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JEP Tours: cachetada a las víctimas

Ofende al país que autoricen viajes de turismo a terroristas condenados.

Juan Lozano
Es una afrenta que produce indignación y dolor. Es una nueva cachetada a las víctimas de las Farc que aún esperan la reparación. Es francamente vergonzoso que mientras el ladrón de dos libras de arroz que pretendía evitar que sus pequeños hijos aguantaran hambre se pudre en condiciones infrahumanas en una miserable cárcel colombiana, hacinada y pestilente, el autor de la masacre del club El Nogal salga de vacaciones a la isla Margarita, autorizado desparpajadamente por la JEP.

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No hay derecho. Es un abuso. Es un desafío a la sociedad colombiana. Es una burla a las víctimas del club El Nogal y a todas las víctimas de las Farc. Es como si se hubieran propuesto cargar de munición eficaz a todos los que decían que la JEP era un remedo de justicia hecho a la medida de las Farc para asegurarles su impunidad.
Quien formuló las primeras denuncias que encendieron las alarmas sobre este insospechado rostro turístico del posconflicto fue el representante a la Cámara por Bogotá Samuel Hoyos, del Centro Democrático. Estas son sus palabras: “Santos –el nobel de paz– le dijo al país que teníamos que sacrificar la justicia en aras de la verdad y la paz. No tenemos ni lo uno ni lo otro. La JEP, promotora de turismo para crímenes de lesa humanidad, somete a las víctimas a una intolerable humillación”.
Salud Hernández fue más allá, haciendo gala de afilado sarcasmo ibérico: “Nadie debería criticar a la JEP por cumplir la misión para la que fue creada: encubrir a las Farc y colaborarles en lo que pidan. Que el asesino Arellán se va de paseo a isla Margarita, estupendo. Lo merece. Matar cansa y masacrar decenas cansa más”.
En honor a la verdad, estoy seguro de que muchos magistrados respetables de la JEP, empezando por su presidenta, estarán en desacuerdo con estas decisiones que los pueden manchar a todos como corporación.
Por eso, más allá de advertir que quien firmó las autorizaciones fue el retirado secretario general anterior, deberían emitir un comunicado categórico dejando en claro que no continuarán permitiendo que se proyecte hacia adelante el insolente híbrido de la JEP entre tribunal de justicia y agencia de viajes.
Porque, según lo han denunciado el mismo representante Hoyos y ‘Noticias RCN’, el carnaval de los viajes internacionales no se agota en Arellán. Ya son varios de los responsables de crímenes de lesa humanidad que disfrutan de estas generosas bonificaciones recreativas.
Nunca imaginamos que los acuerdos de paz traerían su componente de bronceadores y piña colada para criminales de lesa humanidad. La fiscal de la Corte Penal Internacional, estoy seguro, no tiene ningún antecedente que permita fijar doctrina acerca de si los viajes de recreo a paraísos tropicales de responsables de crímenes de lesa humanidad con vocación turística valen como pena alternativa y sirven para redimir días de condena.
La indignación recorre todo el espectro político. Y está bien que así sea. Colombia entera debería alzar su voz ante lo ocurrido. Va un buen ejemplo: Gustavo Bolívar, el escritor, mamerto capitalista y senador electo –como él mismo se define–, cabeza visible del petrismo en el Congreso, también trinó: “Se arrogan la exclusividad de protestar por vacaciones que la JEP autorizó a Fernando Arellán, autor del atentado en El Nogal, y nos lo refriegan como si lo celebráramos. Nada de eso. Estar de acuerdo con la paz no es apoyar lo que hicieron las Farc”.
Y bien lo dijo José Manuel Acevedo en su leída columna: “Lo que no puede ser aceptable es que hayamos llegado al extremo de permitirles a quienes se someten a la justicia transicional que gocen de absoluta impunidad y viajen por el mundo de vacaciones sin haber reconocido sus actos y cumplido sus sanciones”.
Arellán había recibido una condena de cuarenta años por la justicia ordinaria. Y mientras tanto, el Gobierno calla.
JUAN LOZANO
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