Términos vencidos

Términos vencidos

No es chiste: el mejor abogado de los pillos en Colombia se llama ‘vencimiento de términos’.

18 de mayo 2020 , 07:26 p.m.

La escena se repite, y lo peor es que ya no sorprende. Provoca titulares y reacciones airadas en las redes sociales que, si acaso, duran unas cuantas horas. ¿O quién se acuerda a estas alturas de que, casi al mismo tiempo, quedaron en libertad por vencimiento de términos dos corruptazos como el exmagistrado Francisco Ricaurte, del ‘cartel de la toga’, y el expresidente de Saludcoop Carlos Palacino?

Lo mismo ocurrirá con la familia Ambuila, que cayó presa por ‘boletearse’ en Instagram mostrando el producto de sus desfalcos, pero que ya está en la calle gracias al mejor abogado que existe en Colombia: el vencimiento de términos. En un ratico se nos olvidará que esto pasó. Igual que con el rector aquel de una universidad en Barranquilla que también acaba de obtener su libertad por la misma razón.

Esa figura jurídica que se esconde tras el argumento de que estamos en un Estado social de derecho es, en la práctica, una burla para la aplicación efectiva de la justicia. Y no es que yo crea que “la cárcel por la cárcel” es la única manera de castigar a quienes infringen la ley, pero la verdad es que por vencimiento de términos están saliendo libres solo los ladrones perfumados; los que tienen cómo pagar abogados que no son de oficio. Los que saben que dilatar y aplazar paga.

Sí, queridos amigos penalistas. El vencimiento de términos es una institución procesal que, en el papel, nos distingue de regímenes autoritarios y nos hace una sociedad verdaderamente garantista. Pero díganme ustedes, en Colombia, ¿cuántos sindicados pobres, señalados de delitos menores han oído que obtengan su libertad por vencimiento de términos? Si así fuera, las cárceles en Colombia no estarían colapsadas. Por eso digo que eso que luce tan bien en la teoría es en la realidad un privilegio de pocos.

Unas veces, la culpa es de los fiscales o de los jueces y en otras ocasiones simplemente se debe a una congestión de expedientes que supera físicamente a los operadores judiciales, pero en varios casos también se debe a las maniobras dilatorias de algunos abogados que se especializan en esas lides. Como nadie los controla porque no tenemos un consejo disciplinario con todas las letras que ejerza una función de vigilancia frente a los actores litigiosos, hacen lo que quieran y abusan de la nobleza de nuestro Código de Procedimiento Penal.

¿Cómo es posible que el aplazamiento de las audiencias en Colombia no tenga reglas más estrictas? ¿Cómo puede ser que, por esa vía, algunos pillos logren que pasen los días y que, por demoras que era posible evitar, obtengan su libertad y se burlen del sistema judicial?

Como son pocos (los más bandidos, entre otras cosas) los que están aprovechándose de esas vulnerabilidades del sistema, es precisamente frente a esos casos sensibles y de alto impacto en la opinión pública frente a los que debería haber normas específicas para evitar que esto siga pasando. El Fiscal General ha hablado de que en esos procesos emblemáticos no puedan aplazarse las audiencias y que tanto fiscales como jueces y abogados tengan siempre sustitutos que los reemplacen para que esas diligencias se hagan sin la posibilidad de presentar excusas chimbas que las muevan en el calendario.


Tal vez se necesite un ajuste legal en esa dirección, pero lo que, sin duda, nos hace falta es tener un órgano disciplinario actuando frente a los que se aprovechan impunemente de esos aplazamientos o frente a los que, en épocas de suspensión de términos como ahora en plena pandemia, siguen concediendo alegremente libertades a quienes no se las merecen. ¡Que alguien ronde a este puñado de fiscales, jueces y abogados para que todos los demás cojan alguito de escarmiento!


José Manuel Acevedo M.

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