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¡Extinción de dominio!

¡Extinción de dominio!

La extinción de dominio debe volverse eficaz herramienta anticorrupción.

Me gusta mucho la forma como el fiscal Francisco Barbosa está persiguiendo los bienes de los corruptos mediante una aproximación eficaz, tonificada y clara a la figura de la extinción de dominio.

Como es bien sabido, entre los aportes conceptuales colombianos a las instituciones jurídicas universales se destaca el terreno recorrido en materia de extinción de dominio. No solo fue Colombia uno de los países pioneros en la concepción de la figura, sino que además, a punta de estrellarse permanentemente contra muros de impunidad y de ineficiencia procesal que favorecían organizaciones criminales de todo pelambre, nuestro país fue decantando la figura para que no se agote en la lucha contra el narcotráfico y se extienda a los bienes de los corruptos y a la utilización delictiva de bienes inmuebles y muebles en desmedro de la sociedad, de la seguridad ciudadana e, incluso, de los servicios públicos.

Así las cosas, la extinción de dominio procede hoy en los casos de bienes adquiridos con platas del narcotráfico. Cómo no. Pero procede también en los casos de corrupción, en los casos de uso de casas para el expendio de drogas o para la prostitución infantil y procede, además, contra bienes desde los cuales se produzcan defraudaciones contra las empresas de servicios públicos, como cuando se roban los servicios públicos mediante conexiones ilegales.

Y lo que está haciendo muy bien Barbosa es que operativamente volvió transversal la figura de la extinción de dominio en tres grandes campos de acción de la Fiscalía, es decir, narcotráfico, corrupción y seguridad ciudadana.

En el caso de Odebrecht, por ejemplo, el tema de extinción de dominio galopa para los involucrados. No será ya una consecuencia tardía e ineficaz, cuyas posibilidades de aplicación eran realmente remotas. Está presente desde el primer momento.

Y así tiene que ser. La impunidad patrimonial de los corruptos en Colombia ha sido escalofriante. Robar desde el Estado o desde el sector privado con complicidades en el Estado se había convertido, patrimonialmente, en una actividad casi sin riesgo.
Roban, se enriquecen y si los llegan a coger, lo cual es altamente improbable, pagan unos pocos meses o años de pena, con la mansión por cárcel o en cómodas instalaciones del Estado, y sus bienes quedan intactos. Resumen: en el peor de los casos, después de una detención light, quedan hipermillonarios para el resto de la vida.

Hoy, muchas de las acciones de la Fiscalía están contando desde el primer momento con acompañamiento del equipo de extinción de dominio. En materia de negociaciones judiciales, por ejemplo, los incentivos para delatar a los peces gordos o a los verdaderos determinadores de los delitos se vuelven más grandes cuando un imputado sabe que, además de perder su libertad, puede también perder todos sus bienes.

Eso es lo correcto. Como también, creo yo, es correcto fijar como derrotero para casos de alto impacto que la negociación de penas, confesiones y delaciones se produzca después de la imputación de cargos. Eso reduce sustancialmente el riesgo de pactos de silencio.

Con estos parámetros, la cacareada prendida de ventiladores en los diversos escándalos de corrupción dejará de ser un distractor y un engañatontos que a nada conduce. Las cosas al derecho: identifican a los imputables, investigan e instruyen el caso, rastrean todos sus bienes, si hay mérito imputan y simultáneamente inician los procesos tendientes a la extinción de dominio.

El que quiera proteger su pellejo o salvar sus bienes que cante todo lo que sabe, que delate a todos los que tiene que delatar, que señale verdaderos cómplices o culpables o determinadores en el esquema criminal. Y que la extinción de dominio opere con rapidez para que la sociedad entienda, de verdad, que el que la hace la paga.

JUAN LOZANO

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