A punta de plomo

A punta de plomo

Los últimos sucesos en el Catatumbo y en Pacífico encienden todas las alarmas.

05 de mayo 2019 , 11:04 p.m.

Cuando el Estado se alía con criminales para derrotar a otros criminales, no solo se degrada ética y políticamente sino que, además, desciende al mismo nivel de los asesinos y deja el país sumido en un baño de sangre.

Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando algunos agentes del Estado, sintiéndose incapaces de derrotar a Pablo Escobar, aceptaron una alianza tenebrosa con el cartel de Cali, lo que derivó en magnicidios como el de Galán, narcofinanciación de campañas presidenciales, parlamentarias y locales e infiltración de la justicia y los cuerpos de seguridad.

Y fue también lo que sucedió cuando agentes de la política y miembros de la Fuerza Pública creyeron que no podían derrotar a las Farc ni al Eln usando la fuerza legítima del Estado y optaron por impulsar y patrocinar ese monstruo sanguinario y cruel del paramilitarismo.

En los dos casos, mientras aumentaban las furias colectivas contra Pablo Escobar y contra las Farc, que bien merecido se lo tenían, fuera de reflectores y apoyados en la debilidad del Estado que se había convertido en su socio a través de algunos agentes, se multiplicaba el poder asesino, mafioso y corruptor del cartel de Cali y del paramilitarismo.

Que el remedio resultó peor que la enfermedad, solían decir las abuelas para describir aquellas situaciones en las que la pretendida solución, lejos de resolver el problema, lo agrandaba. Eso fue exactamente lo que ocurrió aquí. Y esta tragedia no se limita a las alianzas. Se extiende también a los métodos.

Me explico: cuando estamentos estatales se hacen los de la vista gorda o estimulan métodos ilegales para perseguir o dar de baja sujetos u organizaciones ilegales, se convierten ellos mismos en ilegales, en criminales, deslegitiman el Estado, manchan sus instituciones y erosionan la base de credibilidad y confianza del Estado en el Estado de derecho.

Esta película ya la vimos: en zonas de alta conflictividad social y economías criminales, donde confluyen diversos grupos armados y se confunden las movilizaciones sinceras de la base popular con la agitación promovida con fines delictivos o terroristas mientras hostigan militar y jurídicamente a la Fuerza Pública, se corre el riesgo de que algunos de sus miembros cometan excesos o quieran hacer justicia por mano propia.

Hoy se está desatando una escalofriante e inaceptable plomera multidireccional que está cobrando la vida de líderes sociales de base tanto de la izquierda como de la derecha en medio de una anarquía criminal en muchas zonas donde el poder territorial, junto con las rentas ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal, se está disputando a sangre y fuego.

Así, cuando en los círculos del poder y en el Congreso se pierden horas interminables para entender cuál es la mayoría absoluta de 108 menos 14, cuando los chorros de babas están ahogando a los neopróceres más elocuentes de la vida colombiana, se están generando nuevas violencias y nuevas espirales sangrientas soportadas en sorprendentes coaliciones y alianzas criminales de todo pelambre.

Por todo lo anterior, hoy más que nunca, resulta imperativo que la Fuerza Pública enfrente con los instrumentos, las armas y los procedimientos legítimos toda organización armada, con contundente simetría, con cero tolerancia a la violación de los derechos humanos, vengan de donde vengan y sin ningún contubernio con agentes irregulares.

Los ánimos están crispados. Los extremos se han vuelto más extremos. Estamos sentados sobre un polvorín cuya explosión se puede detener solo si el Gobierno, al mismo tiempo que rechaza y condena todo acto ilegal que llegare a aflorar en sus filas, con inteligencia eficaz, acciones contundentes y golpes certeros, logra contener y desmantelar las fortalecidas organizaciones criminales y terroristas que hoy se están disputando media Colombia.

JUAN LOZANO

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