¿Un duro golpe a la paz?

¿Un duro golpe a la paz?

La actitud de estos jefes guerrilleros es, simplemente, una artimaña para huir de la justicia.

12 de septiembre 2019 , 07:00 p.m.

¿Podría calificarse el regreso a la lucha armada de un grupo de líderes de la antigua guerrilla de las Farc como un duro golpe a la paz? Todo depende del cristal con que se le mire. La decisión tomada por 'Iván Márquez', 'el Paisa', 'Jesús Santrich' y 'Romaña', cuatro exguerrilleros que salieron de las zonas de incorporación ofrecidas por el gobierno mientras avanza la implementación de los acuerdos firmados en La Habana, tiene varias interpretaciones. De un lado, demuestra que los hoy, de nuevo, combatientes no están dispuestos a pagar cárcel por los delitos cometidos después de la firma del acuerdo; y del otro, comprueba que no se resignan a vivir de un salario cuando están acostumbrados a recibir millonadas de dinero por concepto de la extorsión, el secuestro y el narcotráfico.

La primera lectura que se le debe dar a este hecho que llenó de desesperanza a un país polarizado como consecuencia del acuerdo logrado por el presidente Juan Manuel Santos y el rechazo a las posibilidades de alcanzar una paz negociada por parte de quienes siguen insistiendo en la guerra es la de que los exguerrilleros que volvieron al monte tomaron esta decisión no porque el Gobierno haya incumplido lo acordado, sino porque tenían un prontuario delictivo que no les iba a permitir disfrutar de la libertad. En el caso de 'Márquez' y 'Santrich', lo hicieron porque no tenían cómo desvirtuar ante la Justicia Especial para la Paz las pruebas en su contra por el delito de narcotráfico, cometido después de firmados los acuerdos. Es decir, prefirieron regresar al monte antes que ser extraditados a los Estados Unidos.

No es exagerado afirmar que en el caso de 'Romaña' y 'el Paisa' el motivo tiene que ver con lo escrito en el primer párrafo de esta columna. No fueron tenidos en cuenta por el partido Farc cuando conformó la lista de quienes llevarían su representación en el Congreso de la República. Por lo tanto, no podrían disfrutar de un salario de treinta y tres millones de pesos. Debían resignarse a fungir como coordinadores de las zonas de incorporación, con una asignación baja. Acostumbrados a manejar sumas escandalosas de dinero, no iban a aceptar vivir con lo que les entregaba el Gobierno. Renunciar a tener dinero de sobra es algo que no son capaces de hacer. No pueden vivir con tan poco cuando han tenido tanta plata a su disposición. En este caso, la decisión tuvo razones económicas.

Con su regreso al monte, 'Jesús Santrich' se burló de los colombianos. Asumir su curul como representante a la Cámara, prometer que acataría la justicia, hacerse pasar como víctima de una persecución en su contra y después volarse de una zona de incorporación es demostrar que no tenía argumentos para insistir en su inocencia. Si hubiera tenido la conciencia tranquila, si no hubiera estado involucrado en el envío de cocaína, si todo hubiera sido un montaje, como trató de hacerlo creer, no se habría escapado como lo hizo. El argumento de que lo hicieron– él y 'Márquez– por los incumplimientos del Gobierno, se cae por su propio peso. La verdad es que, hasta ahora, el Gobierno ha cumplido con lo acordado. Los que incumplieron fueron ellos al no presentarse ante la JEP.

Los casos de 'Romaña' y 'El Paisa' también tienen relación con el tema de la justicia. Catalogados como los guerrilleros más sanguinarios, responsables del atentado al club El Nogal, del asesinato de los diputados del Valle, de la toma de Mitú y de la masacre de la familia Turbay Cote, sabían que esos crímenes podían llevarlos ante la Corte Penal Internacional no solo por ser considerados de lesa humanidad, sino porque siempre se han negado a comparecer ante el tribunal de la JEP. Es decir, no han aceptado su responsabilidad en estos casos. Y el acuerdo establece que no confesar los delitos es motivo para que los juzgue la justicia ordinaria. Las penas, en estos casos, serían de veinte años con detención intramural. No estaban dispuestos a pasar todo este tiempo privados de la libertad.

Las Fuerzas Armadas deben emprender la persecución de quienes vuelven a empuñar las armas contra el Estado. Están obligadas a actuar con contundencia para impedir que se fortalezcan militarmente. Perseguir a estos delincuentes para evitar que vuelvan las ‘pescas milagrosas’, las tomas de pueblos y el desplazamiento forzado debe ser su prioridad. Quienes han retomado las armas rechazaron las oportunidades de un gobierno que, en contra de las críticas de millones de colombianos, les otorgó diez curules a dedo en el Congreso, aceptó que el narcotráfico fuera considerado conexo al delito político y, además, no los encerró en una cárcel para que paguen por sus crímenes. La actitud de estos jefes guerrilleros no es un golpe a la paz. Es, simplemente, una artimaña para huir de la justicia.

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