Los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional el 12 de diciembre en la Cumbre sobre la Ambición Climática convocada por la ONU, en el marco del quinto aniversario del Acuerdo de París, y la aprobación del documento Conpes ‘Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques’ el 21 de diciembre constituyen noticias positivas para el sector forestal y, en general, para el medioambiente, que deben sin embargo ser puestas en contexto para que se comprenda y valore su real dimensión y proyección.
El Conpes 4021 de 2020 es un documento valioso, fruto de un formidable esfuerzo interinstitucional liderado por el DNP. Pero no se trata, como erróneamente plantearon en su reciente acto de lanzamiento en la ciudad de Leticia el presidente Duque y el director del DNP, del primero entre más de 4.000 documentos Conpes expedidos en seis décadas que hace referencia explícita al control de la deforestación. Ya desde 1996, la Política de Bosques (documento Conpes 2834), por ejemplo, estableció como uno de sus objetivos centrales “reducir la deforestación mediante la armonización y reorientación de las políticas intersectoriales” y entre sus principales líneas de acción, la de “reducir y controlar la deforestación”.
Si bien, según el documento Conpes, “esta política focaliza acciones previstas bajo la ‘Estrategia integral de control de la deforestación y gestión de los bosques’. (EICDGB)”, no se entiende del todo su verdadero impacto potencial, cuando la EICDGB, que es, ni más ni menos, la Estrategia Nacional REDD+ de Colombia, en cuya elaboración se invirtieron ocho años y unos cuantos millones de dólares aportados por la cooperación, ya define y establece acciones integrales también hasta el 2030. Naturalmente, hay diferencias de alcance y de detalle entre uno y otro documento, sobre todo en lo relativo a la “definición de acciones conjuntas con los sectores”, pero ojalá “focalizar” no signifique que se dejarán de hacer actividades importantes en este campo. Lamentablemente, todo parece indicar que así será, y no en poca proporción, ya que mientras para la EICDGB se estimó un costo de 10,3 billones de pesos, para la nueva política se ha estimado un costo de apenas 714.144 millones de pesos. Es notorio que mientras la EICDGB plantea una meta de deforestación bruta cero al 2030, el Conpes 4021 reduce así, sin más, esa aspiración y súbitamente la convierte en meta de deforestación neta a ese mismo año. Obviamente, no es lo mismo. (En la ‘Actualización de la contribución determinada a nivel nacional’ (NDC, por su sigla en inglés) de Colombia, presentada ante la ONU, “la meta enunciada de mitigación contempla una reducción de emisiones por deforestación equivalente a disminuir la tasa de deforestación a 50.000 ha/año en 2030”.)
Aunque la ordenación forestal debiera ser el eje central del otro componente de esta política, el de la “gestión sostenible de los bosques”, el Conpes 4021 no se compromete con ninguna meta en términos de superficie “ordenada” al 2030, a pesar de los ostensibles retrasos del país en este campo. A este respecto, el presidente Duque anunció acciones de Parques Nacionales, pero esta entidad no tiene competencias en esa materia. También anunció su fortalecimiento, mas, curiosamente, no se refirió a la puesta en marcha del Servicio Forestal Nacional, sin el cual no es claro cómo se va a implementar esta política de manera efectiva.
El Conpes cita seductoras definiciones de “gobernanza forestal”, pero en modo alguno menciona espacios de concertación y seguimiento de la política, como la Mesa Forestal Nacional y las Mesas Forestales Departamentales.
Aunque el llamado ‘Régimen de aprovechamiento forestal’ ya cumplió un cuarto de siglo como norma “transitoria” (récord mundial), el Conpes increíblemente establece que se llevará a cabo la actualización normativa forestal ¡entre 2022 y 2029! (otro récord mundial).
José Miguel Orozco Muñoz
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