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Grandes logros, grandes fracasos

Grandes logros, grandes fracasos

30 años agridulces, sin poder construir el país que soñamos.

05 de julio 2021 , 01:35 a. m.

Es necesario reconocer que la Constitución que nos rige es madre tanto de costosos y vergonzosos fracasos, que han hecho inmenso daño a nuestro país, como de significativos logros que han mejorado, en otros aspectos, la vida de nuestros conciudadanos.

La Constitución de 1991 ha fracasado estruendosamente en la lucha contra la corrupción, la narcopolítica y la politiquería. Con honrosas excepciones, claro está. Todo empezó mal, cuando constituyentes torcidos decidieron hacerle el juego a Pablo Escobar con la prohibición de la extradición y se sumaron los votos criminales con los votos de los cobardes y los votos de quienes honradamente creían que la extradición era una renuncia a la soberanía nacional.

Y la cosa se complicó más cuando el mandato reformista en lo político sucumbió ante los acuerdos que condujeron a la elección del primer congreso posconstituyente, regida por normas que sofocaron los nuevos liderazgos, resucitaron la vieja politiquería y abrieron la puerta a la sucesión de contrarreformas y remiendos que nos condujeron a este inconveniente sistema electoral que convirtió el Estado en un botín.

Nuestro sistema actual es más plural pero más corrupto. Más abierto en apariencia pero más cerrado en la realidad, porque ahuyentó a decenas de miles de colombianos honrados que no tienen garantías para participar en política y en elecciones supuestamente democráticas porque no disponen de las gruesas billeteras que se requieren hoy, en la mayoría de los casos, para tener éxito en los tarjetones.

La nueva constitución tiene como su pecado mayor haber propiciado el salto a la corrupción sistémica. El modelo político colombiano en municipios, departamentos y nación es hoy un sofisticado entramado para permitir que el Estado se convierta en objeto de saqueo y que muchos políticos, desde ediles hasta congresistas, pasando por alcaldes, gobernadores y altos funcionarios nacionales, se roben la plata de los colombianos.

Este fracaso viene de la mano con la denegación reiterada en la búsqueda del bien común y con el fracaso en la lucha contra la impunidad. Aunque han sido procesados y condenados muchos funcionarios y dirigentes políticos –¡cómo negarlo!–, sus espacios han sido llenados por otros bandidos más ambiciosos que aprendieron a burlarse más descaradamente de la justicia. Y, más grave aún, han sido todas las barreras de acceso a la justicia para el ciudadano del común.

En contraste, la consagración de la tutela se ha constituido en un tesoro para lograr la defensa de derechos. Ese es un gran logro de la Constitución del 91. Y lo es también una Carta de Derechos que ha permitido modernizar la gestión pública en beneficio de las poblaciones más vulnerables así como visibilizar, estimular y proteger los derechos prevalentes de los niños, los derechos de los jóvenes, de las mujeres y de las minorías. La Constitución de 1991 propende ciertamente hacia una visión mucho más moderna de la política social, protege con mayor ahínco la libertad de expresión, prohíbe la censura y reconoce la diversidad regional.

Y, para ser justos, la Constitución de 1991 merece un aplauso por sus progresos en materia ambiental, aunque su aplicación no haya sido tan eficaz como hubiera sido deseable para proteger los tesoros ambientales de Colombia.

Le hacen daño a nuestro país tanto las voces que piden derogar la Constitución como las que pretenden que no se reforme nada. Si queremos avanzar hacia un mejor país, velando por la vigencia de la democracia republicana y la defensa de la empresa privada y el emprendimiento, debemos aplicar cotidianamente las herramientas de equidad consagradas en la Constitución, profundizar los compromisos en materia de justicia social y derechos humanos, además de acometer ya una transformación profunda de este perverso sistema electoral que nos rige.

JUAN LOZANO

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