El manual del vándalo

El manual del vándalo

Los derechos de los vándalos no pueden prevalecer sobre los derechos de los ciudadanos.

27 de enero 2020 , 12:40 a.m.

Como si fuera natural, como si fuera inevitable, o como si fuera una fatalidad inherente al ADN colombiano, algunos sectores insisten en una retórica negacionista frente a los vándalos.

Los vándalos han perjudicado a miles de personas humildes impidiéndoles llegar a sus trabajos, han hecho colapsar las ciudades con infartos de tráfico y bloqueos infames, han generado graves efectos en la salud de pacientes que no pudieron llegar a clínicas y hospitales para sus citas prioritarias, han causado pérdidas multimillonarias al comercio por los cierres forzados y los destrozos materiales, han afectado el patrimonio público, el mobiliario urbano, los centros históricos y han atentado criminalmente contra la vida de centenares de policías.

Los vándalos se convirtieron en los peores enemigos de la protesta social pacífica y terminaron dejando en ridículo a los convocantes de las marchas del 21 de enero, pues, además de la merma sensible en la asistencia a las plazas y de las señales de fatiga, hastío y reproche de la ciudadanía ante las jornadas que paralizan las capitales, la brutalidad de los ataques contra los policías desplazó por completo los reflectores de la jornada.

El reputado penalista Francisco Bernate definió bien el problema jurídico. Los vándalos que rodearon a los policías en Suba y los encendieron a piedra tratando de impactarlos con fiereza y odio no cometieron simplemente una agresión contra servidores públicos. Incurrieron en tentativa de homicidio, concurso de delitos y concierto para delinquir.

La aparición de la libreta del vándalo demostró que hay escuadrones de vándalos que reciben cuidadosa instrucción para cometer estos delitos y que son sometidos antes de salir a las calles a un entrenamiento que incluye fabricación de explosivos, formación en estrategia militar, tácticas y estrategias para la formación en líneas y escuadras, asesoría jurídica, indicaciones precisas sobre las prendas de vestir y sobre lo que llaman “la dignidad de la capucha”.

Queda claro que a los estudiantes que de buena fe quieren participar en protestas para exigir un mejor futuro los infiltran con personal entrenado para cometer estos delitos. Que a las fuerzas sociales las penetran para cabalgar en sus convocatorias y que estamos asistiendo a una nueva versión urbana de la combinación de todas las formas de lucha que ahora incorpora todo un catálogo referido al vandalismo. Nada es casual.

Los vándalos responden, en todos estos casos, a un pormenorizado manual que puede aplicarse gracias a una equivocada comprensión acerca de los límites entre la protesta pacífica y la activación de los procedimientos para garantizar la defensa de los derechos de la mayoría de los ciudadanos.

Los derechos de los vándalos no pueden prevalecer sobre los derechos de los ciudadanos pacíficos. El derecho a la capucha no puede prevalecer sobre el derecho a la vida de los policías. El derecho a la movilización de los vándalos no puede prevalecer sobre el derecho al trabajo de toda la ciudadanía. Los vándalos deben responder ante la justicia por los delitos que cometen.

Los vándalos se volvieron paisaje. No se ven ganas institucionales para dar con su paradero, no se ven labores de inteligencia, ni recompensas, ni esfuerzos sostenidos ni una estrategia seria y articulada. Cuando en cuasiflagrancia son capturados, los dejan libres, y la Rama Judicial no parece haberse entusiasmado con estudiar este fenómeno que requiere su intervención a la hora de administrar justicia para defender el bien común.

Es hora de que todos, el Gobierno Nacional, la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ejército, sus cuerpos de inteligencia y los alcaldes entiendan cuánto peligro entrañan para la sociedad. Que no esperen hasta que maten a un policía o a un civil, que no esperen hasta que causen tragedias mayores para actuar.

JUAN LOZANO

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