la guardia ante anzuelos de impunidad, confesiones contentillo o migajas de verdad.

Dicho eso, creo que es importante que las Farc aclaren y precisen todos los detalles relevantes, según ellos, sobre los hechos que rodearon el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. En un país polarizado y radicalizado, la inclusión del magnicidio en esa declaración produjo reacciones muy encontradas. Así andamos hace rato. Sin embargo, en este caso, si repasamos la historia de enlaces criminales recíprocos tanto de las Farc como del cartel de Cali. Álvaro Gómez era, simultáneamente, una amenaza para las Farc y para el cartel de Cali.

Que personas allegadas al cartel de Cali, que había contribuido tan generosa y alegremente en la campaña de Samper, hubieran tenido participación determinante en el crimen de Gómez, no excluye que las Farc tuvieran interés en el mismo resultado. Y viceversa. Y si se les da crédito a los contenidos de correspondencia de ‘Tirofijo’ que he venido observando en una cuenta de Luis Daniel González, y en otros informes, aparecen vasos comunicantes entre el cartel de Cali y las Farc.

Y no es extraño. A fin de cuentas, en el magnicidio de Galán concurrieron con diferentes roles agentes del Estado, miembros de la Fuerza Pública, dirigentes políticos y personas vinculadas tanto al cartel de Cali como al cartel de Medellín. En el caso de Álvaro Gómez puede también existir una concurrencia de fuerzas criminales, dirigentes políticos, agentes del Estado y miembros de la Fuerza Pública.

Aun si se aceptara en gracia de discusión la confesión de las Farc, como punto de partida para establecer los alcances y pormenores de ese crimen, la Fiscalía no puede ni debe perder la competencia para adelantar toda la investigación asociada con el cartel de Cali que, por lo demás, tiene renovados bríos y se apresta para adelantar diligencias con los miembros más visibles de esa estructura criminal en los próximos días.

Que se investigue todo y a fondo. Lo que resultaría inadmisible, eso sí, es que esta declaración de las Farc derivara en que todo el expediente Gómez Hurtado se fuera para la JEP, para que la investigación acerca del cartel de Cali duerma el sueño de los justos, ahora que el magnicidio fue declarado de lesa humanidad y no prescribe.

Por lo demás, el asunto que queda en evidencia, es el de la capacidad de manipulación que podrían tener los victimarios sobre la jurisdicción especial, ofreciendo suculentos y pretendidos banquetes de verdad, acomodados a sus privilegios parlamentarios y a sus conveniencias personales. He ahí un reto gigantesco para la JEP, que debe impedir que eso vuelva a ocurrir.

Y es que a fuerza de mentiras, verdades a medias, incumplimientos, dilaciones y engaños, las Farc han vuelto a generar incredulidad y desconfianza en sus palabras y en sus propósitos. Si hubieran confesado los crímenes que cometieron, si hubieran reconocido el reclutamiento de menores y el abuso sexual, si hubieran entregado sus bienes, si hubieran delatado a sus testaferros, si hubieran reparado a las víctimas, hoy el país no dudaría de sus palabras.

En todo caso, aún queda mucha tela de donde cortar. A esto todavía le faltan muchos capítulos. Ya veremos.

JUAN LOZANO

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