Los límites de la minga

Los límites de la minga

Ni a los indígenas ni a nadie se les pueden tolerar actos violentos en una protesta.

24 de marzo 2019 , 11:45 p.m.

Acuerdos incumplibles, con presupuestos inalcanzables, presionados por actos inaceptables en el país de las glorias inmarcesibles nos han conducido a mingas intocables infiltradas por fuerzas inconfesables, generando daños incalculables. La minga, en teoría inobjetable, se va convirtiendo en un híbrido inimaginable, a fuerza de medios intolerables.

Muchos de sus reclamos son justos. Eso es incuestionable. El Estado les ha incumplido reiteradamente en el pasado. Eso es inocultable. El gobierno de turno hereda los incumplimientos, pero debe hacerles frente. Eso es insoslayable. Los excesos de la minga están afectando a millones de colombianos. Eso es innegable.

Esta película repetida con guion de círculo vicioso en la que un gobierno desesperado firma unos acuerdos que el Estado no puede honrar solo conduce a la profundización de los conflictos y a que los pescadores en ríos revueltos, los detractores del presidente de turno y los vándalos, violentos e infiltrados hagan su agosto a costa del pellejo de ciudadanos inocentes que terminan pagando los platos rotos. Ojalá los representantes del gobierno Duque no repitan la historia.

Me parece que la ministra del Interior y el comisionado de Paz le han dado un tono sereno, paciente y propositivo a la mesa, y eso es correcto. Al mismo tiempo, muchas personas en Colombia, aun reconociendo que a los indígenas les asiste la razón en algunos puntos, consideran que hay abusos en el desarrollo de la minga que desnaturalizan la protesta, le quitan legitimidad y percuden la sinceridad de los propósitos de esas comunidades.

Eso es lo que ocurre cuando empiezan a merodear por esos terrenos líderes políticos en plan de pasar facturas, valorizar apoyos o figurar en los medios cargados de frases de cajón, verdades a medias, proclamas electorales y consignas de campaña. Y, sobre todo, eso es lo que ocurre, como lo han denunciado los altos mandos militares y policiales, cuando la minga se vuelve trinchera, herramienta o pretexto de grupos armados de distinto pelambre para desplegar acciones letales.

En honor a la verdad, tal como había ocurrido ya con las manifestaciones estudiantiles, las causas inmediatas de las movilizaciones se remontan a tareas inconclusas o a promesas incumplidas del gobierno anterior. Sin embargo, quien gobierna asume las riendas del poder con todos los sobregiros y sobresaltos, y debe liderar la búsqueda de los mejores acuerdos.

El retrovisor cotidiano resulta estéril para descargar deudas en el pasado. Lo que se debe hacer, eso sí, es aprender de las lecciones del pasado para no repetir la historia.

Lo primero que debe suceder es que la agenda con el Cric se acote, se precise y se refiera a lo que directamente les incumbe. Y no quiere eso decir que algunos asuntos nacionales no sean relevantes o no deban resolverse con prontitud. Sí, pero no así. No en ese ámbito. Y lo segundo es que el Cric concierte con las demás comunidades indígenas si pretende que sus asignaciones presupuestales crezcan en desmedro de los rubros asignados a otras etnias.

Los delegados del Cric deben tener plenitud de garantías de participación democrática y deliberación amplia en todos aquellos asuntos de política pública que los afecten, pero esas discusiones no se pueden trasladar todas al Cauca, por fuera del marco institucional, ni pueden dirimirse allá, a la fuerza y a la brava, en ausencia de todos los demás incumbentes cuyos derechos también deben ser garantizados.

Bien dicen los apuntes de Merlín de Francisco Lloreda, en ‘El País’, que se confunde el derecho a la protesta con llevarse por delante los derechos de los demás. Quienes protesten pacíficamente deben ser protegidos por el Estado. Pero quienes en nombre de la protesta, o so pretexto de ella, amparen violaciones de la ley, o de los derechos de los demás, deben ser procesados severamente como cualquier otro infractor de la ley.

JUAN LOZANO

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