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20 de julio, prueba de fuego

20 de julio, prueba de fuego

Autoridades deben evitar que nuevas marchas degeneren en más muertes, contagios y violencia.

19 de julio 2021 , 12:29 a. m.

La tolerancia nacional frente a nuevos bloqueos criminales y actos vandálicos de terrorismo urbano es cero. Ni el sector industrial, ni el comercio ni la ciudadanía aguantan más abusos de un puñado de delincuentes que se apoderaron de los espacios legítimos de la protesta ciudadana, desplazaron a los estudiantes pacíficos, sofocaron las voces democráticas de quienes tienen justos reclamos frente al Estado colombiano y convirtieron muchos puntos críticos del país en un infierno de terror, anarquía y letal propagación del covid que condujo a Colombia a un bochornoso ‘top’ mundial de muertes y contagio.

Es de esperar que alcaldes, gobernadores y el Gobierno Nacional hayan aprendido las lecciones de esos días de horror y que les haya quedado claro que tolerar el abuso masivo contra los derechos ciudadanos a causa del ejercicio de acciones violentas escudadas en la protesta solo deriva en sangre, heridos, difuntos y fatalidades.

La cosa es así. Se debe garantizar la protesta pacífica, se debe garantizar la reacción proporcionada de los agentes de los cuerpos armados, se deben proteger los derechos de los manifestantes civilizados, se deben condenar los abusos de fuerza, pero no se pueden tolerar ni las agresiones con el propósito de matar o lesionar gravemente a los miembros de la Policía o el Ejército ni las violaciones de la ley colombiana que prohíbe los bloqueos criminales.

Tan pronto se empieza a instalar una barricada que genera un bloqueo permanente o semipermanente en cualquier vía de Colombia, urbana o rural, en una carretera principal, en una vía de competitividad o en una vía departamental, municipal o veredal, la Fuerza Pública está legal y constitucionalmente autorizada para intervenir al instante, despejar la vía y aplicar el rigor de la ley contra quienes en flagrancia sean sorprendidos en ejercicio de esa actividad ilegal. Pueden, eso sí, circunstancialmente interrumpir el tráfico si cuentan con la autorización de la alcaldía para marchar por esa ruta.

Y los alcaldes que se abstengan de ejercer su autoridad para defender a los ciudadanos que resulten afectados por bloqueos ilegales incurren en una falta inocultable que debe acarrearles las sanciones correspondientes, para no hablar de aquellos funcionarios públicos que no solamente no impidieron las afectaciones, sino que, además, alentaron los bloqueos criminales, a quienes se les deben aplicar las más severas sanciones contempladas en el ordenamiento jurídico.

Que no nos vengan a decir ahora que garantizar la protesta pacífica pasa por tener que aceptar que mueran niños en los bloqueos, que se ponga en peligro la vida de los enfermos, o que se quiebren los comerciantes y los industriales. Lo que es indispensable, eso sí, es que el Estado asuma con pasión el diálogo social, que cumpla su palabra, que no se repita la criminalización generalizada de los jóvenes y que las nuevas herramientas de equidad puedan honrar los compromisos, incumplidos por décadas, para construir una sociedad más justa.

Por lo que he visto en los últimos días, hay una buena preparación del Gobierno Nacional para la jornada de mañana. El ministro de Hacienda ha venido concertando un proyecto generoso en inversión social y ponderado en términos de recaudo. El ministro de Defensa ha venido previniendo que en las marchas legítimas se vuelvan a colar los delincuentes, muchos de los cuales provinieron de las disidencias de las Farc o de las milicias del Eln.

Ojalá podamos conmemorar nuestra fiesta patria con la certeza de que se avanza en la construcción de un país más equitativo, que reclama mayor inversión social y una batalla frontal contra la politiquería y la corrupción, así como con la tranquilidad de que las marchas justas no van a derivar en nuevas acciones criminales que vulneren la salud, la vida y los derechos de millones de colombianos.

JUAN LOZANO

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