Los comandantes del Eln se llenan la boca hablando de paz mientras sus guerrilleros se dedican a causar graves sufrimientos en la guerra.
El ataque contra la Escuela de Policía en Bogotá fue brutal. Pero el Eln lo justificó diciendo que lo habían hecho en “legítima defensa” y “dentro del derecho a la guerra”. “La paz –dijeron– es el futuro de Colombia”.
Y este no es un caso aislado. Nuestras investigaciones en terreno han demostrado que, durante el proceso de paz, el Eln siguió cometiendo delitos atroces. En el Chocó, por ejemplo, documentamos que la guerrilla reclutó forzadamente a menores, asesinó a civiles e impuso un férreo control sobre numerosas comunidades rurales.
El grupo armado confina, cuando se le da la gana, a cientos de indígenas y afros. Los guerrilleros con frecuencia les prohíben salir de sus pueblos durante ciertas horas o por ciertos períodos, lo cual limita la capacidad de los pobladores de trabajar y alimentar a sus familias. “No podíamos ir a pescar para abajo”, le dijo a Human Rights Watch un docente que se desplazó de una comunidad en el río San Juan. “Y si no les hacemos caso, nos hacen daño”. Se supone que esta opresión ayuda a promover la causa “revolucionaria” ‘elena’.
El Eln también ha continuado con los secuestros. En septiembre, los guerrilleros secuestraron a Mayerli Cortés Rodríguez, una niña de 15 años, a quien acusaban de ser informante del Gobierno. Hace pocos días, el Eln derribó un helicóptero de una empresa privada en el Catatumbo y tomó de rehén a la tripulación. Ellos aún no han sido liberados.
Los comandantes del Eln han sostenido que tienen “derecho” a detener civiles. Para la guerrilla, estas “retenciones”, como las llaman alegremente, no están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario y son una moneda de cambio en las negociaciones de paz.
El Eln también hace alharaca sobre los asesinatos de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos en el país. En diciembre, por ejemplo, la guerrilla publicó un artículo en el cual se quejaba de que se “recrudeció el asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos”, y describía el fenómeno como una “matanza sistemática”.
El asesinato de líderes sociales es, sin duda, un problema grave; una de las situaciones más preocupantes de derechos humanos en Colombia. De hecho, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país documentó al menos 103 casos en 2018, un aumento importante en comparación con los 84 que había reportado el año pasado. Y el universo de casos podría ser aún mayor.
Pero es grotesco que una guerrilla tan brutal pretenda expresar su preocupación al respecto. Además, el Eln no ha sido ajeno a estos crímenes. En efecto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Colombia ha documentado que en numerosos casos, la evidencia apunta al Eln como autor del asesinato de líderes sociales. En octubre de 2017, en pleno cese del fuego, el grupo asesinó a Aulio Isaramá, un líder indígena del Chocó. Intentaron justificar su crimen argumentando que se trató de un error.
El domingo pasado, cientos de colombianos participaron en una manifestación para protestar en contra del ataque a la Escuela de Policía y los asesinatos de líderes sociales. Los comandantes del Eln deberían entender que los colombianos están cansados de su hipocresía. Si quieren llenarse la boca hablando de paz, deberían empezar por dejar de causarles un sufrimiento tan grande a tantos colombianos.
JOSÉ MIGUEL VIVANCO
Director de Human Rights Watch
