Como corresponde al talante democrático de este gobierno, luego de los resultados del 2 de octubre, reconocidos sin demora y de manera clara por el presidente Santos, desarrollamos unas maratónicas jornadas para escuchar los argumentos de quienes promovieron la votación en favor de la opción del No en el plebiscito. Una de las preocupaciones que más se han reiterado por parte de ellos es la referida a los riesgos que para la institución de la familia se derivan de la repetición de ciertos conceptos en el texto de los acuerdos y que, a su juicio, podrían ser susceptibles de interpretaciones diversas en el futuro. Frente a esa realidad, escuchamos con humildad y respeto sus observaciones y asumimos con la mayor seriedad la evaluación de las propuestas que nos han hecho llegar.
En los encuentros con los líderes del No tuvimos la oportunidad de explicarles que la expresión ‘enfoque de género’ consagrada en el texto de los acuerdos con las Farc se refiere a un criterio de igualdad entre hombres y mujeres como sujetos de derechos, y que por ningún motivo este concepto debe ser leído como un menoscabo de la familia en su rol de pilar de la organización social.
Sin duda, el mayor grado de victimización que durante el conflicto han sufrido unos sectores poblacionales específicos, como las mujeres, los indígenas, la comunidad LGBTI, los afrodescendientes, para citar solo algunos ejemplos, nos condujo a incluir en los acuerdos de La Habana un enfoque diferencial para su atención en su condición de víctimas y su acceso a los beneficios del acuerdo, pero de ninguna manera eso significa atentar contra la integridad familiar. Así se hizo hace unos años con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Un aspecto en el que coincidimos plenamente con varios de quienes han formulado reparos frente a los acuerdos de finalización del conflicto es en que la familia ha sido la principal víctima de este, en primer lugar porque miles de ellas han quedado fracturadas físicamente debido a que uno o varios de sus miembros han sido separados de estas como consecuencia del homicidio, el reclutamiento forzado, el desplazamiento forzado, entre otros; y, en segundo lugar, porque la dinámica de la confrontación militar ha contribuido a la extensión de una cultura violenta para resolver las diferencias, y la familia no ha escapado a esa crueldad; de hecho, la disminución de los registros de violencia como consecuencia de la tregua unilateral de las Farc del último año y del cese bilateral del fuego de los últimos meses ha dejado ver que una de las fuentes más significativas de violaciones de derechos humanos es la violencia intrafamiliar.
Así las cosas, reparar a la familia en el sentido de asegurar garantías de no repetición de la violencia derivada del conflicto armado y fomentar unos valores que, respetando la libertad religiosa de cada quien, conduzcan la vida en familia por el sendero de unos mínimos éticos de convivencia pacífica tienen que ser tareas inaplazables en el camino de edificar la paz en nuestra sociedad.
En ese mismo sentido, el Gobierno es absolutamente respetuoso de la libertad de cultos y de la organización familiar a partir de los valores religiosos que en cada familia se practiquen. El pasado 4 de julio, el señor Presidente de la República firmó el decreto 1076 del 2016, a través del cual se establece esa fecha como el día de la libertad de cultos y se exhorta a todas las autoridades presentes en el territorio nacional a respetar las distintas creencias religiosas y a garantizar la libertad de cultos, que, además, por primera vez se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo.
Que a nadie le quepa duda: para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos la familia es la institución central de la sociedad y consideramos fundamental su papel en la construcción de una paz estable y duradera. Y esa prioridad de la institución de la familia no debe ser excluyente, como algunos pretenden, con la defensa del derecho a la igualdad que contemplan los acuerdos. Nadie pretendió con el enfoque de género incorporar a nuestro ordenamiento jurídico por la puerta de atrás la denominada ideología de género, que este gobierno no comparte.
JUAN FERNANDO CRISTO
Ministro del Interior
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