Una oportunidad perdida

Una oportunidad perdida

No creo que veamos una reforma estructural pronto, pero la buena nueva es que el debate comenzó.

03 de diciembre 2018 , 07:20 p.m.

Una de las razones (no la principal) por la que voté por Iván Duque en primera y segunda vuelta fue por su promesa de presentar una reforma tributaria estructural que crearía un sistema de impuestos simple, equitativo y eficiente. No es que este arrepentido de mis votos, y todavía soy optimista respecto a las gestiones que el gobierno Duque adelantará en diferentes áreas hasta agosto del 2022. Sin embargo, sí creo que las posibilidades de una reforma profunda al estatuto tributario en los próximos tres años son bastante mínimas y que la mejor oportunidad para hacerlo se desperdició.

Así como una familia o una empresa necesitan que sus ingresos sean suficientes para cubrir sus gastos y financiar nuevos gastos o inversiones, un país requiere exactamente lo mismo. En el caso de Colombia, como en el de la mayoría de países, la principal fuente de ingresos son los pagos que realizan las personas naturales y jurídicas a través de sus impuestos.

Históricamente, en nuestro país, el recaudo de impuestos no ha sido suficiente para pagar las cuentas del Gobierno, y la manera de cubrir “el faltante” (o déficit) ha sido a través de endeudamiento interno y externo, venta de activos o venta de nuestros recursos naturales; y cuando la misma situación se repite año tras año, lo lógico sería revisar la estructura tributaria y crear un sistema de impuestos que resolviera el problema en el corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, el camino que han tomado los diferentes gobiernos ha sido el de resolver la situación por uno o dos años a través de reformas tributarias parciales y dejando que el problema continúe y siga creciendo.

La propuesta original de reforma tributaria parcial del gobierno Duque (llamada ley de financiamiento) buscaba recaudar 14 billones de pesos, pero según estimativos de varios economistas, en el año 2021 habría un nuevo déficit que necesitaría otra reforma tributaria. Ese era el escenario optimista. Ahora, cuando solo se aspira a recoger la mitad (alrededor de 7 billones de pesos), la posibilidad de otra reforma tributaria parcial a finales del próximo año (2020) es bastante alta.

Personalmente, creo que cuando se habla de una reforma tributaria estructural, deberíamos estar pensado en un nuevo estatuto tributario (el código actual fue expedido en el año de 1989 y ha sido modificado parcialmente por cada una de las reformas tributarias desde 1990) que refleje la nueva realidad económica del país y nos permita tener una estructura adecuada para los próximos 30 o 40 años.

Con respecto al principio de la simplicidad, necesitamos contar con un código que los contribuyentes (personas naturales y jurídicas) entiendan fácilmente y con el que no necesiten gastar demasiado tiempo o dinero en asesores tributarios para cumplir sus obligaciones. Además, un código sencillo (con un menor número de impuestos) es más fácil de administrar para la Dian, al permitirle combatir la evasión y aumentar el recaudo. En todos los países hay evasión; por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que es alrededor del 12 %, pero en Colombia se estima que supera el 50 % en promedio (menor o mayor según el tipo de impuesto). La solución a los déficits fiscales pasa necesariamente por el combate a la evasión.

El principio de eficiencia del sistema debe entenderse como el menor impacto posible de la recaudación de impuestos en las decisiones de los contribuyentes. En otras palabras, un sistema que no genere grandes distorsiones en el mercado. En un país como Estados Unidos, el sistema tributario está diseñado (al menos en teoría) para no frenar la actividad productiva, con la idea que a mayor productividad, mayor crecimiento económico y mayores recaudos. Es decir que si el tamaño de la torta aumenta, mayor sería el del pedazo que le corresponde al Gobierno vía impuestos. Nuestro actual estatuto tributario va por el camino contrario, pues genera grandes distorsiones (muchas como resultado de normas que han sido introducidas por las diferentes reformas tributarias y se contradicen entre sí) y hace que el tamaño de la torta (“la economía colombiana”) sea menor, y por lo tanto también sea menor el recaudo.

Finalmente, en relación con el principio de la equidad, necesitamos contar con un código que sea más progresivo, es decir que las personas naturales que reciben más ingresos paguen más (actualmente, muchos contribuyen, pero otros evaden porque sus ingresos provienen de economías informales). Los últimos gobiernos han utilizado el IVA, un tributo regresivo por naturaleza, para aumentar su recaudo de impuestos. En Estados Unidos, donde el impuesto a las ventas es estatal, en ningún estado supera el 10 % como tarifa y en promedio solo gravan un 35 % de los productos y servicios. En Colombia, con la reforma del 2016, el IVA llegó a la tarifa del 19 % y cubre un 53 % de los productos. Por eso no me sorprendió el rechazo casi absoluto de la mayoría de colombianos cuando el gobierno Duque propuso aumentar la base gravable al 80 % de los productos, incluidos los de la canasta familiar. No creo que veamos una reforma estructural pronto (eso es una muy mala noticia), pero la buena es que el debate ha comenzado y tarde que temprano se produciría un cambio de fondo que sea acorde con las nuevas realidades económicas del país.

Columnistas

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