Antijíbaros

Antijíbaros

Urge precisar condiciones de la dosis de aprovisionamiento.

09 de septiembre 2018 , 11:32 p.m.

Con un negocio que mueve más de 10 billones de pesos al año y un consumo que se habría doblado en un lustro, según el último estudio confiable sobre la materia, con una grave prevalencia de jóvenes de entre 18 y 24 años en el consumo y un adelantamiento de la edad de inicio en las drogas de muchos jóvenes a los 14, el gobierno Duque hace bien en meterle diente a la plaga del microtráfico en Colombia.

Atrás quedaron aquellas épocas en las que los más tenebrosos narcotraficantes se legitimaban ante la sociedad diciendo que ellos solo producían para exportación y “eran los gringos los que se metían esas porquerías” porque el nuestro no era un país consumidor de drogas. Así, su ropaje de “bandidos buenos” resultaba adornado con una ecuación en la que a Colombia solo le quedaban los beneficios del narcotráfico, pues llegaba a rodo el billete sin envenenar a nuestra gente.

Hoy, la cosa es muy distinta. Colombia es un país consumidor de drogas. Cuanto más se siembra y más se procesa, más se consume en el mercado interno. Y, peor aún, son nuestros jóvenes quienes más expuesto se encuentran.

Deplorablemente, no se dispone de información más reciente comparable con el estudio ya citado, pero los hechos son notorios: los alrededores de colegios y universidades públicas y privadas son imperios de los jíbaros, que se burlan de la ley, corrompen la autoridad, envician a los jóvenes, deterioran los entornos académicos y navegan como peces en el agua por los canales tranquilos que les dejan los vacíos de la ley y la jurisprudencia. La tolerancia integral del Estado en los últimos años frente a la cadena criminal del narcotráfico explica también la multiplicación de los jíbaros.

Sería, claro está, una miopía abordar el fenómeno del consumo de drogas solamente desde una perspectiva policial, judicial o criminal. Es evidente que hay dimensiones relevantes en muchos otros campos, empezando por la salud pública, la salud mental, la formación, la política educativa, en fin. Pero seguirse tapando los ojos frente a los jíbaros resultaría imperdonable.

Por lo demás, procesos cuidadosos de inteligencia e investigación con un modelo de delación, recompensa y justicia premial a partir de los jíbaros permitirían ascender en la cadena para desmantelar redes de distribución hasta llegar a los peces más gordos.

El apogeo de los jíbaros se estimuló por la falta de técnica y precisión de una sentencia de la Corte que introdujo un concepto erróneo de la dosis de aprovisionamiento y se convirtió en parapeto para que los jíbaros mantengan cantidades significativas destinadas a la distribución delictiva, amparadas como si se tratara de una extensión de la dosis mínima proyectada a varios días.

El primer objetivo del polémico decreto que se está discutiendo debería ser expedir una reglamentación a partir de la sentencia de la Corte para evitar que la dosis de aprovisionamiento siga dejando indemnes a los jíbaros y amparando las redes criminales del narcotráfico. El resumen es sencillo: el decreto no puede negar ni judicializar la dosis mínima ni debe perder el foco de los jíbaros. Para los adictos, tratamiento; para los jíbaros, penalización.

La dosis mínima, protegida constitucionalmente por los fallos de la Corte, no puede criminalizarse por ningún decreto. Pero el Código de Policía sí puede y debe reglamentarse en lo tocante al consumo de sustancias prohibidas en espacios públicos y con la mal llamada dosis de aprovisionamiento.

El debate que abrió el proyecto de decreto es sano y era necesario. Las ideas jurídicamente improcedentes y operativamente inaplicables que están contenidas en ese texto deben ser eliminadas del decreto final, y el Gobierno debería decirlo pronto para no seguir generando desgastes innecesarios. Pero el arsenal para enfrentar a los jíbaros debe, ciertamente, fortalecerse mediante la definición de parámetros precisos y condiciones claras sobre la dosis de aprovisionamiento.

JUAN LOZANO

Columnistas

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